(Washington, DC) – Estados Unidosdebería proteger a las personas que utilizan información gubernamental sensible o clasificada para exponer lo que parecen ser graves violaciones de derechos humanos u otros abusos del gobierno, señaló Human Rights Watch en un comunicadopublicado hoy.
Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) que recientemente atrajo la atención mundial sobre los programas de vigilancia de masas de Estados Unidos, podría ser objeto de extradición si es acusado por EE.UU. Si bien la totalidad de las revelaciones de Snowden y sus consecuencias aún se desconocen, la información que filtró sobre la vigilancia masiva de la NSA pone al descubierto extralimitaciones del gobierno que son claramente de gran interés público nacional e internacional, indicó Human Rights Watch.
“El escándalo tras las revelaciones de Snowden muestra la importancia de exponer el alcance y la administración del programa de vigilancia de EE.UU. a la vista del público, y eso debería caracterizar cualquier respuesta del gobierno, independientemente de la información que Snowden aún pueda revelar”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch . “EE.UU. necesita urgentemente un mejor sistema para proteger a las personas que utilizan la información clasificada para poner de manifiesto lo que razonablemente podría verse como una conducta inmoral por parte del gobierno”.
El gobierno de EE.UU. también debería abstenerse de aplicar la Ley de Espionaje de EE.UU., y sus estrictas sanciones, para castigar a quienes divulgan información clasificada a los medios de comunicación con el propósito de exponer delitos del gobierno y políticas contrarias a la ética, recomendó Human Rights Watch. Argumentar que la publicación de información clasificada en Internet demuestra una intención de “ayudar al enemigo” simplemente porque el “enemigo” podría leer información disponible públicamente, tal como el gobierno ha procedido en el juicio del soldado Bradley Manning de EE.UU., menoscaba la libertad de expresión y el derecho del público a información que puede ser esencial para proteger los derechos humanos y la responsabilidad democrática.
Las autoridades estadounidenses deberían ejercer discreción al evaluar cómo procesar estas filtraciones bajo las leyes estadounidenses que rigen la información clasificada, dijo Human Rights Watch. No deberían presentar cargos contra los denunciantes que ponen al descubierto los abusos del gobierno, a menos que puedan argumentar de manera convincente que el daño a la seguridad nacional causado por la divulgación de la información es tan significativo que anula el derecho del público al conocimiento, y estén preparados para defender ese caso públicamente, proporcionando los máximos detalles posibles sobre el daño real.
El Congreso de EE.UU. ha fallado en proporcionar una protección eficaz y recursos significativos a los denunciantes de la seguridad nacional, dijo Human Rights Watch. Las leyes y prácticas existentes otorgan a los potenciales informantes muy pocos canales internos para revelar abusos del gobierno, no cuentan con ningún recurso cuando las opciones existentes son inaccesibles o no responden, y tampoco gozan de un derecho significativo para impugnar cualquier represalia oficial o defenderse de la responsabilidad penal y civil. El Congreso también ha fracasado en presionar a los organismos de seguridad para que revelen suficiente información que permita un control democrático y eficaz o en reducir el crecimiento abrumador de la información clasificada.
Si Snowden hubiese tenido la opción de plantear la cuestión de la vigilancia masiva de la NSA de forma efectiva sin tener que enfrentar la posibilidad de cargos de espionaje, o de llevarla ante el Congreso para una acción real sin temor a represalias, es posible que no hubiese sentido la necesidad de huir a Hong Kong, señaló Human Rights Watch.
Los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, un influyente conjunto de compendios emitidos en 1996 por expertos en derecho internacional sobre la aplicación de las protecciones de los derechos humanos a la información de seguridad nacional, establece que: “Nadie podrá ser castigado por motivos de seguridad nacional por la divulgación de información si (…) el interés público en saber la información es mayor que el daño causado por la divulgación”.
“EE.UU. ha sido un líder mundial a la hora de conectar a la gente por teléfono e Internet, pero pone en peligro esa condición si no permite un debate público significativo sobre el extraordinario alcance de la vigilancia de la NSA”, dijo Roth. “Ofrecer una mayor protección a los denunciantes de seguridad nacional es un paso esencial en ese proceso”.
