(Nueva York) – Tribunales en todo Estados Unidos han permitido que empresas multimillonarias se garanticen de manera masiva sentencias a su favor contra presuntos deudores sin proporcionar evidencias relevantes que apoyen sus demandas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Algunas legislaturas y cortes también han erigido formidables barreras que impiden que los presuntos deudores puedan conseguir una audiencia significativa ante un juez.
El informe de 80 páginas, “Rubber Stamp Justice: US Courts, Debt Buying Corporations, and the Poor” (“Una justicia meramente formal: Tribunales, empresas que compran deudas y pobres en Estados Unidos”), examina cómo las cortes abordan cientos de miles de demandas presentadas cada año por empresas compradoras de deuda, especializadas en adquirir deudas impagas que luego tratan de cobrar para su beneficio. Estos procesos a menudo vienen empañados por patrones de aparentes errores, ineficiencia legal y presunta ilegalidad. Las empresas compradoras de deuda han ganado casos judiciales contra las personas equivocadas, han prevalecido en juicios que deberían haber sido prohibidos por las leyes estatales vigentes y han embargado los ingresos o las cuentas bancarias de personas que jamás recibieron la notificación adecuada de que habían sido demandadas, además de otros problemas. Sin embargo, muchos tribunales siguen arbitrando estos casos con pasmosa rapidez y sin someterlos a un escrutinio significativo, o incluso sin recibir pruebas concluyentes que respalden las denuncias.
Los tribunales deberían tratar los litigios de empresas compradoras de deuda con una vigilancia reforzada. Aprobar las demandas de firmas compradoras a través de sentencias prácticamente mecánicas amenaza los derechos de los pobres y en última instancia socava la integridad básica de las cortes.
Chris Albin-Lackey, asesor jurídico principal
“Los tribunales deberían tratar los litigios de empresas compradoras de deuda con una vigilancia reforzada”, dijo Chris Albin-Lackey, asesor jurídico principal de Human Rights Watch. “Aprobar las demandas de firmas compradoras a través de sentencias prácticamente mecánicas amenaza los derechos de los pobres y en última instancia socava la integridad básica de las cortes”.
El informe está basado en entrevistas con personas demandadas por compradores de deuda, jueces, abogados, funcionarios públicos y representantes de las empresas de compra de deuda en varios estados de Estados Unidos y en todos los niveles de gobierno. Algunos jueces expresaron su frustración con los marcos jurídicos, las reglas del tribunal y las limitaciones de recursos que, según ellos, les impiden someter esta clase de juicios al tipo de escrutinio que merecen.
Human Rights Watch describió problemas generalizados con la forma en que los tribunales abordan los casos de firmas de compra de deuda. Estos litigios a menudo enfrentan a empresas multimillonarias contra personas que ni siquiera pueden costear su propia representación legal. Muchos acusados se ven catapultados a tener que pagar deudas cuya existencia ni siquiera ha sido probada, incluso cuando disponen de fuertes defensas legales.
Human Rights Watch descubrió que la mayoría de los acusados no pueden o no llegan a presentar ningún tipo de defensa efectiva a las demandas que pesan en su contra y, en estos casos, muchos tribunales emiten sentencias de manera prácticamente mecánica a favor de los demandantes sin requerir apenas pruebas. Esto genera el riesgo de que algunas cortes aprueben, sin más, grandes cantidades de litigios que las empresas de compra de deuda no habrían podido ganar jamás si se hubiesen enfrentado a un adversario competente en un tribunal, incluyendo algunos que eran jurídicamente deficientes o carentes de pruebas de apoyo.
Algunos tribunales hacen que, para los acusados que se presentan en la corte con la intención de pelear su caso, sea muy difícil conseguir una audiencia relevante ante un juez. Muchos tribunales presionan a los acusados para que participen en “negociaciones” no oficiales con los abogados del demandante en los pasillos de los tribunales. Human Rights Watch presenció algunas de estas “conferencias de pasillo” en que los representantes de la empresa compradora de deuda engañaban o intimidaban a los acusados para que se rindiesen y accediesen a pagar sin tener nunca la oportunidad de presentar su versión del caso ante un juez.
Las empresas de compra de deuda pagan apenas unos centavos por cada dólar de enormes carteras de tarjetas de crédito impagas y otras deudas morosas, para a continuación tratar de cobrarles a los deudores el valor completo de esas cuentas pendientes. Debido a que son compradas a un precio tan bajo, incluso una tasa muy baja en la recaudación de estas deudas puede rendir grandes ganancias. Encore Capital, empresa líder en la industria, asegura que uno de cada cinco consumidores estadounidenses le debe dinero o se lo ha debido en el pasado. Encore y su principal competidor, Portfolio Recovery Associates, recaudan unos US$1.000 millones de los consumidores de EE.UU. cada año, de los que aproximadamente se consiguen mediante juicios.
Gran parte de la deuda vendida a estas firmas proviene de tarjetas de crédito incobrables, con tasas de interés que normalmente superan el 25 por ciento. Las empresas a menudo dejan pasar varios años para que los intereses se vayan acumulando antes de presentar la demanda, lo que puede incrementar en varios miles de dólares las deudas pendientes que, en última instancia, reclaman en los tribunales. Muchos de los acusados pasan apuros económicos o rozan el umbral de la pobreza.
Las empresas de compra de deuda figuran entre los principales usuarios individuales del sistema judicial civil de EE.UU., presentando cientos de miles de demandas cada año. En el sistema judicial estatal de Nueva York, ocho de los demandantes civiles más prolíficos de 2014 fueron las firmas de compra de deuda, con más de 70.000 demandas. Estos litigios agravan el ya abrumador atasco de casos con el que deben lidiar muchos tribunales, lo que crea un incentivo para resolverlos con más rapidez que cuidado.
