(Ginebra, 16 de mayo de 2014) – Desde 2012 se han producido cientos de ataques contra trabajadores de la salud en decenas de países de todo el mundo, señalaron Human Rights Watchy Safeguarding Health in Conflict Coalition (Coalición para la protección de la salud en situaciones de conflicto) en un informe conjunto difundido hoy. El informe, dado a conocer previo a la reunión que congregará a ministros de salud de todo el mundo y que tendrá lugar del 19 al 24 de mayo de 2014, insta a los gobiernos a actuar más enérgicamente para proteger a pacientes, trabajadores y establecimientos de salud frente a ataques en países que están atravesando conflictos y revueltas civiles.
El informe de 28 páginas, “Under Attack: Violence against health workers, patients and facilities” (Víctimas de ataque: Violencia contra trabajadores de la salud, pacientes y establecimientos), alerta sobre los recientes ataques ocurridos en países de todo el mundo. Entre los ejemplos se menciona el asesinato selectivo de más de 70 trabajadores encargados de suministrar la vacuna contra la poliomielitis en Pakistán y Nigeria; la detención de trabajadores de la salud por brindar atención a manifestantes en Bahréin y Turquía; y el bombardeo de hospitales y la muerte de cientos de pacientes y trabajadores de la salud en Siria.
“Cuando se ataca a trabajadores de la salud y hospitales, las personas no pueden obtener atención médica y numerosos profesionales capacitados se ven obligados a huir de las áreas donde se los necesita con urgencia”, expresó Leonard Rubenstein, presidente de la coalición, integrada por más de una veintena de profesionales de derechos humanos y de la salud, y otras organizaciones no gubernamentales.
Otros ejemplos citados por las organizaciones incluyen ataques dirigidos a trabajadores de la salud en Sudán del Sur y Afganistán, que redujeron drásticamente el acceso a la atención médica para la población civil. En Sudán del Sur, fuerzas de oposición dispararon a pacientes de hospitales y saquearon e incendiaron clínicas y hospitales durante 2014 en Bentiu, en el estado de Unidad, Malakal, en el estado del Alto Nilo, y Bor, en el estado de Junqali. A su vez, fuerzas del gobierno atacaron e incendiaron hospitales en los estados de Unidad y Junqali. Los ataques deliberados a hospitales, personal médico o pacientes en conflictos armados constituyen un crimen de guerra.
En Afganistán, se denunciaron decenas de ataques violentos contra trabajadores y establecimientos de salud en 2013, que incluyeron homicidios, agresiones y secuestros. En abril de 2014, un médico estadounidense fue asesinado por un policía en Cure Hospital, en Kabul, y recientemente una ambulancia fue blanco de ataques en medio de una evacuación médica en la provincia de Laghman, al igual que un trabajador que suministraba vacunas en la provincia de Awar. La atención médica de mujeres en Afganistán se ha visto especialmente afectada, como consecuencia de la escasez de personal femenino de salud calificado.
Según señalaron las organizaciones, se han comenzando a adoptar medidas para abordar la crisis. El documento cita el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud de octubre de 2013, que hace referencia a esta cuestión, y los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar métodos destinados a medir el tipo y la frecuencia de los ataques.
Asimismo, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato del representante especial del secretario general para la cuestión de los niños y los conflictos armados, a fin de que incorpore la denuncia y la rendición de cuentas con respecto a ataques contra personal y establecimientos médicos. El Comité Internacional de la Cruz Roja y Médecins Sans Frontières han implementado campañas que ponen de manifiesto ataques contra trabajadores y establecimientos de salud.
Sin embargo, es necesario hacer mucho más, comenzando por efectuar un monitoreo más riguroso de los ataques, afirmaron las organizaciones. Los países deben establecer garantías legales para trabajadores de la salud, derogar las leyes que penalizan el trabajo de médicos y personal de enfermería que brindan servicios de salud a personas que se oponen a políticas del gobierno y prever medidas de justicia más estrictas para que los responsables de los ataques rindan cuentas por sus actos.
“Los ataques contra trabajadores y establecimientos médicos debilitan sistemas de salud que, a menudo, son ya considerablemente frágiles”, aseveró Joe Amon, director de salud y derechos humanos de Human Rights Watch, que integra la coalición. “Los gobiernos deberían comprometerse a adoptar medidas concretas para proteger a trabajadores de la salud frente a la posibilidad de ataques”.
