(Londres, 27 de marzo de 2017) – Los ataques de los talibanes y otros grupos militantes están teniendo un impacto devastador en la educación de Pakistán, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe publicado un día antes de la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Buenos Aires, Argentina.
Pakistán enfrenta importantes desafíos educativos, con un estimado de 25 millones de niños sin escolarizar. El informe incluye testimonios sobre cómo la violencia militante ha interrumpido la educación de cientos de miles de niños, especialmente de las niñas. El informe también documenta casos de uso de instituciones educativas por parte de fuerzas militares.
“Los talibanes y otros militantes han cometido en repetidas ocasiones terribles ataques contra escuelas paquistaníes, privando a los estudiantes de sus vidas, así como de su educación”, dijo Bede Sheppard, subdirector de la división de derechos del niño de Human Rights Watch. “Estos ataques a menudo ocurren porque, con mucha frecuencia, las autoridades han protegido a los militantes o no los han procesado adecuadamente, y eso tiene que cambiar”.
El gobierno paquistaní debe tomar medidas urgentes para hacer que las escuelas sean más seguras y procesar justamente a los responsables de ataques contra escuelas, estudiantes y profesores, dijo Human Rights Watch.
El informe, de 71 páginas y titulado “Dreams Turned into Nightmares: Attacks on Students, Teachers, and Schools in Pakistan” (“Sueños convertidos en pesadillas: ataques contra estudiantes, profesores y escuelas en Pakistán”), está basado en 48 entrevistas con profesores, estudiantes, padres y administradores de escuelas en las provincias paquistaníes de Punjab, Sindh y Khyber Pakhtunkhwa (KP). El informe documenta los ataques de militantes que, desde enero de 2007 hasta octubre de 2016, destruyeron edificios escolares, se dirigieron contra profesores y estudiantes y aterrorizaron a los padres para que impidieran que sus hijos fueran a la escuela. Estos ataques se han dirigido a menudo contra estudiantes femeninas y sus maestras y escuelas, bloqueando el acceso de las niñas a la educación. El informe también examina la ocupación de instituciones educativas por parte de fuerzas de seguridad, grupos políticos y bandas criminales.
Los grupos militantes islámicos de Pakistán, entre ellos los talibanes, Lashkar-e-Jhangvi y sus afiliados, recurren a los ataques contra escuelas y universidades para promover la intolerancia y la exclusión, atacar símbolos del gobierno y, en particular, expulsar a las niñas de la escuela. Un comandante talibán que se adjudicó el ataque contra la Universidad Bacha Khan en KP en enero de 2016 dijo: “Seguiremos atacando escuelas, facultades y universidades en todo Pakistán, ya que son las bases de las que salen los apóstatas”.
Después de que los talibanes se hicieran con el control de grandes partes del Valle de Swat en KP en 2007, comenzaron una violenta campaña contra la educación de las niñas. Más de 900 colegios de niñas se vieron obligados a cerrar y más de 120.000 niñas dejaron de asistir a la escuela. Aproximadamente 8.000 maestras se quedaron sin trabajo. Para muchas niñas, la pérdida fue permanente y no regresaron a la escuela incluso después de que el ejército paquistaní hubiera expulsado a los talibanes.
El gobierno paquistaní no recoge datos específicos sobre el número de ataques contra escuelas y universidades, ni sobre el número de muertos y heridos que resultan de estos ataques. Sin embargo, de acuerdo con la base de datos Global Terrorism Database, entre 2007 y 2015 hubo 867 ataques contra instituciones educativas en Pakistán, resultando en 392 muertes y 724 heridos. La Coalición Mundial para Proteger la Educación de Ataques registró por lo menos 838 ataques contra escuelas en Pakistán entre 2009 y 2012, causando daños en cientos de escuelas. En diciembre de 2015, el Ministerio de Estados y Regiones Fronterizas (SAFRON) informó que en 2015, 360 escuelas fueron destruidas en tres de las siete regiones de las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA).