Muchos de los procesos relacionados con empresas compradoras de deuda están basados en información y evidencias sumamente cuestionables. En algunos casos los vendedores de deuda se niegan explícitamente a garantizar que cualquier información que transmiten sea correcta o incluso que las deudas sean legalmente exigibles. Las enormes acumulaciones de intereses son añadidas, a menudo, basándose exclusivamente en los cálculos de las firmas compradoras de deuda. A continuación, las demandas en sí son generadas, en gran medida, por un proceso automático.
A menudo, los presuntos deudores son pobres, sin acceso a representación ni asesoría legal, y difícilmente pueden hacer frente a un resultado injusto que puede traducirse en la deducción cada mes de hasta una cuarta parte de un salario ya de por sí irrisorio. Human Rights Watch entrevistó a presuntos deudores que dijeron estar pasando apuros para pagar las facturas de servicios públicos, comprar alimentos o cubrir las necesidades básicas de sus hijos debido a sentencias automática en su contra por casos relacionados con deudas que no reconocían y que no creían tener.
“No tengo dinero para comprar pañales para mi hijo”, dijo una madre soltera entrevistada en un tribunal en Detroit. Dijo que un comprador de deuda había ganado un juicio contra ella en un caso por el que nunca fue notificada y al que nunca tuvo oportunidad de responder. “Mi electricidad y gas están apagados ahora. Mi sueldo es de apenas US$300 a la semana y a veces sólo me llevo a casa US$220. No puedo permitirme una deducción de mi salario”.
Además de hacer poco o nada para ayudar a navegar el sistema judicial a los litigantes por derecho propio desfavorecidos, algunos tribunales empujan a los acusados a procedimientos cuestionables que aceleran el ritmo de trabajo de la corte a expensas de los derechos de los acusados. Muchos tribunales presionan u obligan a los acusados a abandonar la sala para participar en “negociaciones” no supervisadas con los abogados de las firmas de compra de deuda que pueden adoptar un giro coercitivo o engañoso. En Filadelfia, el tribunal municipal cita a los presuntos deudores a procesos judiciales que en realidad están presididos por los propios abogados de las firmas de compra de deuda.
Human Rights Watch destacó varias medidas concretas que los tribunales y las legislaturas estatales podrían tomar para garantizar un mayor respeto por los derechos de los presuntos deudores y garantizar la integridad fundamental de los tribunales. Las cortes de Nueva York han adoptado normas que esencialmente requieren que los compradores de deuda presenten evidencias significativas para respaldar sus demandas, así como pruebas de que los acusados fueron realmente avisados de manera adecuada acerca de los cargos que pesaban en su contra para poder recibir un sentencia automática. Este debería ser un modelo para otros estados.
Los tribunales de otros estados también han demostrado que, mediante el apoyo y el fomento de programas que permiten a los presuntos deudores acceder a asesoramiento jurídico independiente, pueden ayudar a abordar la profunda desigualdad de medios de defensa en tantos casos que involucran a compradores de deuda. Los tribunales nunca deberían fomentar, o siquiera permitir, que los abogados de estas firmas de compra de deuda saquen a acusados sin representación legal de los tribunales para iniciar “negociaciones” no supervisadas que pueden adoptar un giro coercitivo. El gobierno federal también debe considerar la aprobación de legislación que ponga un límite razonable al ritmo en que pueden acumularse los intereses por una deuda después de que ésta haya sido vendida por un acreedor original a un tercero.
“Los tribunales deberían encontrar maneras para asistir a los presuntos deudores que carecen de representación legal en lugar de acumular aún más obstáculos en su contra”, señaló Albin-Lackey. “Las empresas de compra de deuda no deberían poder presentar en masa demandas sin pruebas simplemente porque los acusados son incapaces de defenderse de manera efectiva en un tribunal”.
Algunos testimonios del informe:
El jefe de jueces de Nueva York, Jonathan Lippman, sobre la situación que prevalecía en Nueva York antes de que se adoptaran las recientes reformas:
Firmabas muchos fallos superficiales. Es difícil hacer una declaración general de que todos tenían méritos (…) Todos fuimos negligentes al dejar que estas grandes firmas de compra de deuda reinaran en los tribunales sin garantizar el cumplimiento de los principios básicos que exigen que las sentencias judiciales estén basadas en evidencias (…) Para ganar no basta con arrojarnos una hoja de cálculo o algún tipo de declaración jurada que no nos dice nada. Nos llegan casos en que se está demandando al deudor equivocado, casos por una cantidad de deuda errónea y casos sin evidencias de que requieran un dictamen.
El juez del Tribunal de Distrito de Michigan, William Richards, al responder a la pregunta de si confiaba en que las sentencias emitidas por defecto a favor de los compradores de deuda estaban justificadas:
No tengo forma de saberlo. No tengo los datos delante de mí (…) los acreedores sólo reciben lo que habían pedido. Es un problema. Una sentencia en rebeldía le aporta al caso una especie de credibilidad, ¿no? Como si hubiese habido algún tipo de revisión de estos casos y una conclusión de que eran legítimos. Pero no hay nada de eso (…) Si vamos a permitir que (los compradores de deuda) utilicen los tribunales para elevar la validez de su deuda reclamada adjuntándole una sentencia, tal vez deberíamos obligarles a aportar algún tipo de prueba para demostrar que realmente se les debía esa deuda.
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