(Washington D.C.) – El respeto de los derechos humanos debería ser el criterio que oriente el uso de los miles de millones de dólares que destinarán las instituciones de financiamiento para el desarrollo a abordar la crisis económica y de salud relacionada con la Covid-19, señaló hoy la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.
La Coalición, integrada por 98 movimientos sociales, organizaciones de base y organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del mundo, ha detectado que la pandemia está teniendo un fuerte impacto en comunidades vulnerables afectadas por proyectos de desarrollo y está exacerbando aspectos relativos a desigualdad, violencia, militarización y vigilancia.
La Coalición ha realizado un seguimiento de los compromisos de desembolso por aproximadamente USD 90.000 millones que asumieron todos los principales bancos multilaterales de desarrollo en respuesta a la emergencia. Es probable que también se asignen recursos adicionales para la recuperación económica, y el Grupo del Banco Mundial ha manifestado que está preparado para proporcionar USD 160.000 millones en los próximos 15 meses. Sin embargo, a medida que se desembolsan estos fondos, también han empezado a trascender casos de gestión indebida y derroche.
“Cada dólar procedente de una institución de financiamiento para el desarrollo podría significar una ayuda muy concreta para una familia en situación de desempleo, hambre o desalojo, pero para eso el dinero tiene que llegarles”, expresó Komala Ramachandra, investigadora sénior de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch, en Washington D.C. “Ahora más que nunca, los bancos de desarrollo deberían orientar y supervisar a los gobiernos y actores privados que son sus clientes, para cerciorarse de que el dinero de esas instituciones consiga el efecto buscado”.
En una declaración publicada hoy, la Coalición expresó que las instituciones de financiamiento para el desarrollo deben cerciorarse de que sus fondos —en la pandemia y con posterioridad— lleguen a las personas más vulnerables y faciliten el acceso universal e igualitario a servicios esenciales como atención de la salud, vivienda, agua, saneamiento, educación y medios de vida sostenibles. Como parte de esto, debe evitarse el financiamiento de proyectos que sean nocivos para el medioambiente, generen desplazamientos de personas o pongan en riesgo la seguridad alimentaria.
La Coalición también señaló que las instituciones deberían incluir protecciones contra la corrupción y asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la consulta genuina a las comunidades afectadas.
“Los actores que proveen financiamiento para el desarrollo deben garantizar que sus beneficiarios (sean gobiernos o empresas) cuenten con protocolos para prevenir, monitorear y abordar violaciones de derechos humanos y para mitigar las consecuencias de la Covid-19 en los pueblos indígenas”, señaló Aída Gamboa, coordinadora del Programa de Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en Perú.
Las medidas para contener la Covid-19 han generado nuevos riesgos y desafíos para quienes cuestionan las actividades de desarrollo nocivas y luchan para reivindicar sus derechos. Es así que la Coalición también instó a los actores que brindan financiamiento para el desarrollo a que contribuyan en la protección de la sociedad civil y garanticen la seguridad frente a las represalias.
“Los ambientalistas y defensores de los derechos a la tierra enfrentan riesgos y amenazas crecientes durante este confinamiento por la pandemia de Covid-19”, expresó Jaybee Garganera, coordinador nacional de Alyansa Tigil Mina (ATM) en Filipinas. “Al estar confinados a nuestras viviendas, no podemos responder a las acciones destructivas de los proyectos de minería, tala y represas, ni tampoco a otras actividades de desarrollo agresivas. Mientras tanto, para las empresas extractivas las cosas siguen como siempre: se permite a las operaciones mineras continuar funcionando”.
La Coalición alertó que preocupa particularmente que fondos inicialmente destinados a otros usos ahora tengan un destino diferente, a menudo sin transparencia.
“Aun en las mejores circunstancias, las comunidades tienen inmensas dificultades para acceder a información y participar en proyectos que las afectan”, dijo Elias Jika, coordinador del Programa de África de International Accountability Project, con sede en Malaui. “Los bancos de desarrollo deben atenerse a los estándares internacionales más rigurosos para que se respete el derecho de las comunidades a la información, divulgando de manera proactiva todos los fondos que se están usando para la respuesta a la Covid-19 y asegurando que la información sobre proyectos resulte accesible en lenguas locales”.
La Coalición manifestó que las instituciones de financiamiento al desarrollo deben controlar que sus fondos no agudicen los problemas de desigualdad al crear privatizaciones o alianzas público-privadas, y que los recursos que llegan al sector privado se usen para respaldar los derechos de los trabajadores. La Coalición también instó a los bancos de desarrollo a cancelar el pago de deudas a los países tomadores de empréstitos, al menos hasta fines de 2020, y a usar su influencia colectiva para instar a los actores privados a extender la reducción de la deuda.