El hecho de que el gobierno no recopile datos nacionales consistentes y transparentes sobre estos ataques plantea serias preocupaciones sobre su capacidad para supervisar las reparaciones de las escuelas dañadas, identificar tendencias que podrían influir en la creación de medidas de protección o investigar y procesar a los responsables, señaló Human Rights Watch.
Las amenazas que enfrenta la educación en Pakistán fueron puestas en evidencia por los ataques contra la entonces futura ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, el 9 de octubre de 2012, y contra una escuela pública militar en Peshawar, el 16 de diciembre de 2014. Después del ataque de Peshawar, que acabó con la vida de 135 niños, el primer ministro Nawaz Sharif anunció un Plan Nacional de Acción de 20 puntos para abordar de manera integral el terrorismo; pero ninguno de los 20 puntos se refería a los estudiantes o la educación.
En algunas áreas, las fuerzas gubernamentales han utilizado instituciones educativas, tanto escuelas como residencias universitarias, como cuarteles o bases militares de manera temporal o permanente. Cuando los centros escolares se utilizan para fines militares son más vulnerables a convertirse en blanco de ataque. El gobierno debería emitir órdenes claras y públicas a las fuerzas de seguridad de Pakistán para restringir el uso militar de las escuelas.
Pakistán debería desarrollar una política integral para proteger a los estudiantes -especialmente a las niñas- y a los profesores, escuelas y universidades del ataque y el uso militar, y comprometer a todos los ministerios involucrados a nivel central y local en la implementación de esta estrategia, recomendó Human Rights Watch.
La protección de las escuelas ha sido una tarea en gran parte relegada a los gobiernos provinciales, y estos esfuerzos han sido esporádicos y varían según las provincias, con poca atención a la necesidad específica de proteger la educación de las niñas. En la mayoría de los casos, la responsabilidad de mejorar y mantener la seguridad ha sido traspasada a las autoridades escolares. Esto ha provocado un aumento de las dificultades y el caos. A veces se han presentado denuncias penales contra profesores y directores por no haber tomado medidas de seguridad.
A pesar de cientos de ataques contra profesores, estudiantes e instituciones educativas, en la mayoría de los casos el gobierno paquistaní no ha enjuiciado con éxito a los perpetradores. Esto quedó en evidencia en junio de 2015, cuando se informó que ocho de las 10 personas detenidas y acusadas por el ataque a Malala Yousafzai fueron absueltas, incluso después de que todas ellas confesaran su culpabilidad en la corte.
El gobierno nacional de Pakistán debería cooperar con las autoridades provinciales para crear un sistema de respuesta rápida anticipada siempre que haya ataques contra las escuelas, para que estas instalaciones sean rápidamente reparadas o reconstruidas y para que el material educativo destruido sea reemplazado, con el objetivo de que los niños puedan regresar a la escuela lo antes posible. Durante la reconstrucción, los estudiantes deberían seguir recibiendo educación a través de medios alternativos y, donde proceda, apoyo psicosocial.
Pakistán debería ratificar la Declaración sobre Escuelas Seguras, un acuerdo político no vinculante abierto al respaldo estatal en una conferencia internacional en Oslo, Noruega, en mayo de 2015. Los países que suscriben la Declaración sobre Escuelas Seguras se comprometen a restaurar el acceso a la educación cuando las escuelas son atacadas, y a hacer menos probable que los estudiantes, maestros y colegios sean blancos de ataque en primer lugar. Los países firmantes acuerdan frenar estos ataques prometiendo investigar y procesar los delitos que involucren a escuelas, y minimizar el uso de las escuelas para fines militares para que no se conviertan en blanco de ataques.
“El gobierno paquistaní debería hacer todo lo posible para impedir futuros ataques contra la educación, empezando por mejorar la seguridad en las escuelas y proporcionar a la población información confiable sobre las amenazas”, dijo Sheppard. “Los ataques a la educación no sólo perjudican a los estudiantes y las familias directamente afectadas, sino que también tienen un efecto negativo incalculable a largo plazo en la sociedad paquistaní”.
