(Beirut) – Los activistas de derechos humanos de Arabia Saudita enfrentan un gobierno represivo e intolerante en su campaña por promover la participación política popular, la reforma judicial y el fin de la discriminación contra las mujeres y las minorías, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las autoridades han respondido arrestando, juzgando y tratando de silenciar a los activistas y acallar sus llamados a favor del cambio.
El informe de 48 páginas, titulado “Challenging the Red Lines: Stories of Rights Activists in Saudi Arabia,”(“Desafiando las líneas rojas: Las experiencias de activistas de derechos en Arabia Saudita”) presenta las historias de 11 prominentes activistas sauditas de derechos sociales y políticos y su lucha para resistirse a los esfuerzos del gobierno que busca reprimirlos. Los activistas han recurrido a los nuevos medios de comunicación, incluyendo sitios web de noticias y blogs, y herramientas sociales como Twitter y Facebook, para forjar relaciones entre sí, discutir ideas y estrategias para el cambio y desarrollar plataformas públicas para difundir su mensaje de reforma.
“Los activistas saudíes están utilizando nuevos medios para que su gobierno responda por las desenfrenadas violaciones de derechos”, dijo Joe Stork, director en funciones para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Las autoridades sauditas creen que pueden utilizar la intimidación y las penas de prisión para acabar con las críticas, pero los activistas están encontrando maneras de expresar sus preocupaciones hasta que sean escuchadas”.
Varios activistas han utilizado las redes sociales y foros en línea para construir redes y poner en marcha campañas digitales. Decenas de miles de ciudadanos saudíes ya han participado en las campañas en línea, incluida la iniciativa “Women2Drive”, que alienta a las mujeres sauditas a conducir, desafiando así la prohibición gubernamental.
Una serie de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de reciente creación, en su mayoría basadas en Internet, emiten regularmente comunicados sobre casos individuales de violaciones a los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para bloquear el contenido en línea, los saudíes (al menos 49 por ciento de ellos tiene acceso a Internet) usan los foros en línea para eludir los medios estatales fuertemente censurados.
Los levantamientos en todo Oriente Medio en 2011 instaron a los activistas saudíes a ir más allá de las campañas en línea y organizar pequeñas manifestaciones en las calles y tomas pacíficas. En Riad y Buraydah, las familias de personas detenidas durante años sin cargos realizaron protestas frente a las oficinas del Ministerio del Interior y los centros de detención exigiendo a las autoridades que pusieran a sus familiares en libertad o que los llevaran a juicio.
En las ciudades orientales de Qatif y Awammiyah, los manifestantes exhortaban la libertad religiosa y el fin de la discriminación institucionalizada contra la minoría chiíta del país. Activistas de todo el país empezaron campañas por la igualdad de género, invitando a las mujeres a desafiar las prácticas discriminatorias impuestas por el sistema de tutela masculina de Arabia Saudita. Las figuras políticas y religiosas hicieron circular peticiones al rey Abdullah pidiendo que haga reformas judiciales y libere a los detenidos políticos.
Este activismo se ha desatado en reacción a los esfuerzos redoblados del gobierno saudí desde principios de 2011 de silenciar e intimidar a los activistas de derechos humanos y de otros tipos, emitiendo una prohibición para viajar, despidiéndolos, orquestando campañas de desprestigio, así como deteniéndolos y procesándolos. El Ministerio del Interior detiene a activistas independientes y, en ocasiones, los mantiene presos durante meses sin cargos.
La policía y las autoridades judiciales de Arabia Saudita han hostigado y encarcelado a activistas de derechos saudíes como Samar Badawi, quien desafió los aspectos restrictivos del sistema de tutela masculina del país. Las niñas y las mujeres tienen prohibido viajar, llevar a cabo asuntos oficiales o someterse a ciertos procedimientos médicos sin el permiso de sus tutores masculinos.
Las autoridades negaron el registro y concesión de licencias a nuevas organizaciones de derechos humanos, y luego sentenciaron a sus fundadores a largas penas de prisión por “fundar una organización sin licencia”. Las autoridades judiciales sauditas han juzgado, declarado culpables y condenado a largas penas de prisión a activistas prominentes, entre los que se destacan, Abdullah al-Hamid, Mohammed al-Qahtani, Sulaiman al-Rashoodi y Mikhlif al- Shammari, exclusivamente por su activismo pacífico a favor de la reforma. Fueron acusados de “delitos” arbitrarios que violan su derecho a la libertad de expresión y asociación, como “incumplir la lealtad con el gobernante” y “tratar de distorsionar la reputación del reino”.
Un abogado de Jeddah, Waleed Abu al-Khair, y un activista de la Provincia Oriental, Fadhil al-Manasif, están siendo juzgados por cargos incluyendo “insultar al poder judicial”, “tratar de distorsionar la reputación del reino” e “incitar a la opinión pública contra el Estado”.
El Ministerio del Interior hizo cumplir su antigua prohibición a todas las protestas públicas y sentadas, pero los activistas organizaron marchas y manifestaciones en Qatif y Awammiyah en 2011 y familiares de los detenidos por cuestiones de seguridad hicieron pequeñas sentadas en Buraydah y Riad en 2011, 2012 y 2013.
Arabia Saudita no cuenta con un código penal escrito, concediéndoles a los jueces la libertad de emitir sentencias en función de sus propias interpretaciones del Corán y las enseñanzas del Profeta Muhammad, las dos fuentes establecidas de la ley islámica, o Sharia. Los acusados de delitos políticos, incluidos los activistas de derechos humanos, son a menudo condenados por el Tribunal Penal Especial establecido para juzgar los casos relacionados con el terrorismo. Esta corte a veces niega a los acusados las garantías procesales más básicas, incluido el derecho a un abogado, y emite sentencias en procedimientos cerrados.
Además de los juicios a partir de cargos arbitrarios, el Ministerio del Interior prohíbe regularmente que los activistas viajen al extranjero por períodos prolongados sin proporcionar notificación por anticipado o especificar razones. Activistas como al-Khair no descubrieron que se les había prohibido viajar hasta que trataron de embarcar en un vuelo.
A pesar de esta represión, los activistas saudíes han desafiado a las autoridades, poniendo en riesgo su libertad y sus medios de subsistencia para presionar a favor de una reforma genuina y el respeto por los derechos humanos.
Arabia Saudita debería detener inmediatamente su campaña contra los activistas pacíficos y poner en libertad a todos los detenidos en virtud de cargos y condenas derivadas enteramente del ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y libertad religiosa, señaló Human Rights Watch.
Las autoridades también deberían promulgar reformas judiciales, tales como:
- La emisión de un código penal escrito consistente con las normas de derechos humanos y que no penalice la libertad de expresión y asociación;
- La emisión de una ley de asociación que permita que organizaciones independientes puedan formarse y operar sin interferencias indebidas por parte del gobierno;
- La abolición de todas las leyes y regulaciones que interfieren de manera desproporcionada con la libertad de expresión, incluidas las restricciones a las redes electrónicas.
Pese a las críticas de los antecedentes de Arabia Saudita en cuestiones de derechos humanos, los países miembros de las Naciones Unidas eligieron a Arabia Saudita para un mandato de tres años en el Consejo de Derechos Humanos en noviembre.
“La reciente elección de Arabia Saudita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU envía un mensaje equivocado a los activistas locales que afrontan la oposición gubernamental en su pacífica labor de derechos humanos”, señaló Stork. “Otros países deberían decirle a Arabia Saudita que necesita mejorar su historial de derechos, sobre todo permitiendo que los activistas independientes hagan su trabajo sin interferencia del gobierno”.
