(Beirut) – En los últimos años, la policía del Ministerio del Interior y los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto han matado aparentemente a decenas de presuntos “terroristas” en todo el país en ejecuciones extrajudiciales ilegales que, según ellos, son “tiroteos”, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 101 páginas titulado “‘Security Forces Dealt with Them’: Suspicious Killings and Extrajudicial Executions by Egyptian Security Forces” (“‘Las fuerzas de seguridad se ocuparon de ellos’: asesinatos sospechosos y ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad egipcias”) concluyó que los presuntos militantes armados muertos en los denominados tiroteos no suponían un peligro inminente para las fuerzas de seguridad u otras personas cuando fueron abatidos y, en muchos casos, ya estaban bajo custodia. Los aliados internacionales de Egipto deben cesar las transferencias de armas a este país e imponer sanciones a los organismos y funcionarios de seguridad responsables de los persistentes abusos.
“Las fuerzas de seguridad egipcias han llevado a cabo durante años ejecuciones extrajudiciales, alegando que los hombres habían muerto en tiroteos”, señaló Joe Stork, subdirector de Medio Oriente de Human Rights Watch. “Ya es hora de que los países que proporcionan armas y asistencia en materia de seguridad a Egipto pongan fin a dicha asistencia y se distancien de los atroces abusos de Egipto”.
Human Rights Watch descubrió que el Ministerio del Interior anunció la muerte de al menos 755 personas en 143 presuntos tiroteos entre enero de 2015 y diciembre de 2020, con un solo sospechoso detenido. Las declaraciones del ministerio identificaron solo a 141 de los muertos y utilizaron un lenguaje de plantilla muy ambiguo con muy pocos detalles específicos.
Casi todas las declaraciones afirmaban que los presuntos militantes abrieron fuego primero, obligando a las fuerzas de seguridad a responder al fuego. Las autoridades alegaron que todos los muertos eran buscados por “terrorismo” y que la mayoría pertenecían a los Hermanos Musulmanes. El grupo se ha enfrentado a la represión más dura en la represión de la disidencia en todo el país desde el golpe militar de julio de 2013 dirigido por el ahora presidente Abdel Fattah al-Sisi.
Human Rights Watch examinó en profundidad los casos de 14 personas que se encontraban entre los 75 hombres asesinados en nueve de esos incidentes en el territorio continental de Egipto (Human Rights Watch documentó previamente varias ejecuciones extrajudiciales en el norte del Sinaí). No se detuvo a ningún sospechoso en los nueve incidentes y no hubo víctimas entre las fuerzas de seguridad. Human Rights Watch entrevistó a 13 familiares y conocidos de los hombres, así como a varios abogados y activistas de derechos humanos egipcios y a un periodista que documentó las ejecuciones extrajudiciales.
Familiares y conocidos de los 14 hombres dijeron que las víctimas fueron detenidas, muy probablemente por la Agencia de Seguridad Nacional, y que estaban bajo custodia antes de que se informara de su muerte. Ocho de las familias dijeron que ellos, amigos o conocidos fueron testigos de su detención. Trece dijeron que sus familiares habían sido desaparecidos por la fuerza y que habían preguntado oficialmente por su paradero antes de su asesinato. Los miembros de ocho familias dijeron que observaron lo que creían que eran signos de abuso en los cuerpos de sus familiares asesinados, incluyendo quemaduras, cortes, huesos rotos o dientes dislocados.
Siempre que fue posible, Human Rights Watch revisó copias de documentos oficiales, como certificados de defunción y telegramas que las familias habían enviado a las autoridades.
Las familias suelen enterarse de la muerte de su familiar a través de los medios de comunicación. Todas menos una dijeron que tuvieron que buscar activamente información sobre la muerte y la ubicación del cuerpo. La familia de un hombre no pudo recoger su cuerpo hasta dos meses después, y las familias de otros dos asesinados en diciembre de 2018 aún no han podido recuperar sus cuerpos.
Todas las familias afirmaron que los agentes de seguridad nacional les intimidaron y acosaron cuando intentaron localizar el cadáver y siete dijeron que las fuerzas de seguridad les obligaron a enterrar a sus familiares sin ningún tipo de funeral o servicio.
Solo una familia dijo que su pariente asesinado probablemente había estado involucrado en actividades armadas. Las demás dijeron que sus familiares no habían participado en actos de violencia y, en algunos casos, no habían participado ni siquiera en ninguna actividad política.
