(Nueva York) – Las personas transgénero corren un riesgo importante de sufrir violencia y acoso en Estados Unidos, según ha señalado Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 65 páginas, “‘I Just Try to Make It Home Safe’: Violence and the Human Rights of Transgender People in the United States,” (“‘Solo intento llegar a casa sana y salva’: La violencia y los derechos humanos de las personas transgénero en Estados Unidos”), documenta cómo la persistente marginación pone a las personas transgénero, en particular a las mujeres transgénero negras, en mayor riesgo de sufrir violencia a manos de extraños, parejas, familiares y fuerzas del orden.
“Cada año, activistas de derechos humanos documentan decenas de casos de violencia mortal contra las personas transgénero”, dijo Ryan Thoreson, investigador de derechos de las personas LGBT en Human Rights Watch. “Y estos asesinatos son sintomáticos de un patrón más amplio de agresiones físicas y sexuales, acoso verbal e intimidación de las personas transgénero que exige atención urgente”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 60 personas transgénero, proveedores de servicios y defensores, además de revisar los datos disponibles sobre discriminación y violencia antitransgénero en Estados Unidos. Las entrevistas se realizaron principalmente en Florida, Ohio y Texas, donde se han documentado en los últimos años decenas de casos de violencia mortal contra personas transgénero.
Aunque el gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para abordar la discriminación antitransgénero, las personas transgénero siguen enfrentándose a una hostilidad generalizada en muchas partes de Estados Unidos. En 2021, los legisladores introdujeron un número récord de proyectos de ley antitransgénero en las legislaturas estatales, tratando de restringir su acceso a la atención sanitaria, los baños, los deportes y el ocio. Las personas entrevistadas dijeron que estas acciones aumentan aún más sus preocupaciones por su seguridad en los espacios públicos.
Solo 21 estados prohíben expresamente la discriminación por identidad de género en el empleo, la vivienda y los alojamientos públicos en virtud de la legislación estatal, lo que hace que las personas transgénero sean especialmente vulnerables a los malos tratos en muchas partes del país.
Debido al rechazo familiar y a la discriminación en la educación y el empleo, muchas personas transgénero tienen opciones laborales limitadas y trabajan en economías informales como el trabajo sexual. Cuando este trabajo está penalizado, las personas que se dedican al trabajo sexual corren un riesgo especial de ser agredidas o asesinadas por sus clientes y afirman ser reacias a pedir ayuda a las fuerzas del orden por miedo a ser acosadas o procesadas.
Los datos sugieren que las personas transgénero se enfrentan a altos índices de pobreza e inseguridad en la vivienda, lo que limita su capacidad para abandonar situaciones en las que están expuestas a la violencia. Las barreras a las que se enfrentan las personas transgénero para obtener atención médica y documentos de identificación que afirmen su género también pueden aumentar su riesgo de violencia, ya que aumentan la probabilidad de que otras personas las perciban como transgénero y se dirijan a ellas para acosarlas en espacios públicos, descubrió Human Rights Watch.
Mientras que algunas de las personas entrevistadas describieron agresiones físicas y sexuales por parte de extraños en entornos públicos, otras describieron violencia a manos de sus parejas, miembros de la familia o personal de las fuerzas del orden.
Cuando las personas transgénero fueron víctimas de violencia, ya fuera en público o en privado, muchas sintieron que no tenían acceso a los servicios diseñados para proteger a las personas del daño. La discriminación por parte del personal y los residentes de los refugios para personas sin hogar, los proveedores de servicios contra la violencia doméstica y el personal encargado de hacer cumplir la ley dejó a algunas personas transgénero sin alternativas ni recursos básicos para mantenerse a salvo.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de responder a las amenazas previsibles contra la vida y la integridad corporal, y de hacer frente a las pautas de violencia dirigidas a los grupos marginados. Los legisladores a nivel federal, estatal y local deben trabajar para hacer frente a las condiciones socioeconómicas que ponen a las personas transgénero en riesgo de violencia y proporcionar financiación y apoyo para garantizar que todas las personas supervivientes de la violencia puedan acceder a los recursos que necesitan.
“Limitarse a condenar la violencia después de producirse es muy poco y muy tarde”, dijo Thoreson. “Si los legisladores se toman en serio la idea de poner fin a la violencia antitransgénero, tienen que abordar la pobreza y la discriminación que ponen en peligro a tantas personas transgénero”.
