(Ranchi)—Las autoridades indias y los insurgentes maoístas han amenazado y atacado a activistas de la sociedad civil, socavando sus libertades fundamentales e interfiriendo con la entrega de ayuda humanitaria en las zonas de conflicto en India central y oriental.
El informe de 60 páginas, “Between Two Sets of Guns: Attacks on Civil Society Activists in India’s Maoist Conflict” (“En un doble blanco de tiro”: Ataques contra activistas de la sociedad civil en el conflicto maoísta de la India”), documenta abusos a los derechos humanos contra activistas en los estados indios de Orissa, Jharkhand y Chhattisgarh. Human Rights Watch descubrió que activistas de base que prestan asistencia para el desarrollo y dan a conocer los abusos en las zonas de conflicto maoístas están particularmente en riesgo de ser blanco de las fuerzas de seguridad gubernamentales y de los insurgentes maoístas, conocidos como naxalitas. Los maoístas frecuentemente acusan a los activistas de ser informantes y les advierten contra la implementación de los programas del gobierno. La policía exige que actúen como informantes, y aquellos que se niegan se arriesgan a ser acusados de simpatizar con los maoístas y ser sometidos a detenciones arbitrarias y torturas. Las autoridades utilizan las leyes de sedición para restringir la libertad de expresión y también inventan causas penales para encarcelar a los detractores del gobierno.
Human Rights Watch hizo un llamamiento a un cese inmediato al hostigamiento, los ataques y otros abusos contra los activistas por las fuerzas del gobierno y los maoístas.
"Los maoístas y las fuerzas gubernamentales parecen tener poco en común excepto su voluntad de atacar a activistas de la sociedad civil que informan sobre los abusos de los derechos contra las comunidades locales", dijo Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch y autora del informe. "Los trabajadores humanitarios y defensores de los derechos necesitan poder hacer su trabajo de forma segura y no ser acusados de tener una agenda política simplemente por poner en evidencia los abusos".
El informe se basa principalmente en más de 60 entrevistas con residentes locales, activistas, periodistas y abogados que fueron testigos o estaban al tanto de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad indias y los maoístas principalmente en Orissa, Jharkhand y Chhattisgarh entre julio de 2011 y abril de 2012.
Si bien los defensores de derechos humanos rara vez han sido objeto de ataques directos de los maoístas, operan en un clima de miedo y corren un gran riesgo si critican los abusos de los maoístas. Los maoístas han sido particularmente brutales con las personas sospechosas de ser informantes del gobierno o "enemigos de clase" y no dudan o castigarlos con disparos o decapitación después de un "juicio" sumario en un autodeclarado "tribunal popular" (jan adalat). Los jan adalats están lejos de cumplir con las normas internacionales de independencia, imparcialidad, competencia de los jueces, la presunción de inocencia y el acceso a un abogado defensor.
Por ejemplo, en marzo de 2011, los maoístas mataron a Niyamat Ansari, quien ayudó a varios aldeanos a acceder al Programa Nacional de Garantía del Empleo Rural en Jharkhand. Los maoístas lo secuestraron y luego reconocieron su asesinato, alegando que fue castigado por "estar bajo la influencia de la administración de la policía, llevar a cabo actividades anti-personas y contrarrevolucionarias y por desafiar al partido".
Las autoridades gubernamentales en Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh han arrestado, torturado y maltratado arbitrariamente a muchos activistas de la sociedad civil, señaló Human Rights Watch. Frecuentemente han presentado cargos contra ellos por motivos políticos, incluso por asesinato, conspiración y sedición. Los cargos de sedición fueron presentados a pesar de un fallo de la Corte Suprema de 1962 según el cual el enjuiciamiento bajo la ley exige pruebas de incitación a la violencia. A menudo, estos cargos se retiran solo cuando los fiscales no son capaces de sostener las acusaciones en la corte. Pero para entonces, los activistas ya han cumplido períodos innecesariamente largos en prisión debido a que sus solicitudes de libertad bajo fianza son denegadas de forma rutinaria. La policía a menudo ha intentado justificar estas acciones desacreditando a los activistas y acusándolos de ser maoístas o partidarios de los maoístas.
