(Nueva York) – Los principales patrocinadores corporativos del Comité Olímpico Internacional deben explicar públicamente cómo están usando su posición de influencia para abordar las violaciones de derechos humanos en China en el período previo a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrocinadores también deben ejercer presión sobre el Comité Olímpico Internacional (COI) para que adopte una política de derechos humanos orientada a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por cualquier impacto adverso para los derechos humanos que tenga lugar en todas las operaciones y todos los eventos olímpicos, incluidos los Juegos de Invierno de Pekín 2022.
El gobierno chino ha cometido crímenes de lesa humanidad contra comunidades de uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang, ha intensificado la represión en Hong Kong, ha endurecido el control sobre los medios de comunicación e implementa una vigilancia masiva.
“Faltan solo tres meses para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, pero las empresas patrocinadoras siguen guardando silencio respecto de cómo usan su influencia para abordar la estremecedora situación de los derechos humanos en China”, señaló Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch. “Están desaprovechando la oportunidad de mostrar su compromiso con los estándares de derechos humanos y, a su vez, se exponen al riesgo de quedar asociados a unos juegos olímpicos marcados por la censura y la represión”.
Los patrocinadores de categoría TOP (los socios olímpicos [The Olympic Partner]) pagan, en su conjunto, miles de millones de dólares para asociarse con la marca de los cinco anillos olímpicos, y son una fuente significativa de ingresos para el COI. Human Rights Watch envió comunicaciones escritas a las empresas en mayo de 2021, y a Allianz en octubre de 2021, para preguntarles de qué manera están gestionando los riesgos de derechos humanos que conlleva su relación con los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, pero recibió únicamente una respuesta de Allianz, en la cual se señalaba: “Apoyamos al Movimiento Olímpico y no cederemos en nuestro apoyo permanente a sus ideales”. Human Rights Watch también escribió a NBC, la empresa de medios estadounidense cuyos ingresos por licencias constituyen aproximadamente el 40 % del total de ingresos del COI. NBC no respondió.
Según se indica en el sitio web del COI, los patrocinadores TOP incluyen a Intel, Omega, Panasonic, Samsung, P&G, Toyota, Visa, Airbnb, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Allianz y Alibaba. Muchos de los patrocinadores olímpicos han establecido políticas que los comprometen a trabajar dentro de un marco de derechos humanos, y a informar de qué manera identifican y abordan los riesgos para estos derechos. El Business & Human Rights Resource Centre informa que Alibaba no tiene política sobre derechos humanos.
En respuesta a preguntas del medio Bloomberg sobre la participación en los Juegos Olímpicos de 2022, Omega señaló: “Como marca global, ciertamente estamos al tanto de las tensiones internacionales y realizamos un atento seguimiento... Creemos en verdad que los Juegos Olímpicos ofrecen la oportunidad ideal para encontrarnos en un espacio común, con un espíritu de unidad”. Airbnb manifestó a Bloomberg: “Consideramos que China es un elemento importante de nuestra misión de conectar a personas de todo el mundo y de diferentes procedencias; ahora más que nunca”.
Los Principios de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en 2011 y ampliamente avalados por las empresas —incluidos todos los patrocinadores olímpicos menos uno—, crean para ellas la responsabilidad de abordar los impactos negativos en materia de derechos humanos directamente vinculados con sus operaciones, productos o servicios a través de una relación comercial.
El incumplimiento de las autoridades chinas con los compromisos vinculados con derechos que se asumieron para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2008, sumado a la represión cada vez mayor ejercida desde aquel momento, dejan en claro que no puede esperarse que el gobierno respete los derechos humanos en relación con los Juegos de Invierno de 2022. Toda protesta o discurso que manifieste una postura crítica del gobierno, sea por parte de ciudadanos chinos o de atletas visitantes, puede entrañar el riesgo de que se imponga censura o se tomen represalias. La negativa del gobierno chino a compartir información crítica sobre la situación de la salud pública o los peligros ambientales constituye una amenaza grave. Legisladores de Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido han impulsado boicots diplomáticos, y en algunos casos boicots totales, de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, o han instado a que se cambie la sede olímpica a otro país.
En diciembre de 2020, el COI publicó una Estrategia de Derechos Humanos que alinearía al Movimiento Olímpico en su totalidad con los Principios Rectores de la ONU. El COI ha señalado, no obstante, que la estrategia no se implementará hasta después de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.
Human Rights Watch envió una nota al Comité Olímpico Internacional en diciembre de 2020 para preguntar qué procedimientos de debida diligencia de derechos humanos había implementado el organizador olímpico en relación con los preparativos para los Juegos de Pekín 2022, y pedirle que explicara las medidas adoptadas para abordar los riesgos de derechos humanos vinculados con los Juegos. Human Rights Watch se reunió, en enero de 2021, con personal del COI, incluido Juan Antonio Samaranch (h.), presidente de la Comisión Coordinadora del COI para Pekín, con la intención de analizar cuestiones de derechos humanos relacionadas con los juegos. En esa oportunidad, instó al COI a adoptar una política de derechos humanos y a reconocer que el gobierno chino está violando compromisos de derechos humanos asumidos para ser sede de los Juegos Olímpicos.
Human Rights Watch pide a todos los patrocinadores de los Juegos Olímpicos a tomar seis medidas específicas acordes a sus responsabilidades respecto de los derechos humanos conforme a los Principios Rectores de la ONU:
- Manifestar públicamente el apoyo a que el COI adopte los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos en la próxima reunión de la Junta Ejecutiva;
- Ejercer presión sobre el COI para que desarrolle y apruebe una política de derechos humanos e incorpore estos derechos en los “principios fundamentales” de la Carta Olímpica;
- Certificar públicamente que las operaciones en China no entrañan abusos laborales ni otras violaciones de derechos;
- Exhortar a las autoridades chinas a que cumplan con los compromisos de derechos humanos asumidos cuando el país resultó elegido como sede de los juegos, en particular en lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación;
- Pedir por la liberación de los defensores de derechos humanos que se encuentran detenidos, incluidos Ilham Tohti, Gao Zhisheng, Zhang Zhan y Lobsang Choephel; y
- Apoyar una investigación independiente, en el marco de las Naciones Unidas, sobre los crímenes de lesa humanidad y otros abusos cometidos en Xinjiang por China.
“Las empresas que patrocinan los juegos olímpicos no han realizado acciones evidentes para presionar al COI con el fin de que reconozca derechos humanos que, en la actualidad, son la norma en el mundo de los negocios”, señaló Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch. “A medida que nos acercamos a la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos de Pekín el 4 de febrero, los patrocinadores TOP deberían instar públicamente al sistema olímpico al cual realizan aportes económicos a que defienda los derechos humanos, y a que ponga fin a los abusos extendidos que se producen en China”.
