Adolescentes embarazadas forman fila para someterse a un control prenatal durante una misión médica de embarazo adolescente organizada por la agencia de asistencia Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) en Vitas, un barrio de bajos recursos en Tondo, Manila, 31 de agosto de 2012. Enfrentándose a la prédica de la Iglesia Católica, que mantiene una poderosa presencia en el país, el presidente filipino Benigno Aquino —católico, al igual que el 80 por ciento de la población— ha dado su apoyo a una ley de salud reproductiva que, de ser aprobada, garantizaría el acceso al control de natalidad gratuito y fomentaría la educación sexual.
(c) 2012 Reuters

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Últimamente, no pasa más de una semana sin que alguien me pregunte cuándo voy a tener hijos. ¿Es esta una pregunta sexista? Un poco. ¿Tal vez entrometida? Pues sí, demasiado.

Tener o no hijos, o cuándo hacerlo, es una decisión totalmente personal con consecuencias para toda la vida. Afortunadamente, tengo todas las herramientas que necesito para tomar esta determinación por mí misma. Tengo acceso a métodos de planificación familiar y percibo un ingreso que me permite pagarlos. Sobre todo, tanto en mi relación como en mi familia y mi país, tengo la potestad de elegir usarlos sin demasiadas presiones (más allá de las sutiles insinuaciones de nuestras madres).

No soy víctima de abuso sexual ni violencia doméstica, de modo que me siento segura en mi hogar. Sé que, por ahora, voy a tener un ingreso incluso si quedo embarazada, y que recibiré beneficios a través del trabajo o el seguro social. También tengo seguro de salud. Sé que si doy luz a una niña, va a ser bienvenida en nuestra familia. Podría tener 10 hijos si quisiera, y si decido no tener ninguno, esto no implicará ningún problema. Pero hay millones de mujeres y niñas que no tienen la misma suerte.

El 11 de julio del año pasado, varios gobiernos y donantes se reunieron en una cumbre de planificación familiar en Londres. Allí, se comprometieron a destinar $2.600 millones a la planificación familiar en el sur global. Como resultado de esta iniciativa, más de 20 gobiernos trabajan ahora en la formulación de planes para incluir la planificación familiar en sus programas de salud. Se trata de un logro trascendental y sorprendente. Sin embargo, ¿permitirá que en la práctica las mujeres puedan tener control sobre el tamaño de sus familias? Human Rights Watch, junto con muchas otras organizaciones como Amnistía Internacional y el Center for Reproductive Health, alertó acerca de que la cumbre no había abordado suficientemente la cuestión de los derechos de mujeres y niñas.

“Debemos examinar el acceso desde la perspectiva [de la mujer]”, reconoce Melinda Gates, una de las promotoras de la cumbre, que además ha financiado numerosas iniciativas sobre salud reproductiva. “¿Todas las mujeres pueden obtener los anticonceptivos que desean sin coacción ni discriminación?”.

Todavía es muy poco lo que se hace para revertir las leyes y prácticas que generan coacción y agravan la discriminación. En términos políticos, esta tarea es mucho más compleja que simplemente abrir nuevas clínicas o incrementar el suministro de anticonceptivos. Nuestro trabajo ha demostrado que cuando las iniciativas de salud no toman en cuenta los derechos humanos de la mujer, los resultados no son efectivos. Comentamos a continuación dos modos en que se frustran las iniciativas destinadas a mejorar la planificación familiar debido a que no se consideran debidamente estos derechos.

En primer lugar, algunos gobiernos niegan a las mujeres el derecho a decidir cuántos hijos desean tener. Presionan a mujeres y niñas para que limiten la cantidad de hijos que tienen, a menudo con fines políticos o de control de población. En algunos países, las mujeres son víctimas de esterilización forzada, en especial las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad o con VIH, como en Chile y Uzbekistán.

En Birmania, por ejemplo, el estado de Rakhine implementó una política que establece un máximo de dos hijos para los musulmanes rohingya. Las políticas públicas se utilizan como instrumentos para controlar a la población integrada por una minoría étnica perseguida, en vez de para mejorar el acceso a la atención de la salud. Y en algunas partes de la India, la presión que se ejerce sobre trabajadores de la salud para que cumplan los objetivos en materia de planificación familiar ha generado un entorno intimidante para las familias. Más de 50 trabajadores de la salud han señalado a Human Rights Watch que las autoridades fijaban objetivos anuales sobre anticonceptivos, e impulsaban en particular la esterilización femenina. El énfasis de los programas de planificación familiar no debería centrarse principalmente en las estadísticas alcanzadas, sino más bien en la calidad y la naturaleza voluntaria del servicio prestado.

En segundo lugar, algunos gobiernos niegan a mujeres y niñas el derecho a decidir con quién desean casarse y cuándo. Las jóvenes que contraen matrimonio a temprana edad suelen quedar embarazadas casi inmediatamente, y esto tiene todo tipo de consecuencias para ellas y sus hijos. El matrimonio durante la infancia supone un riesgo directo para la salud; las complicaciones en el embarazo y el parto representan la principal causa de muerte en adolescentes de entre 15 y 19 años en países en desarrollo. Las jóvenes enfrentan riesgos mayores durante el embarazo y el parto que las mujeres adultas, como el peligro para la vida que suponen los inconvenientes durante el trabajo de parto debido a que su pelvis es demasiado pequeña y sus cuerpos aún no se han desarrollado completamente.

Hemos documentado estos problemas en Sudán del Sur, donde la situación se ha exacerbado debido a que la disponibilidad de atención prenatal y posnatal es limitada. El matrimonio a temprana edad también limita las posibilidades de adquirir conocimientos y habilidades, dado que es común que las jóvenes sean obligadas a dejar la escuela y carecen además de recursos, redes de asistencia social, movilidad y autonomía. Como resultado de esta situación, muchas veces tienen poco poder de decisión frente a sus esposos o familias, y esto limita su capacidad de conseguir planificación familiar y alternativas de anticoncepción. Es decir, a fin de mejorar de manera estructural el acceso a planificación familiar, los gobiernos deben abordar el tema de los matrimonios durante la infancia.

Son muchos más los obstáculos que se interponen a la planificación familiar, como la discriminación que sufren las mujeres en la atención de la salud, la violencia en el hogar, la deficiencia en la calidad de la atención y los abusos por parte de trabajadores de la salud. Dotar de fondos a los servicios de planificación familiar no constituye una medida suficiente. Tales acciones serán contraproducentes si los gobiernos ignoran las violaciones de derechos humanos que se ocultan detrás de estas situaciones, y se continuará privando a las mujeres y niñas más vulnerables de las alternativas que sí están disponibles para mujeres como yo.