(Túnez) – Si bien Marruecos adoptó importantes reformas legales en 2016, al mismo tiempo actuó deliberadamente para reprimir algunas voces de oposición y protestas, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2017.
Las autoridades limitaron las actividades de asociaciones locales de derechos humanos e impidieron sistemáticamente que se celebraran actos a favor de la independencia en el Sahara Occidental. La justicia marroquí aplicó largas penas de prisión a personas que fueron procesadas en juicios sin garantías de imparcialidad, por delitos relacionados con terrorismo o con motivos políticos.
“Si Marruecos respetara los derechos en la misma medida en que adoptó legislación para protegerlos, sería realmente el modelo que sus defensores afirman que es”, expresó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África Septentrional de Human Rights Watch.
En la 27.º edición de su Informe Mundial, de 687 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe sobre cómo una nueva generación de populistas autoritarios pretende barrer con el concepto de garantías de derechos humanos, y trata a los derechos como un obstáculo a la voluntad de la mayoría. Para quienes se sienten olvidados por la economía global y progresivamente atemorizados por los delitos violentos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público deberán desempeñar un rol clave en la reivindicación de los valores sobre los cuales se ha construido la democracia basada en el respeto de los derechos.
Antes de concluir su mandato de 5 años en agosto de 2016, el parlamento de Marruecos reformó leyes que promueven la libertad de expresión y los derechos de trabajadores domésticos, víctimas de trata y personas con discapacidad. La voluntad política de las autoridades de transformar en realidad estas reformas legales será puesta a prueba cuando llegue el momento de su implementación, a comienzos de 2017.
Las nuevas leyes redujeron la cantidad de delitos de expresión no violentos para los cuales se imponían penas de prisión obligatorias, pero mantuvieron la pena de prisión para supuestos en que se transgredan las conocidas líneas rojas de Marruecos: expresiones que “dañen” al islam, la monarquía o la persona del rey, y que “instiguen actos contra la integridad territorial”, es decir, la pretensión de Marruecos sobre el Sahara Occidental.
La independencia judicial, conforme esta se reconoce en la constitución de 2011, sigue siendo equívoca, en tanto la justicia penal considera las declaraciones policiales como absolutamente certeras y casi nunca investiga pruebas que pudieran revelar que fueron falsificadas u obtenidas mediante coacción indebida a las personas sospechadas de delitos, sin la presencia de un abogado defensor. La justicia también juzga a adultos que mantienen conductas íntimas y consensuadas con personas del mismo sexo, aplicando para ello una ley que prevé hasta tres años de cárcel para el delito de “desviación sexual”.
Continuó la implementación de una estrategia nacional de 2013 para reformar políticas nacionales sobre migrantes y solicitantes de asilo. Si bien todavía no había sido adoptado un proyecto legislativo sobre el derecho a asilo, la agencia para los refugiados de Marruecos otorgó permisos de residencia por un año, renovables, a más de 500 refugiados reconocidos por la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), y a miles de migrantes subsaharianos que no solicitaban asilo, pero que cumplían con los criterios establecidos en el plan de 2013.
Sin embargo, las autoridades mantuvieron rigurosas restricciones a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la organización de derechos humanos más crítica del país, al prohibir muchas de las actividades organizadas por sus numerosos capítulos locales, y también negaron a Human Rights Watch y Amnistía Internacional permiso para llevar a cabo misiones oficiales de investigación en Marruecos o el Sahara Occidental. Las autoridades también expulsaron a equipos de televisión extranjeros que ingresaron “sin autorización” y a varias delegaciones que se trasladaron al país para observar de manera directa las condiciones de derechos humanos en el Sahara Occidental o participar de eventos sobre derechos humanos.
