(Madrid) – El gobierno español no ha tomado medidas suficientes para mitigar el impacto de la crisis de vivienda y de deuda que encaran los grupos vulnerables en España, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Decenas de miles de familias se han enfrentado, o se enfrentan actualmente, a la ejecución hipotecaria de viviendas que compraron en el momento álgido del boom económico de España, cuando las prácticas de préstamo irresponsable hicieron que las hipotecas fueran fáciles de conseguir.
El informe de 88 páginas, “Sueños rotos: El impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables,” documenta las adversidades que afrontan las familias que pierden su hogar después de incumplir los pagos hipotecarios, en medio de la recesión y el masivo desempleo en España. El informe está basado en entrevistas en profundidad con 44 hombres y mujeres que han experimentado o se enfrentan ahora a un desahucio, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno. Human Rights Watch constató que los inmigrantes, las mujeres que son cabeza de familia o víctimas de abuso económico por parte de una ex pareja y los niños figuran entre los grupos afectados.
“El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento”, dijo Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa Occidental de Human Rights Watch y autora del informe. “Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones aplastadas. Esto es una cuestión de responsabilidades del gobierno de garantizar derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada”.
La crisis social española en torno a los desahucios y la deuda se produce en el contexto de una historia de décadas de políticas gubernamentales que promovieron enérgicamente la propiedad de vivienda y la toma de préstamos a costa de asegurar una oferta apropiada y asequible de vivienda de alquiler y suficiente inversión en vivienda social. Las prácticas de préstamo irresponsables, las cláusulas injustas de los contratos hipotecarios (como tasas de interés de demora exorbitantes, el comportamiento sin escrúpulos por parte de los intermediarios), así como la falta de supervisión durante los años del auge económico, crearon una tormenta tóxica perfecta cuyas repercusiones podrían sentirse durante años, señaló Human Rights Watch.
La crisis económica en España, donde hay más de 5 millones de desempleados, golpeó especialmente duro a los propietarios de vivienda. España tiene uno de los niveles de propiedad de vivienda más altos de la Unión Europea –alcanza el 85 por ciento— y apenas el 2 por ciento de la oferta total de vivienda está reservada para la vivienda pública o de alquiler subsidiado. La recesión azotó a España después de un auge en la construcción que duró de 1997 a 2007, período durante el cual se construyeron más viviendas en España que en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos, y en el que el sector inmobiliario y de la construcción constituía hasta el 43 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Daniela, una madre soltera desempleada, fue desahuciada en mayo de 2011 por el impago de sus cuotas de la hipoteca. Su hijo mayor, ahora de 14 años, comenzó a tener problemas en la escuela cuando se enfrentaron a la ejecución hipotecaria y desahucio. “Él lo sabía todo”, dijo. “La escuela me recomendó que fuese a ver un psicólogo”. Ella también fue a terapia y tomó medicamentos que le recetaron: “Sentí como si estuviera en un agujero negro. Pero tengo que tener la fuerza para seguir adelante. Tengo tres hijos, no puedo permitirme el lujo de la depresión”.
Las autoridades españolas deben adoptar medidas para ayudar a un mayor número de personas y familias a evitar los desahucios, asegurar una vivienda asequible y garantizar el acceso a la reestructuración equitativa de la deuda, su alivio e incluso su cancelación, señaló Human Rights Watch. El gobierno debe actuar con rapidez para reformar la ley de insolvencia en España para proporcionar una vía de acceso equitativo a la liberación de la deuda. La Comisión Europea debería supervisar que España haga efectiva una reciente directiva de la UE sobre las hipotecas.
Bajo el derecho internacional, el derecho a una vivienda adecuada es un componente del derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho a una vivienda adecuada no incluye el derecho a la propiedad ni a conservar la propiedad bajo toda circunstancia. Sin embargo, sí impone a los gobiernos la obligación de instituir políticas y legislaciones que garanticen progresivamente el derecho a una vivienda adecuada –para todos los segmentos de la sociedad— de la manera más rápida posible. La asequibilidad es un aspecto clave de esta obligación.
