(New York) – La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no impedir que los estados de Washington y Colorado legalicen el consumo, la producción, distribución y comercialización de marihuana para uso recreativo debería contribuir a reducir las consecuencias negativas para los derechos humanos que tienen las actuales políticas en materia de control de drogas, señaló hoy Human Rights Watch. A este anuncio se sumó la presentación de un memorándum del Departamento de Justicia que ofrece nuevas pautas a todos los fiscales federales con respecto a la aplicación de las leyes relativas a la marihuana.
“La decisión del gobierno de Obama de permitir que Washington y Colorado formulen alternativas a las políticas actuales sobre el control de drogas constituye un paso inteligente y humanitario”, observó Maria McFarland, subdirectora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Las políticas vigentes basadas principalmente en la criminalización del consumo de drogas socavan los derechos humanos y han tenido un alto costo en materia de violencia y abusos. Ya es tiempo de que Estados Unidos emprenda una reforma de sus políticas en materia de drogas”.
El memorándum del Departamento de Justicia, de fecha 29 de agosto de 2013, actualiza las pautas anteriores a la luz de las consultas populares que se efectuaron hace pocos meses en los estados de Colorado y Washington y en las cuales la población se pronunció a favor de legalizar el consumo recreativo de marihuana y regular su producción, venta y distribución. También se aplica a los 20 estados de los Estados Unidos que han legalizado el consumo de marihuana con fines médicos.
El memorándum indica que el Departamento de Justicia no va a obstaculizar la implementación por parte de los estados de leyes que despenalicen o legalicen de algún modo la marihuana, siempre que esto no afecte ciertas prioridades federales, tales como prevenir la distribución de marihuana a menores, impedir que el crimen organizado se beneficie de los ingresos obtenidos de la venta de marihuana y prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y la distribución de marihuana.
El memorándum no aborda la situación de personas que hayan sido procesadas penalmente en el ámbito federal por actividades vinculadas con el uso médico de la marihuana que estaban contempladas por las leyes estatales pero que, según se determinó, contravenían a la vez las leyes federales. A fin de adecuarse a las pautas actuales, las autoridades federales deberían revisar las condenas y los procesos penales contra individuos en relación con el uso médico de marihuana que no hayan transgredido leyes estatales, y asegurar que se disponga la liberación anticipada de quienes fueron condenados, indicó Human Rights Watch.
El memorándum del Departamento de Justicia destaca acertadamente que un sistema estatal sólido de regulación y aplicación de la ley podría favorecer el cumplimiento de las prioridades federales, por ejemplo, al impedir que la delincuencia organizada se beneficie con el comercio ilegal de marihuana, reemplazando esta vía de comercialización con un mercado estrictamente regulado, observó Human Rights Watch.
“Resulta alentador que el memorándum del Departamento de Justicia reconozca que un sistema regulado de distribución de drogas podría contribuir a reducir el poder y los enormes ingresos obtenidos por las organizaciones criminales”, comentó McFarland. “El crimen organizado violento, que en muchos casos se financia a través del comercio de drogas ilícitas, implica una amenaza genuina para los derechos humanos y el estado de derecho a nivel global. Es crucial que los gobiernos evalúen formas alternativas de regular no sólo el uso, sino también el comercio de drogas”.
Si bien los gobiernos tienen un interés legítimo en prevenir los daños sociales causados por las drogas, las políticas actuales sobre control de drogas han provocado o contribuido a la comisión de graves violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
Aplicar sanciones penales a las personas por consumo personal o tenencia de drogas implica minar su autonomía y su derecho a la privacidad. En gran parte del mundo, la criminalización de la producción y distribución de drogas ha incrementado considerablemente la rentabilidad del comercio de drogas ilícitas, que a su vez ha propiciado el crecimiento y las operaciones de organizaciones delictivas responsables de actos de violencia y violaciones de derechos humanos a gran escala.
En Estados Unidos, también ha contribuido a un crecimiento dramático de la población carcelaria, y a que personas que cometieron faltas vinculadas con drogas cumplan penas excesivamente prolongadas, que no guardan proporción con la gravedad del delito.
Human Rights Watch insta a los gobiernos a adoptar enfoques regulatorios y de salud pública que prescindan de elementos penales y respeten los derechos humanos para disuadir, prevenir y resarcir el uso nocivo de drogas. Los estados deberían además adoptar medidas destinadas a paliar las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas, entre otras cosas, reduciendo la aplicación de normas penales en este ámbito y, cuando corresponda, adoptando nuevos marcos jurídicos y reglamentarios y adecuando las prácticas de implementación.
“Colorado y Washington, junto con los estados donde se permite el consumo de marihuana con fines médicos, finalmente han comenzado a dejar atrás un sistema de regulación en materia de drogas que depende excesivamente del derecho penal”, observó McFarland. “Al dar el visto bueno para que estos estados avancen, el gobierno estadounidense quizás esté sugiriendo que estaría dispuesto a considerar la posibilidad de reformas en las leyes federales sobre control de drogas”.
