Italia y otros países de la Unión Europea no deberían ceder a las fuerzas libias el control de las operaciones de rescate en aguas internacionales. Durante la reunión del Consejo de Europa que se celebrará en Bruselas el 22 y 23 de junio de 2017, los Estados Miembros de la UE deberían ratificar el compromiso de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central.
“Algunos incidentes recientes muestran que es absolutamente equivocado que los países de la UE confíen la vida de quienes necesitan ser rescatados a fuerzas de la guardia costera de Libia, cuando existen alternativas más seguras”, manifestó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La UE debería asegurarse de que sus embarcaciones realicen operaciones rigurosas de búsqueda y rescate en aguas internacionales próximas a Libia, donde se producen la mayor parte de los naufragios, e Italia debería, en lo posible, dar instrucciones para que sean los buques de la UE y de organizaciones no gubernamentales los que dirijan los rescates, en vez de los barcos libios”.
El Mediterráneo central es la ruta migratoria con más fatalidades en todo el mundo. Desde principios de 2014 y hasta el 1 de junio de 2017, más de 12.000 personas han muerto o han sido informadas como desaparecidas. Desde el 1 de enero, más de 60.000 personas han sido rescatadas y llevadas hasta la costa italiana.
El 10 y el 23 de mayo, embarcaciones de patrulla de fuerzas de la guardia costera libia en aguas internacionales intervinieron en salvamentos que ya habían sido iniciados por organizaciones no gubernamentales, mostrando un comportamiento amenazante que puede provocar pánico, y no proporcionaron chalecos salvavidas a personas que intentaban ser rescatadas de embarcaciones no aptas para la navegación en alta mar. El 23 de mayo, varias organizaciones no gubernamentales presenciaron y grabaron en video el momento en que agentes de fuerzas de la guardia costera libia disparaban al aire, y recibieron testimonios de sobrevivientes que corroboran que los agentes también habrían efectuado disparos hacia el agua, donde había personas que, presas del pánico, se habían arrojado al mar.
La decisión de Italia de ceder el control de los acontecimientos del 10 de mayo a fuerzas de la guardia costera libia fue acorde con una estrategia general de la UE para encomendar a las autoridades libias la prevención de la migración en embarcaciones hacia Europa, a pesar de que delegar esta responsabilidad a una parte en un país en conflicto y donde los migrantes sufren abusos espantosos es una medida sumamente alarmante, señaló Human Rights Watch.
Hay señalamientos creíbles, expresados por veedores en el lugar, de que el 26 de mayo un barco de fuerzas de la guardia costera libia efectuó disparos a una nave de la guardia costera italiana en aguas internacionales, mientras estaba transportando a migrantes rescatados que desembarcarían en Lampedusa. Aunque el hecho fue informado en los medios de comunicación italianos, la guardia costera italiana ha negado tener conocimiento del incidente. Human Rights Watch habló con una persona que estaba en una embarcación en el Mediterráneo ese día y que escuchó una comunicación por radio, a través de una frecuencia abierta, entre un barco de la Marina italiana que estaba en las proximidades y el barco de la guardia costera libia. En la comunicación por radio, se hizo evidente que el barco libio había efectuado los disparos porque confundió la nave italiana con una embarcación de migrantes.
Como regla general, las fuerzas libias desembarcan en Libia a las personas que rescatan o interceptan en el mar. Una vez allí, se enfrentan con la detención arbitraria en condiciones deplorables, además de estar expuestas a riesgos de abusos graves, que han sido ampliamente documentados, como trabajo forzado, torturas y violencia sexual. Debido a lo que las Naciones Unidas han calificado como “crisis de derechos humanos” para los migrantes en Libia, se prohíbe a las embarcaciones con bandera de la UE regresar a ese país a ninguna persona, con independencia de donde se produzca el rescate. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha instado a todos los países a “permitir que los civiles que escapan de Libia (ciudadanos libios, residentes habituales de Libia y ciudadanos de terceros países) accedan a sus territorios”.
El 10 de mayo, el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos (Maritime Rescue Coordination Center, MRCC) de Italia, en Roma, recibió la primera llamada de socorro de una embarcación y ordenó a la organización alemana Sea-Watch que brindara asistencia, pero luego permitió que fuerzas de la guardia costera libia asumieran la coordinación y que una embarcación de la patrulla libia tomara el control de la operación. Si bien el MRCC de Roma tomó conocimiento de la situación de la embarcación cuando esta todavía estaba en aguas territoriales de Libia, el incidente ocurrió aproximadamente a 20 millas náuticas de la costa libia, en aguas internacionales, y Sea-Watch ya había iniciado la operación de salvamento.
