Ante el próximo examen de Venezuela por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (“el Comité”), enviamos esta comunicación con el fin de proveer información al Comité sobre la responsabilidad del gobierno venezolano con relación a la falta de disponibilidad y accesibilidad de medicamentos e insumos básicos para todas las personas en el país. Confiamos en que el Comité incluya este tema en el examen que efectuará sobre la implementación por el gobierno venezolano (“el gobierno”) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“el Pacto”).

Se puede ampliar la información acerca de nuestro trabajo relativo a Venezuela a través de la página de Human Rights Watch sobre este país: https://www.hrw.org/es/americas/venezuela

El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto)

La falta de acceso a medicamentos e insumos básicos en el país, tanto en el sistema público de salud como en el privado, pone en riesgo la vida y la salud de decenas de miles de venezolanos.

En visitas realizadas a Venezuela en noviembre de 2014 y marzo de 2015, Human Rights Watch advirtió que había faltantes de medicamentos para tratamiento del dolor, asma, hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, entre otras. Había una escasa oferta de jeringas, gasas y agujas, y debido a la falta de insumos los hospitales no podían realizar análisis básicos de laboratorio. Human Rights Watch sostiene que esta situación es consecuencia de políticas gubernamentales que han obstaculizado el acceso y la compra de medicamentos e insumos.

En marzo de 2015, Médicos por la Salud, una red de médicos residentes que trabajan en hospitales públicos de todo el país, informó los resultados de una encuesta llevada a cabo en 130 hospitales públicos de 19 estados, la cual mostraba que el 44 por ciento de los quirófanos no estaban operativos, y que el 94 por ciento de los laboratorios tenían fallas en el funcionamiento o falta de reactivos. También se comprobó que en los hospitales había escasez o faltantes en el 60 por ciento de los medicamentos o insumos médicos que normalmente se mantienen en inventario, y que la mayoría de los medicamentos incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud no estaban disponibles en farmacias.

A fines de 2014, los hospitales públicos tenían en lista de espera aproximadamente a 20.000 pacientes que necesitaban someterse a cirugías, incluidos 4.000 en el Hospital Universitario de Caracas, según datos de Médicos por la Salud. En enero, luego de que, según la prensa, habrían fallecido más de 10 pacientes que esperaban poder ser operados en ese hospital, el establecimiento cerró la unidad de cirugía cardiovascular y envió al resto de los pacientes a sus casas. La unidad reabrió por un período breve en febrero de 2015, cuando tras la difusión de las muertes en los medios, las autoridades de salud repusieron algunos medicamentos. Pero dos semanas después, el servicio volvió a cerrar.

Médicos del servicio pediátrico del Hospital Universitario esterilizan y reutilizan las mascarillas para tratar a niños con afecciones respiratorias. A su vez, médicos del Hospital J.M. de los Ríos, el principal hospital de niños de Caracas, indicaron a Human Rights Watch que enfrentaban graves desafíos para efectuar diagnósticos porque carecían de insumos tales como tubos de ensayo o reactivos para realizar análisis.

Al igual que en otros países de la región, se ha producido en Venezuela un drástico aumento de enfermedades virales transmitidas por mosquitos, y en 2014 se estimó que había más de 34.000 presuntos casos de chikungunya y 75.000 presuntos casos de dengue, según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud. Expertos independientes sospechan que los casos podrían ser muchos más, considerando la gran cantidad de pacientes con fiebre que no reciben un diagnóstico adecuado. Médicos y pacientes nos dijeron que, a pesar de los compromisos expresados por el gobierno de importar medicamentos para tratar el dolor y la fiebre asociados con estas enfermedades, a menudo los venezolanos no podían conseguir estos medicamentos, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

Nuestra investigación indica que las políticas adoptadas por el gobierno obstaculizan de manera directa la posibilidad de los venezolanos de tener acceso a medicamentos e insumos básicos.

Venezuela no cuenta con una industria farmacéutica fuerte, y debido a ello el país tiene que importar la mayoría de los medicamentos e insumos médicos. Incluso en el caso de medicamentos que se fabrican localmente, la materia prima a menudo proviene del exterior.

El gobierno obtiene algunos medicamentos e insumos directamente a través de acuerdos bilaterales con otros países, incluidos Argentina, Cuba, Uruguay y China, pero se han identificado errores reiterados del gobierno en la gestión de estos acuerdos que han empeorando la grave escasez de insumos. Concretamente, varios informes recientes preparados por la propia Contraloría General de la República de Venezuela criticaron las deficiencias en materia de planificación y condiciones de almacenamiento, y advirtieron que numerosos medicamentos debieron ser desechados porque estaban vencidos. Por ejemplo, en su informe de 2011 la Contraloría indicó que había encontrado medicamentos e insumos quirúrgicos en hospitales públicos que habían vencido hasta seis años antes. En 2013, el informe de la Contraloría concluyó que el Ministerio de Salud no había liberado oportunamente productos farmacéuticos que estaban en la aduana, y esto había generado demoras de hasta 168 días. Para septiembre, el ministerio apenas había recibido el 0,84 por ciento de los medicamentos previstos para ese año, mientras que el cronograma de 2013 indicaba que para entonces el 74 por ciento ya debía haber estado disponible. De manera similar, un informe de 2014 sobre el hospital de niños en Caracas indicó que 10 de 11 áreas no estaban prestando servicios adecuados debido a “la carencia de personal médico, equipos e insumos médicos, así como al deterioro de la infraestructura”.