Por ejemplo, Rabindra Kumar Majhi, Madhusudan Badra y Kanderam Hebram, activistas del Instituto Integral de Desarrollo Rural y Capacitación de Keonjhar, en Orissa, fueron detenidos arbitrariamente en julio de 2008. Los tres fueron brutalmente golpeados hasta aceptar la falsa confesión de que eran maoístas. Majhi fue colgado del techo por las piernas y golpeado tan fuerte que sufrió una fractura de fémur. Sin embargo, cuando James Anaya, el ponente especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó su preocupación por su seguridad, el gobierno indio, basándose en las declaraciones policiales, insistió en que los detenidos habían confesado ser culpables de los delitos. Los tres fueron absueltos después, poniendo en evidencia que el gobierno no investigó de forma independiente las alegaciones policiales, pero los tres pasaron dos años y medio en prisión preventiva.
"Cualquier persona que se involucra en actividades delictivas debe ser sometida a un juicio justo, incluso los activistas", señaló Ganguly. "Sin embargo, las autoridades locales deberían actuar sobre la base de evidencias específicas de actividad criminal, no a partir de una suposición general de que los detractores del Estado son simpatizantes de la violencia maoísta. El gobierno nacional debe intervenir y poner fin a los procesos judiciales por motivos políticos".
El activista Himanshu Kumar tuvo que interrumpir su trabajo con la población predominantemente tribal en la región de Bastar de Chhattisgarh debido a la intimidación del Estado. Había armado una red de activistas locales para implementar los programas gubernamentales de alimentación y salud, y trabajar en otros proyectos de desarrollo. Después de que el gobierno de Chhattisgarh comenzara a apoyar al movimiento justiciero contra los maoístas Salwa Judum en 2005, Kumar comenzó a presentar denuncias contra los abusos de Salwa Judum y se hizo visible en los medios de comunicación y durante las manifestaciones. En represalia, la administración del distrito declaró que la sede de su organización se encontraba ilegalmente en terrenos forestales protegidos. En mayo de 2009, la policía demolió la estructura. Al no poder encontrar otro espacio en el área, y debido a las amenazas y las detenciones de varios de sus empleados, Kumar tuvo que marcharse de Chhattisgarh.
"El gobierno de la India ha afirmado repetidamente que es imprescindible un enfoque paralelo para resolver el problema maoísta mediante la entrega de ayuda al desarrollo a la vez que se emprenden operaciones de seguridad contra los maoístas", dijo Ganguly. "Sin embargo, el gobierno no ha logrado impedir que las autoridades locales y las fuerzas de la seguridad ataquen e intimiden a los activistas de la sociedad civil, que a menudo están implementando precisamente los mismos programas que podrían contribuir al desarrollo en estas áreas remotas e ignoradas desde hace tanto tiempo".
Testimonios:
"La policía dice: ‘Usted viaja por todas partes. ¿Por qué no lo matan los maoístas?’ Pero los maoístas también están enojados conmigo. Los líderes locales dicen que estoy incitando a la gente contra los maoístas. Todo lo que estoy haciendo es decirle a la gente que deberían protestar para proteger sus vidas. Están atrapados entre dos blancos de tiro y deberían denunciar que están sufriendo. La policía me dijo: ‘Lo estamos vigilando. Si habla demasiado, acabará en la cárcel con cargos de homicidio".
- Un activista de derechos humanos en Chhattisgarh, agosto de 2011 (los detalles no fueron revelados)
"Ellos [los policías] me empezaron a golpear... Me preguntaban todo el tiempo: ‘¿Eres maoísta?’ Yo respondía que no. Me dijeron que si lo negaba, me golpearían más. Al final dijo que sí”.
- Madhusudan Badra, Orissa, julio de 2011
"Mis colegas fueron arrestados bajo cargos falsos, incluso de homicidio .... El número de represalias violentas seguían en aumento. Empecé a sentir que mi estrategia había fracasado: en lugar de protegerlos, había hecho a estos pueblos tribales más vulnerables. Seguir trabajando en Dantewada sólo habría traído más hostigamiento, más ataques y más detenciones de las personas que estaba tratando de ayudar. Decidí marcharme de Dantewada. "
- Himanshu Kumar, Chhattisgarh, agosto de 2011