En respuesta a la significativa presión pública, incluyendo de la organización Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en noviembre de 2012, el gobierno español aprobó una moratoria de dos años para los desahucios a ciertas familias. Los criterios para poder beneficiarse de la moratoria se ampliaron ligeramente en mayo de 2013, pero continúan siendo demasiado limitados y en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional. Por ejemplo, sólo las familias con tres o más hijos, familias monoparentales con dos o más hijos y las familias de dos padres con un niño de 3 años o menos, pueden beneficiarse de la moratoria. Según el derecho internacional, cualquier persona menor de 18 años es un niño, al que le corresponden los derechos y las protecciones establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, incluido el derecho a la vivienda.
“Una familia de un niño de tres años puede quedarse en su casa, pero una con un hijo de cuatro años no”, dijo Sunderland. “La distinción es puramente arbitraria y el gobierno debería tener normas mejores, más racionales y más justas”.
Se estima que un tercio de los afectados por la crisis de las hipotecas son inmigrantes, algo desproporcionado en relación al porcentaje que representan la población. Muchos, sobre todo personas de la comunidad ecuatoriana, se vieron atrapados en los llamados avales cruzados, en las que dos compradores garantizaban mutuamente sus préstamos e hipotecas en cadena: los bancos vinculaban entre sí una serie de personas, a menudo desconocidas, para avalar así las hipotecas de los demás. En estos casos, si una persona deja de pagar su hipoteca, puede producir una reacción en cadena debido a la responsabilidad de los demás como avales.
Las mujeres cabeza de familia se enfrentan a mayores desafíos debido a su relativamente mayor inestabilidad de ingresos, salarios más bajos en promedio y mayores responsabilidades en el cuidado de los niños. Las mujeres todavía vinculadas a través de su hipoteca a ex parejas hostiles pueden enfrentarse a lo que equivale a un abuso económico –una forma de violencia doméstica aún no reconocida en el derecho español— en que los hombres se niegan a colaborar en la negociación con el banco. El impacto de la inseguridad de la vivienda en los niños es muy preocupante. El gobierno ha fallado a la hora de evaluar adecuadamente el impacto sobre estos grupos cuando ha elaborado sus políticas.
La crisis hipotecaria en España ha empujado a muchas personas y familias al sobreendeudamiento debido a que, en la gran mayoría de los casos, la toma de posesión del hogar por parte del banco elimina sólo una parte de la deuda. Esto, combinado con la falta de un procedimiento de insolvencia personal accesible en España, deja a muchos con una carga significativa de deuda que no tienen perspectivas razonables de poder pagar o liberar. El sobreendeudamiento puede tener un impacto profundamente negativo sobre los derechos fundamentales, como el derecho a un nivel de vida adecuado. Las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno para aliviar la carga de la deuda de la hipoteca son insuficientes, señaló Human Rights Watch.
“Es casi imposible para la gente común declararse en quiebra en España, lo que significa una deuda abrumadora que les acompañará hasta la tumba”, dijo Sunderland. “Las personas que viven con niveles extremos de deuda deberían tener la posibilidad de una segunda oportunidad”.
Human Rights Watch escribió a once bancos que operan en España por sus posiciones en las cuestiones abordadas en el informe. Las opiniones de los siete bancos que respondieron se reflejan en el informe. Los bancos han respondido a la crisis de las hipotecas de varias maneras. La mayoría ha firmado un código voluntario de buenas prácticas promovidas por el gobierno y han entregado algo menos de 6.000 propiedades a un Fondo Social para la Vivienda creado para dar a las familias desahuciadas lugares donde vivir a precios de alquiler asequibles. Sin embargo, los criterios restrictivos, la mala calidad de las viviendas que los bancos proveyeron y el hecho de que en muchos casos las familias tienen que mudarse lejos de sus barrios y entornos sociales han socavado esta iniciativa. Hace apenas unos días, el Fondo amplió sus criterios para poder beneficiarse de la moratoria, incluyendo permitir la solicitud a todas las familias con niños, independientemente de su edad.
“Los gobiernos deben ser juzgados por cómo manejan las consecuencias humanas de la crisis económica, no sólo por los indicadores macroeconómicos”, dijo Sunderland. “El gobierno español tiene que revisar seriamente sus políticas y tener en cuenta un espectro más amplio de personas en situación de exclusión social por impago de las hipotecas”.