Para la mayoría de los medicamentos e insumos médicos, Venezuela depende de proveedores farmacéuticos privados. Pero la normativa sobre tipo de cambio y controles de precios que ha impuesto el gobierno obstruye este proceso, y tiene como consecuencia una oferta absolutamente inadecuada de medicamentos e insumos médicos básicos. Si bien Human Rights Watch no cuestiona la potestad del gobierno venezolano de regular su moneda o los precios de los bienes que se comercializan en el país, considera que el gobierno sí debe asegurar que tales reglamentaciones no obstaculizen la adecuada disponibilidad y accesibilidad de medicamentos e insumos médicos básicos.

Los proveedores extranjeros de medicamentos e insumos médicos exigen pagos en moneda extranjera, pero los dólares no se consiguen fácilmente debido a que el gobierno mantiene un férreo control de las pocas reservas que parece tener. Las empresas farmacéuticas privadas en Venezuela necesitan autorización gubernamental para comprar dólares para pagarles a los proveedores extranjeros. Una vez otorgada la autorización para obtener dólares, deben solicitar al Banco Central de Venezuela que los entregue. Este proceso suele estar asociado con largas demoras, que se traducen en pagos tardíos. Y los proveedores extranjeros se niegan a realizar nuevos envíos a Venezuela hasta que se cancelen las cantidades adeudadas.

Dado que la ley prohíbe comprar dólares fuera de este sistema, las compañías farmacéuticas no pueden comprar legalmente divisas de otro modo. Pero aun si esto fuera lícito, tampoco sería económicamente viable. La legislación venezolana aplica un precio máximo a la venta de medicamentos en el país en función del tipo de cambio oficial, que es de aproximadamente el 3 por ciento del valor en el mercado negro. Si las empresas compraran dólares fuera del procedimiento oficial, terminarían pagando mucho más por los medicamentos y los suministros de lo que luego podrían cobrar por ellos.

Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de asegurar que estos medicamentos estén disponibles y sean accesibles para todas las personas, sin discriminación. El Comité ha señalado que las políticas estatales que “afectan desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los componentes del derecho a la salud” y que son “susceptibles de producir lesiones corporales, una morbosidad innecesaria y una mortalidad evitable” violan el derecho a la salud. También expresó que los Estados tienen la “obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención primaria básica de la salud”[1].

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, ha señalado reiteradamente que los Estados tienen la responsabilidad de “garantizar el acceso de todos, sin discriminación alguna, a medicamentos, en particular a los medicamentos esenciales, que deben ser asequibles, seguros, eficaces y de buena calidad”[2].

Asimismo, en 2013, el Relator especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental sostuvo que “[s]e entiende que varios aspectos del derecho a la salud se van haciendo efectivos de manera progresiva, aunque hay ciertas obligaciones básicas que imponen obligaciones inmediatas a los Estados, lo que incluye facilitar medicamentos esenciales a todas las personas de manera no discriminatoria”[3]. Esta obligación básica, según el relator, incluye medicamentos esenciales como analgésicos, antiinfectantes, antibacterianos, antituberculosos, antirretrovirales, hemoderivados, medicamentos cardiovasculares, vacunas y vitaminas.

Recomendaciones sobre medidas que debería adoptar el gobierno venezolano para abordar los problemas expuestos anteriormente:

El gobierno de Venezuela debería asegurar que los medicamentos e insumos esenciales estén disponibles y accesibles para todos los venezolanos. Concretamente, el gobierno debería:

  • Realizar un diagnóstico exhaustivo y detallado de cuáles medicamentos e insumos básicos no están disponibles o no resultan accesibles en el país, tras consultar a todos los actores relevantes;
  • Adoptar con urgencia medidas destinadas a garantizar un suministro suficiente de tales medicamentos e insumos que atienda, al menos, las necesidades inmediatas de los venezolanos, y supervisar su distribución, a fin de limitar temporalmentesu escasez en el país;
  • Asegurar que la importación futura de medicamentos e insumos médicos básicos no esté sujeta a demoras arbitrarias; y
  • Adoptar medidas en función de las conclusiones de la Contraloría General de la República que señalaron deficiencias en la planificación de la importación de medicamentos y condiciones de almacenamiento inadecuadas que obligaron a las autoridades a desechar medicamentos que habían vencido, a fin de asegurar que esta situación no se repita.
 

[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párrs. 43 y 50.

[2] Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/RES/12/24, 12 de octubre de 2009.

[3] Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/23/42, 1 de mayo de 2013, párrs. 3 y 40.