Numerosas personas con discapacidad mental sufren graves abusos en instituciones psiquiátricas y centros de sanación espiritual de Ghana, indicó Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El gobierno de Ghana no ha adoptado suficientes medidas para combatir estos abusos o asegurar que estas personas puedan ejercer su derecho a vivir en comunidad, reconocido por el derecho internacional.
El informe de 84 páginas, “‘Like a Death Sentence’: Abuses against Persons with Mental Disabilities in Ghana” [Casi una sentencia de muerte: Abusos contra personas con discapacidad mental en Ghana],muestra que miles de personas con discapacidad mental son obligadas a vivir en este tipo de instituciones, muchas veces contra su voluntad y con escasas oportunidades de oponerse a esta reclusión. En los hospitales psiquiátricos, las personas con discapacidad mental viven hacinadas en instalaciones que no reúnen condiciones básicas de higiene. Y en algunos de los centros de sanación espiritual, más conocidos como centros de oración, a menudo son encadenadas a árboles, bajo un sol abrasador, y obligadas a ayunar durante semanas como parte del “proceso de curación”, a la vez que se les niega el acceso a medicamentos.
El informe también señala las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad mental que viven en la comunidad, quienes son objeto de actitudes estigmatizantes y discriminación, y muchas veces no cuentan con atención de la salud vivienda, ni alimentos adecuados.
“El gobierno debe actuar inmediatamente para poner fin a los abusos contra personas con discapacidad mental que se encuentran en instituciones, centros de oración y en la comunidad”, indicó Medi Ssengooba, becario Finberg en Human Rights Watch. “Las condiciones en que viven numerosas personas con discapacidad mental en Ghana son inhumanas y degradantes”.
El informe se elaboró a partir de más de 170 entrevistas con personas con discapacidad mental efectuadas en los tres hospitales psiquiátricos públicos del país, en ocho centros de oración y en la comunidad; además de familiares, proveedores de salud, personal y directivos de centros de oración, funcionarios gubernamentales y personal de organizaciones locales e internacionales que trabajan en Ghana.
La Organización Mundial de la Salud calcula que cerca de 3 millones de ciudadanos de Ghana tienen alguna discapacidad mental, y que 600.000 de estas personas padecen trastornos psiquiátricos sumamente severos.
Los tres hospitales psiquiátricos públicos que existen en Ghana —ubicados en Accra, Pantang y Ankaful— albergan a cerca de 1.000 personas con discapacidad mental. En todas estas instituciones, Human Rights Watch observó que las condiciones de higiene eran deplorables, y en algunas salas se sentía un fuerte hedor o había incluso excremento en el piso debido a roturas en las instalaciones cloacales. En el hospital en Accra los pacientes convivían hacinados, y muchas personas debían permanecer todo el día en el patio del hospital, bajo el sol, prácticamente sin poder repararse a la sombra.
Human Rights Watch comprobó que al menos cientos —y posiblemente miles— de personas con discapacidad mental son confinadas en centros de oración vinculados con iglesias pentecostales. Estos centros, administrados por personas que se autoproclaman profetas, funcionan sin ningún tipo de control gubernamental. Las personas con discapacidad mental que están en estos centros no reciben ningún tratamiento médico, y en algunos de esos establecimientos directamente se prohíbe brindar tratamiento, incluso cuando haya sido indicado por un médico. En vez de ello, los profetas intentan “curar” a los residentes apelando a milagros, consultas con “ángeles” y la sanación espiritual.
El informe determinó que en los centros de oración las condiciones eran incluso peores que en las instituciones psiquiátricas. En los ocho centros de oración inspeccionados, casi todos los residentes se encontraban en predios al aire libre, encadenados por el tobillo a árboles, y en ese mismo espacio dormían, orinaban, defecaban y se bañaban. Algunos hacía ya cinco meses que estaban en los centros de oración. Como parte del “proceso de curación”, las personas con discapacidad mental que están en estos centros —incluidos niños menores de 10 años— son sometidas habitualmente a ayunos que se prolongan durante semanas, y suelen comenzar con un período de 36 horas de lo que denominan ayuno seco, durante el cual se les niega incluso el agua.
Doris Appiah vivió más de 10 años en centros de oración y hospitales psiquiátricos, pero actualmente vive en la comunidad. Durante su estancia en centros de oración, Appiah permaneció más de dos meses atada con sogas y fue obligada a consumir peligrosas hierbas de la zona que le produjeron lesiones en la lengua.
“Apenas contraes una discapacidad mental, pierdes prácticamente todos tus derechos, incluso a opinar”, expresó a Human Rights Watch. “Pedimos al gobierno que adopte medidas para asegurar que las personas con discapacidad mental tengan acceso a servicios ubicados lo más cerca posible y que se controle a los centros de oración para evitar que las personas que ingresen en estos establecimientos sufran abusos”.
Ghana ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en julio de 2012. Conforme a esta convención, los países se comprometen a adoptar medidas para asegurar que las personas con discapacidad mental puedan tomar decisiones importantes sobre su vida por sí mismas, como elegir su lugar de residencia y con quién desean vivir, y no sean obligadas a vivir en instituciones.
La Ley de Salud Mental de 2012 de Ghana, que entró en vigor en junio, establece un sistema a través del cual las personas con discapacidad pueden oponerse a ser recluidas en hospitales psiquiátricos. No obstante, dado que la ley no se aplica a los campos de oración, sus residentes no tienen acceso a vías de reclamación legal para pedir su liberación. En la mayoría de los centros de oración, los residentes únicamente pueden irse del establecimiento cuando el profeta considera que se han sanado.
La ley también contempla el ingreso y el tratamiento forzados en hospitales psiquiátricos, y favorece un sistema de tutela en vez de la toma de decisiones con asistencia, lo cual limita la posibilidad de que las personas con discapacidad mental adopten sus propias decisiones. Ambas situaciones son incompatibles con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El gobierno debería crear servicios de asistencia dentro de la comunidad, incluidas alternativas de vivienda y atención de la salud que permitan a personas con discapacidad mental vivir en la comunidad, indicó Human Rights Watch. Los establecimientos donde se interna o se brinda tratamiento a personas con discapacidad mental, incluidos los centros de oración, deben estar sujetos a una regulación estricta. El gobierno debería asegurar además que las personas no sean detenidas por la fuerza en estos centros ni en hospitales psiquiátricos y que tengan acceso a mecanismos para denunciar la violación de sus derechos.
“Es importante reconocer que Ghana ha dado un gran paso al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, manifestó Ssengooba. “Ahora es el momento de conseguir cambios concretos en las políticas y prácticas que afectan a personas con discapacidad mental en Ghana”.
