Pequeños grupos de manifestantes reunidos en el centro del Cairo gritan consignas en contra del gobierno en la capital egipcia, el 21 de septiembre de 2019. 

© 2019 Reuters/Mohamed Abd El Ghany
 

(Beirut) – Durante 2019, activistas y ciudadanos comunes y corrientes egipcios demostraron su oposición a la brutal represión gubernamental, dijo Human Rights Watch hoy en su Informe Mundial 2020.

Las protestas callejeras en septiembre desafiaron la prohibición casi absoluta de la libertad de reunión. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas independientes continuaron trabajando a pesar de las detenciones y los enjuiciamientos de detractores pacíficos, al mismo tiempo que las autoridades igualaron todas las formas de oposición y crítica con el terrorismo.

“El presidente al-Sisi reforzó su control del poder durante 2019, pero el año también estuvo marcado por valientes actos de resistencia por parte de los egipcios que aspiran a la libertad y el Estado de derecho”, dijo Joe Stork, subdirector de Medio Oriente y África del Norte para Human Rights Watch.

En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.

El gobierno orquestó la aprobación de enmiendas constitucionales que afianzan la represión en un referendo injusto en abril. Las enmiendas, que permiten que el presidente Abdel Fattah al-Sisi continúe en el poder hasta 2030, socavan aún más la independencia del poder judicial y aumentan el poder de la fuerza militar para intervenir en la política y la esfera pública.

Después de que estallaran las manifestaciones en septiembre, las autoridades detuvieron a más de 4.400 personas en una de las campañas de arrestos más grandes desde 2013. Estas detenciones incluyeron a manifestantes, profesores universitarios, políticos, abogados y transeúntes. Las protestas estallaron en respuesta a videos sobre la corrupción del ejército y el gobierno que se volvieron virales. A principios de verano, las autoridades arrestaron a decenas de personas, incluidas figuras seculares e izquierdistas, y las acusaron de unirse a un grupo “terrorista” en el caso de “Hope Coalition” por planificar una nueva coalición política.

La policía y la Agencia de Seguridad Nacional ejecutaron rutinariamente desapariciones forzadas y torturas, mientras que el gobierno retuvo a decenas de miles de prisioneros en condiciones deplorables y quienes habían sido arrestados por motivos aparentemente políticos. En octubre, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas concluyeron que las condiciones penitenciarias deliberadamente severas y la atención médica inadecuada “podrían haber llevado directamente” a la muerte del ex presidente Mohamed Morsy en junio.

Los abusos graves a los derechos, incluidos los crímenes de guerra, persistieron en el norte del Sinaí predominantemente por parte del ejército, pero también por militantes afiliados al ISIS. El ejército demolió miles de casas y edificios y desalojó por la fuerza a los residentes. Aproximadamente 100.000 personas, o una quinta parte de la población del norte de Sinaí, ha sido desplazada por desalojos forzosos o la guerra desde 2014.

Solo en febrero, las autoridades ejecutaron a 15 prisioneros tras procesos ilegítimos en casos de naturaleza política. Los tribunales de apelación militares y civiles confirmaron al menos 32 condenas de muerte en 2019, elevando el número de condenados a muerte a 74, la mayoría acusados ​​de violencia política.

En agosto, Al-Sisi aprobó una nueva ley de organizaciones no gubernamentales con el objetivo de imponer severas restricciones a su trabajo. Egipto sigue siendo uno de los peores encarceladores de periodistas del mundo, con aproximadamente 30 periodistas entre rejas, la mayoría sin juicio. Las autoridades han bloqueado alrededor de 600 sitios web de noticias, políticos y de derechos humanos, incluido el de Human Rights Watch. En noviembre, las autoridades irrumpieron en la oficina de Mada Masr, una de las últimas fuentes de noticias independientes en el país, y detuvieron a miembros del personal.

Durante el Examen Periódico Universal de Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, decenas de países de diversas regiones criticaron los abusos cometidos en Egipto.

“Estados Unidos continuó brindando una amplia ayuda militar a Egipto, mientras que rara vez criticó públicamente su historial de derechos humanos. Según informes, el presidente Donald Trump elogió a al-Sisi y lo describió como su “dictador favorito” durante las reuniones de agosto, dijo Stork.