Human Rights Watch revisó y contrató un análisis forense independiente de fotografías y vídeos no oficiales que mostraban los cuerpos de cinco de los asesinados y de decenas de fotografías que el Ministerio del Interior publicó en dos de los supuestos tiroteos. En tres casos, el análisis es inconsistente con la narrativa del tiroteo. Las fotografías muestran que las manos de los tres cadáveres parecen haber sido inmovilizadas o esposadas a la espalda inmediatamente antes de morir.
En un incidente, un periódico progubernamental había informado de la detención de un estudiante de 19 años y su posterior interrogatorio más de una semana antes de que el Ministerio del Interior afirmara que sus fuerzas lo habían matado en un “tiroteo”.
Human Rights Watch envió dos cartas a las autoridades, en abril y mayo de 2021, con preguntas detalladas sobre los supuestos tiroteos, pero no recibió respuesta.
Casi todas las declaraciones del Ministerio del Interior sobre los tiroteos mencionaban que “la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado [SSSP] está investigando el incidente”, sin más explicaciones, refiriéndose a un departamento abusivo de la fiscalía que respalda en gran medida acusaciones, a menudo sin fundamento, de las autoridades de seguridad.
Human Rights Watch no encontró constancia de que las autoridades hayan abierto ninguna investigación seria o significativa sobre ninguno de los incidentes, y no se ha citado a ningún familiar para que aporte su versión. El fiscal general Hamada al-Sawy debería retirar a la SSSP de la supervisión de las investigaciones relacionadas con la conducta y los abusos de las fuerzas de seguridad, señaló Human Rights Watch.
No es posible llegar a conclusiones definitivas sobre los cientos de asesinatos en las decenas de otros supuestos tiroteos, dado que el Ministerio del Interior rara vez proporciona incluso la información más rudimentaria, como los nombres de los muertos. Pero las conclusiones extraídas de los incidentes documentados demuestran un claro patrón de asesinatos ilegales y arrojan serias dudas sobre casi todos los “tiroteos” denunciados, dijo Human Rights Watch.
Estos asesinatos proliferaron después de que el presidente al-Sisi dijera en junio de 2015 que los tribunales y las leyes normales no eran suficientes para hacer frente a los grupos violentos, y pidiera una “justicia rápida”. Su declaración se produjo tras el asesinato del entonces fiscal general Hisham Barakat a manos de militantes armados, que el gobierno vinculó a los Hermanos Musulmanes.
El derecho a la vida es un derecho humano inherente que no puede verse comprometido, ni siquiera en tiempos de conflicto armado o de estado de excepción. Las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias están claramente prohibidas por el derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de la que Egipto es Estado parte.
El Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias dice que el deber de investigar se “activa” no solo en un caso claro de muerte ilegal, sino también cuando hay “conclusiones razonables de una muerte potencialmente ilícita”, incluso sin una denuncia formal. Los familiares también deben tener derecho a una información completa sobre las circunstancias y causas de las muertes y a participar en la investigación.
Dado el nivel y el alcance de los abusos cometidos por el Ministerio del Interior y las fuerzas militares de Egipto, documentados en este informe y en otros anteriores, incluso en el norte del Sinaí, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y otros socios internacionales de Egipto deben imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, contra los funcionarios y las entidades egipcias más responsables de las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, así como contra los responsables de la persistente impunidad por estos abusos.
Estos países también deben bloquear toda la ayuda militar y de seguridad y las transferencias de armas al gobierno egipcio y condicionar su reanudación al fin de las graves violaciones de derechos humanos y a la rendición de cuentas de los responsables. También deben, cuando sea posible, investigar a los funcionarios egipcios responsables de graves abusos en virtud de los principios de jurisdicción universal.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe establecer un mecanismo internacional independiente para vigilar la situación de los derechos humanos en Egipto e informar sobre ella, así como para investigar las violaciones graves de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
“Los organismos de seguridad egipcios llevan a cabo y ocultan habitualmente graves abusos con total impunidad”, afirmó Stork. “La creación de un mecanismo independiente de la ONU para supervisar la situación de los derechos humanos en Egipto e informar sobre ella es de suma importancia para elevar el costo de los flagrantes abusos de las autoridades”.
