(Kiev, 16 de agosto de 2022) – Las fuerzas rusas han asaltado Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con repetidos ataques ilegales que han matado y herido a civiles y han causado daños en instalaciones sanitarias y viviendas, señaló hoy Human Rights Watch. Todos los ataques documentados por Human Rights Watch se llevaron a cabo en zonas residenciales de manera indiscriminada, incluido el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance y de municiones de racimo ampliamente prohibidas, en aparente violación del derecho internacional humanitario o de las leyes de la guerra.
Durante sus recientes visitas a Járkov y a la ciudad vecina de Derhachi, Human Rights Watch documentó ocho incidentes ilegales de ataques que mataron a 12 civiles, hirieron a otros 26 y dañaron al menos 5 edificios de hospitales, solo una fracción de los ataques denunciados en la región de Járkov desde que comenzó la invasión a gran escala por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022. Según pudo determinar Human Rights Watch, las fuerzas rusas no tomaron las precauciones exigidas por las leyes de la guerra para minimizar los daños a los civiles en ninguno de los ataques documentados, tres de ellos con municiones de racimo.
“Las fuerzas rusas han bombardeado Járkov y sus alrededores, atacando barrios residenciales densamente poblados con armas indiscriminadas”, dijo Belkis Wille, investigadora principal sobre crisis y conflictos de Human Rights Watch. “En los casos que documentamos, las fuerzas rusas mostraron aparentemente poca consideración por las vidas de los civiles y las leyes de la guerra”.
Según el fiscal adjunto de la región de Járkov, Andrii Kravchenko, al menos 1.019 civiles, entre ellos 52 niños, perdieron la vida y otros 1.947 resultaron heridos, entre ellos 152 niños, durante cientos de ataques de las fuerzas rusas en la región de Járkov desde finales de febrero.
Entre el 24 de mayo y el 28 de junio, los investigadores de Human Rights Watch inspeccionaron los lugares donde se produjeron ocho de estos casos, tres de ellos en Járkov y cinco en Derhachi, y entrevistaron a 28 personas, entre ellas 22 testigos de los ocho incidentes, trabajadores de hospitales, representantes del Servicio Estatal de Emergencias y fiscales locales. Algunas personas pidieron no revelar sus apellidos o sus nombres completos por razones de seguridad.
Dos voluntarios resultaron heridos cuando un cohete de munición de racimo impactó contra el tejado de un centro cultural en Derhachi, el 12 de mayo, donde los trabajadores estaban preparando comida y otras ayudas para los residentes locales. Aproximadamente a la misma hora, submuniciones —posiblemente del mismo cohete— cayeron en el jardín de una pareja que vivía a un kilómetro de distancia, matando a ambos. El 23 de mayo, un ataque con munición de racimo alcanzó una clínica de servicios ambulatorios para mujeres en un hospital de maternidad en la ciudad de Járkov, hiriendo a un hombre en una parada de autobús fuera del edificio de la clínica y dañando la fachada, las ventanas y la farmacia del edificio.
El 26 de mayo, un hombre de 63 años que daba un paseo murió cuando una munición cayó en el parque 23 de agosto de Járkov. A un kilómetro de distancia, una mujer que acababa de empezar un nuevo trabajo en una peluquería dijo que su marido, que había venido a recogerla, y su hijo de 4 meses murieron cuando una munición cayó justo delante de la peluquería. La mujer y una compañera de trabajo resultaron heridas y un cliente también murió.
Ucrania despliega fuerzas militares dentro de la ciudad de Járkov, pero en siete de los incidentes de ataques, Human Rights Watch no encontró ningún objetivo militar evidente —como fuerzas armadas, armas o bases u otras posiciones— en las proximidades del ataque. En uno de los ataques que dañó un hospital, puede que hubiera una pequeña presencia militar ucraniana en las inmediaciones, pero las protecciones especiales proporcionadas a las instalaciones médicas en virtud de las leyes de la guerra establecen que este ataque seguiría siendo ilegal.
