(New York) – Israel debería conceder inmediatamente acceso a Gaza a Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales de derechos humanos para que puedan investigar las denuncias de violaciones graves al derecho internacional humanitario por todas las partes involucradas en el conflicto, dijeron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“Parece que las autoridades israelíes están jugando juegos burocráticos con nosotros sobre el acceso a Gaza, imponiendo condiciones que responden a criterios totalmente inaceptables incluso cuando el número de muertos sigue aumentado”, dijo Anne FitzGerald, directora de Investigación y Respuesta de Crisis de Amnistía Internacional. “El derecho de las víctimas y de los ciudadanos a conocer lo que ocurrió durante las hostilidades exige que las autoridades israelíes garanticen una completa transparencia sobre sus actuaciones y que abstengan de interferir con una investigación independiente e imparcial de todas las supuestas violaciones”.
Desde el comienzo de la operación militar de Israel el 8 de julio de 2014 en Gaza –la Operación Margen Protector— las autoridades israelíes han rechazado reiteradas solicitudes tanto de Amnistía Internacional como de Human Rights Watch para entrar a Gaza a través del paso de Erez, controlado por Israel. Ambos grupos también solicitaron el acceso a las autoridades egipcias, que hasta ahora no han concedido.
“Si Israel confía en su afirmación de que Hamas es responsable de las muertes de civiles en Gaza, no debería estar bloqueando la labor de las organizaciones de derechos humanos para llevar a cabo investigaciones in situ”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Medio Oriente para Human Rights Watch. “Los pronunciamientos públicos expresados por una parte implicada no determina si los ataques violan las leyes de la guerra, pero las investigaciones de campo sí podrían”.
Desde el 7 de julio, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ha presentado tres solicitudes de autorización a la Administración Civil de Israel, que opera bajo el Ministerio de Defensa de Israel, para entrar a Gaza a través del paso de Erez. En todos los casos, la Administración Civil dijo que no podía procesar las peticiones y que el cruce de Erez estaba cerrado. Periodistas, funcionarios de las Naciones Unidas, trabajadores humanitarios y otras personas con permisos han sido capaces de entrar y salir vía Erez a lo largo de este período.
“Se ha perdido un tiempo muy valioso y es esencial que las organizaciones de derechos humanos puedan entrar ahora a la Franja de Gaza para comenzar el vital trabajo de verificación de las denuncias de crímenes de guerra", dijo FitzGerald.
Amnistía Internacional solicitó asistencia en este asunto al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y otros gobiernos han planteado la cuestión con sus homólogos israelíes en nombre de Amnistía Internacional, pero ninguno de estos esfuerzos ha tenido éxito.
Desde la escalada de las recientes hostilidades, Human Rights Watch recibió respuestas similares de la Administración Civil a su solicitud de permiso para entrar en Gaza. Las autoridades israelíes en el paso de Erez dijeron que Human Rights Watch no era elegible para obtener permisos para entrar en Gaza porque no era una organización registrada. Sin embargo, las autoridades israelíes reconocieron que quedaba a su discreción hacer una excepción. El 17 de agosto, Human Rights Watch solicitó dicha excepción a la mayor brevedad posible, pero las autoridades israelíes la denegaron el 19 de agosto. Antes de 2006, las autoridades israelíes concedieron en varias ocasiones a Human Rights Watch acceso a Gaza, sin solicitar que el grupo se registrara o solicitara una excepción especial.
Durante las recientes hostilidades, las fuerzas israelíes bombardearon intensamente la Franja de Gaza desde tierra, aire y mar, infligiendo graves consecuencias sobre la población civil. De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, hasta el momento han muerto 1.975 palestinos, incluyendo 1.417 civiles, de los cuales 459 eran niños y 239, mujeres. Miles de restos de guerra sin explotar se encuentran dispersos a lo largo de la Franja de Gaza. Cientos de miles de personas han sido desplazadas. Sesenta y siete israelíes han muerto, incluyendo tres civiles.
Grupos armados palestinos han disparado indiscriminadamente miles de cohetes hacia centros de población israelíes; se ha comprobado la existencia de cohetes almacenados en escuelas vacías; y supuestamente han desplegado sus fuerzas sin tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles, en violación del derecho internacional. Amnistía Internacional y Human Rights Watch tenían a algunos miembros de su personal ya presentes sobre el terreno en Gaza, pero la cantidad y magnitud de las violaciones reportadas requiere la asistencia en la investigación de otros inspectores, la cual Israel está bloqueando.
El gobierno israelí debe permitir que todas las denuncias de crímenes de guerra y otras violaciones sean verificadas de forma independiente y que las víctimas puedan obtener justicia. La supervisión activa de los derechos humanos sobre el terreno también puede ayudar a prevenir nuevas agresiones llevadas a cabo por todas las partes involucradas.
Las autoridades israelíes concedieron a Human Rights Watch el último acceso a Gaza a través del paso de Erez en 2006, y a Amnistía Internacional en el verano de 2012.
Desde entonces, se ha solicitado a Amnistía Internacional y a Human Rights Watch que se registren en el Ministerio israelí de Asuntos Exteriores, que sólo registra a diplomáticos y personal de la ONU, o en el Ministerio de Bienestar Social. El registro en el Ministerio de Bienestar Social es una opción para las organizaciones humanitarias y de desarrollo con oficinas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, pero es prácticamente imposible que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, como otras organizaciones internacionales de derechos humanos, cumplan con las condiciones de registro.