Las autoridades libias no tienen la capacidad, la formación ni los equipos adecuados para realizar rescates seguros, que deberían ser condiciones obligatorias antes de que puedan hacerse cargo de la coordinación, destacó Human Rights Watch. Si Italia dirige una operación de salvamento, debería garantizar un rescate y desembarco seguros, y no traspasar el mando a las fuerzas de la guardia costera libia, salvo en situaciones de pérdida inminente de vidas y ausencia de embarcaciones de rescate alternativas.
El comandante de la fuerza de guardia costera alineada con el Gobierno Libio de Unidad Nacional, reconocido por la UE, y que actúa dentro del ámbito de incumbencia del Ministerio de Defensa, en Zawiyah, una localidad costera a 50 kilómetros al oeste de Trípoli, dijo a Human Rights Watch, durante la visita que la organización realizó en abril, que el uso de la fuerza contra migrantes durante operaciones de rescate, y en particular los golpes propinados con tubos plásticos, eran medidas “necesarias para controlar la situación, ya que no es posible comunicarse con estas personas. Algunos pueden nadar, pero otros no”.
Libia nunca definió oficialmente su zona de búsqueda y rescate ni proporcionó a la Organización Marítima Internacional información sobre estos servicios, ni siquiera durante el período de Muamar al Gadafi. Al menos desde octubre de 2013, cuando inició su operación naval humanitaria masiva, denominada Mare Nostrum, Italia ha asumido responsabilidades de facto en materia de búsqueda y rescate fuera de aguas territoriales libias.
Italia y otros países de la UE con estas responsabilidades en el Mediterráneo, en particular Malta, tienen la obligación conforme al derecho marítimo internacional de mantener un servicio efectivo de búsqueda y rescate, que garantice tanto operaciones de rescate seguras como el desembarco en sitios seguros. Al hacerlo, deberían considerar si alguna de sus acciones podría exponer a las personas rescatadas al riesgo de persecución, tortura o trato cruel, inhumano o degradante cuando desembarquen.
A fin de cumplir estas obligaciones, los estados de la UE deberían, como mínimo, y en el contexto de la cumbre, tomar la decisión de diseñar y mantener un sistema por el cual asuman y conserven el mando de todas estas operaciones de rescate en aguas internacionales. Además, deberían renovar los esfuerzos para que se les permita operar en aguas libias, a fin de que las embarcaciones con bandera de la UE puedan estar mejor posicionadas para realizar rescates.
Las instituciones de la UE deberían asegurar que se supervise la capacitación brindada a los oficiales de la guardia costera libia, así como el uso por parte de Libia de los equipos proporcionados por países de la UE, y estar dispuestas a suspender el traspaso de equipos si se determina que existe un nexo entre tales equipos y abusos cometidos. Hasta tanto haya mejoras demostrables en el trato dispensado a personas en los centros de detención de migrantes en Libia y bajo la custodia de la guardia costera de ese país, los países de la UE deberían adoptar todas las medidas a su alcance para evitar ser cómplices en abusos de las autoridades libias, tanto en el mar como en tierra firme. Todas las iniciativas orientadas a mejorar las condiciones en los centros de detención oficiales en Libia deberían estar acompañadas por acciones de seguimiento, informes públicos transparentes y medidas de rendición de cuentas. Los módulos de capacitación deberían dar prioridad a la formación práctica en pautas de actuación durante las operaciones de búsqueda y rescate.
Los Estados Miembros de la UE también deberían considerar el embargo de armas aplicado por el Consejo de Seguridad de la ONU a facciones libias, que estipula pautas para la entrega de materiales no letales y para brindar capacitación. El 10 de junio, el Comité de Sanciones contra Libia, responsable de supervisar la implementación del embargo de armas, emitió un informe, en el cual planteó la inquietud de si los beneficiarios de entrenamiento de la UE quedan alcanzados por las excepciones permisibles al embargo, tomando en cuenta, entre otros factores, consideraciones sobre el control efectivo de las fuerzas de la guardia costera y la selección de quienes participan en las capacitaciones.
“No hay pensamiento ilusorio que justifique ignorar las limitaciones de las autoridades libias para responder a situaciones de emergencia en el mar o intervenir de manera segura y humana”, apuntó Sunderland. “Si a los gobiernos de la UE les interesa realmente salvar vidas y prevenir el abuso de migrantes en Libia, entonces deberían brindar mayor apoyo a operaciones vitales de rescate de la UE en el Mediterráneo, en vez de depositar su fe en socios libios que no son confiables”.