Todos los incidentes de ataques documentados constituyeron una aparente violación de las leyes de la guerra. Las fuerzas rusas parecen haber utilizado municiones de forma indiscriminada, incluso en tres ataques con municiones de racimo y otros tres con armas explosivas en zonas pobladas. Cinco ataques dañaron hospitales, dos de ellos con municiones de racimo. Los ataques fueron ilegalmente indiscriminados porque no estaban dirigidos a un objetivo militar específico o no podían distinguir entre civiles u objetos civiles y objetivos militares.
Desde febrero de 2022, las fuerzas rusas han utilizado repetidamente municiones de racimo, que son intrínsecamente indiscriminadas, en ataques en todo el país que han matado a cientos de civiles y han dañado viviendas, hospitales y escuelas. Las fuerzas ucranianas han utilizado municiones de racimo en al menos dos ocasiones conocidas desde que comenzó la invasión a gran escala. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre Municiones de Racimo de 2008 debido a su efecto indiscriminado generalizado y a su peligro duradero para los civiles. Las municiones de racimo suelen abrirse en el aire y envían docenas, incluso cientos, de pequeñas bombetas sobre un área del tamaño de un campo de fútbol. Muchas de estas submuniciones no explotan en el momento del impacto inicial, dejando restos que actúan como minas terrestres.
Un representante del Servicio Estatal de Emergencias de Járkov dijo que entre el 24 de febrero y el 7 de mayo, el servicio había recogido 2.700 submuniciones sin detonar en la ciudad y sus alrededores.
Los ataques rusos en Járkov demuestran el impacto devastador que tiene sobre la población civil y las estructuras civiles el uso de armas explosivas con efectos de gran alcance por parte de las fuerzas armadas en zonas residenciales, incluidas las municiones de racimo, y la mayor probabilidad de que se produzcan ataques ilegales indiscriminados y desproporcionados. Las armas explosivas pueden tener un amplio radio de destrucción, son intrínsecamente imprecisas y pueden lanzar múltiples municiones al mismo tiempo. Los efectos a largo plazo de su uso en zonas pobladas incluyen el daño a infraestructuras fundamentales, la interferencia con servicios como la asistencia sanitaria y la educación, y el desplazamiento de la población local.
En un informe de finales de junio, la organización de ayuda humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), que atiende a heridos de guerra en toda Ucrania, concluyó que los combates “se llevan a cabo con una escandalosa falta de cuidado al momento de distinguir y proteger a los civiles”. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que de las 5.514 muertes de civiles y las 7.698 personas heridas que registró en Ucrania entre el 24 de febrero y el 14 de agosto —lo que probablemente es un recuento muy inferior al real—, la mayoría fueron causadas por armas explosivas con efectos de gran alcance, como bombardeos de artillería pesada y lanzacohetes de varios cañones, misiles y ataques aéreos.
Rusia y Ucrania deberían adherirse a la convención internacional que prohíbe las municiones de racimo y evitar el uso de armas explosivas con efectos de área amplia en zonas pobladas, señaló Human Rights Watch. Todos los países deberían estar de acuerdo con la propuesta de declaración para frenar las armas explosivas y tomar medidas para aplicarla de forma efectiva con el fin de evitar daños a los civiles.
Las violaciones graves de las leyes de la guerra, incluidos los ataques indiscriminados y desproporcionados, cometidos con intención criminal —es decir, deliberadamente o por imprudencia— constituyen crímenes de guerra. Las personas también pueden ser consideradas penalmente responsables de la tentativa de cometer un crimen de guerra, así como de la asistencia, facilitación, ayuda o instigación de un crimen de guerra. Los comandantes y los dirigentes civiles pueden ser procesados por crímenes de guerra en concepto de responsabilidad de mando cuando sabían o deberían haber sabido de la comisión de crímenes de guerra y no tomaron medidas suficientes para impedirlos o castigar a los responsables.
“Los residentes de Járkov llevan meses viviendo con el temor de un próximo ataque, ya que su ciudad ha soportado una de las peores devastaciones y muertes en medio de los ataques rusos generalizados”, dijo Wille. “Los fiscales nacionales e internacionales que investigan los crímenes de guerra en Ucrania deben actuar para garantizar que los responsables de los ataques ilegales en Járkov rinden cuentas”.
