(Washington D.C.) – Una reglamentación definitiva del gobierno de Trump anunciada el 17 de septiembre de 2019 para elevar las velocidades de las líneas de matanza en las plantas de procesamiento de porcinos de Estados Unidos podría exponer a los trabajadores a un peligro significativo de sufrir lesiones graves, señaló hoy Human Rights Watch.

La norma “Modernización de inspecciones de la matanza de ganado porcino” promulgada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) deja sin efecto el límite máximo de velocidad para los productores de carne de cerdo que regía en las líneas de matanza, y podría allanar el camino para que las plantas operen a la velocidad que estimen conveniente. A principios de este mes, Human Rights Watch publicó un informe titulado “‘Cuando estemos muertos y bajo tierra, nos seguirán doliendo los huesos’: Amenaza a los derechos de los trabajadores en las plantas de la industria cárnica y avícola de Estados Unidos”, que señala a la velocidad de las líneas como uno de los principales factores que contribuyen a las altas tasas de lesiones graves entre los trabajadores de plantas de procesamiento de carne y aves.

“Casi todos los trabajadores que entrevistamos describieron cómo las fuertes presiones para mantener el ritmo de producción los han llevado a sufrir dolores incapacitantes y lesiones”, manifestó Komala Ramachandra, investigadora sénior de la división de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Eliminar los límites de velocidad en las líneas de matanza de porcinos hará que las condiciones laborales, que ya son peligrosas en la actualidad, lo sean incluso más”.

Los trabajadores de la industria de matanza y procesamiento cárnico y avícola registran tasas de lesiones y enfermedades laborales que están entre las más altas del país. Entre 2015 y 2018, aproximadamente día por medio un trabajador de la industria perdió una parte de su cuerpo o fue enviado al hospital para recibir tratamiento como paciente hospitalizado, según los datos sobre lesiones graves publicados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo. Entre 2013 y 2017, cada año, ocho trabajadores de la industria murieron, en promedio, debido a un incidente en su planta.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar que la matanza y el procesamiento de los animales se realicen de un modo acorde con la inocuidad alimentaria. Los inspectores del Departamento de Agricultura de EE. UU. tienen la facultad de reducir las velocidades de las líneas de matanza si consideran que su ritmo es demasiado rápido como para permitir una inspección adecuada de los animales. No obstante, de conformidad con la nueva norma, parte de la responsabilidad de la inspección de la carne se transfiere a los empleados de la empresa, que harán parte del trabajo que anteriormente realizaban inspectores federales, y la norma reduce la cantidad de inspectores del Departamento de Agricultura de EE.UU. por planta.

A Human Rights Watch le preocupa que el nuevo sistema de inspección haya menoscabado la capacidad de los inspectores del Departamento de Agricultura de EE. UU. de reducir las velocidades de las líneas en las plantas de procesamiento de porcinos que participaron en el programa piloto que permitió la privatización de los servicios de inspección, como así también en las plantas de procesamiento de aves que han adoptado sistemas similares según una norma nueva anterior.

Si bien el FSIS afirma que el sistema instaurado por la nueva norma mejora la inocuidad de los alimentos y la eficacia de los sistemas de inspección de la matanza de cerdos al eliminar obstáculos reglamentarios innecesarios que afectan la innovación y aprovechar mejor los recursos del organismo, también elimina una de las únicas salvaguardas existentes sobre velocidades de las líneas.

Al proponer la norma, el FSIS concluyó que el sistema de inspección privatizado se tradujo en menores tasas anuales promedio de lesiones de trabajadores en las plantas que participaron en el programa piloto. En junio de 2019, el inspector general del Departamento de Agricultura de EE. UU. abrió una investigación sobre si este análisis estaba basado en datos erróneos. Esa investigación continúa en trámite.

“Estas industrias necesitan más supervisión y transparencia, no menos”, señaló Ramachandra. “Esta norma representa una renuncia de la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores estadounidenses que corresponde al gobierno”.