Un camión de carga en el bosque Keonjhar, el estado de Orissa, India.

© 2008 Redux Pictures

(Panaji) – El Gobierno de India no ha aplicado salvaguardas fundamentales en materia ambiental y de derechos humanos en la industria minera del país, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 70 páginas, “Out of Control: Mining, Regulatory Failure and Human Rights in India” (“Fuera de control: Minería, fracaso reglamentario y derechos humanos en India”), concluye que las deficiencias profundamente arraigadas en el diseño y la aplicación de políticas fundamentales ha hecho que en la práctica los operadores de minas se supervisen a sí mismos. Esto ha fomentado una anarquía generalizada en la industria minera de India rodeada de escándalos y amenaza con provocar serios perjuicios a las comunidades afectadas por las minas. Human Rights Watch documentó las acusaciones de que las operaciones mineras irresponsables habían dañado la salud, el agua, el medio ambiente y los medios de vida de estas comunidades.

“Las operaciones mineras suelen causar una inmensa destrucción cuando el Gobierno no ejerce la supervisión adecuada”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch. “India cuenta teóricamente con leyes que protegen a las comunidades afectadas por las minas del daño, pero su aplicación básicamente se ha colapsado”.

Human Rights Watch constató que el Gobierno de India no se ha asegurado que las 2,600 operaciones de minería autorizadas en el país adopten las protecciones fundamentales en materia ambiental y de derechos humanos contempladas por la legislación india. Estos problemas están relacionados y han provocado una serie de denuncias de corrupción de alto nivel en la industria minera que han convulsionado India en los últimos años. La ilegalidad en el sector minero ha privado a los gobiernos estatales de los ingresos que tanto necesitan, ha amenazado a la industria con cierres costosos e imprevisibles, y ha generado el caos político que contribuyó al derrocamiento de dos gobiernos estatales en 2011 y 2012.

El informe de Human Rights Watch se basa en parte en entrevistas con más de 80 personas en los estados de Goa y Karnataka, así como en Nueva Delhi, entre ellas residentes de las comunidades afectadas, activistas y funcionarios de empresas mineras y el Gobierno.

Los agricultores de Goa y Karnataka dijeron a Human Rights Watch que las operaciones mineras habían destruido o contaminado manantiales y suministros de agua subterránea vitales. Los camiones sobrecargados de mineral desprenden nubes de polvo repletas de hierro cuando pasan por las comunidades rurales, que destruyen las cosechas y pueden dañar la salud de las familias cercanas. En algunos casos, las personas que se expresaron abiertamente acerca de estos problemas han sido amenazadas, hostigadas o atacadas físicamente, mientras las autoridades gubernamentales no han atendido sus quejas.

Según Human Rights Watch, estos y otros problemas de derechos humanos en la industria minera están relacionados con fallos profundamente arraigados de supervisión y reglamentación gubernamental. Algunas salvaguardias reglamentarias fundamentales están abocadas al fracaso debido a las deficiencias en su diseño. Sin embargo, en muchos casos, Human Rights Watch observó que el problema es que la implementación es tan deficiente que elimina la eficacia de leyes relativamente buenas.

“Los escándalos de la minería pueden capturar titulares, pero las causas fundamentales de los problemas de la minería en India son más básicas”, señaló Ganguly. “El Gobierno ha fomentado la ilegalidad al no aplicar la ley y ni siquiera supervisar si los operadores de minas la están cumpliendo”.

La legislación india, al igual que de las muchos otros países, incorpora de manera algo confusa las protecciones de los derechos humanos fundamentales en los marcos reglamentarios destinados principalmente a mitigar los impactos ambientales de las operaciones mineras. Esto hace que la mayor parte de la responsabilidad del seguimiento y el control recaiga en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de India.

El Gobierno tiene suficiente autoridad para corregir las deficiencias graves en el marco reglamentario existentes, señaló Human Rights Watch. Por ejemplo, el Gobierno deja que las empresas mineras encarguen y produzcan las evaluaciones “independientes” del impacto ambiental, que se usan para valorar los posibles impactos ambientales, sociales y de derechos humanos de un proyecto de minería propuesto. Esto crea un conflicto de interés innecesario que podría resolverse haciendo que los reguladores sean los responsables principales de encargar estos estudios. Las evaluaciones también tienden a prestar escasa atención a las cuestiones sobre derechos humanos, y se concentran sobre todo en las preocupaciones puramente ambientales.

Human Rights Watch observó que el control es un problema aún mayor. Las instituciones reglamentarias están desesperadamente sobrecargadas. Unas cuentas docenas de funcionarios del Gobierno están encargados de supervisar los impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos de todas las minas de India —y también de muchos otros sectores. Esto hace que sea prácticamente imposible vigilar sobre el terreno, lo que obliga al Gobierno a depender casi exclusivamente de la información suministrada por los propios operadores de minas. Muchos organismos de supervisión de los Gobiernos estatales tienen aún menos capacidad para implementar sus complicados mandatos. Como consecuencia, los reguladores gubernamentales no tienen ni idea de cuántas empresas mineras están cumpliendo las leyes ni de cuántas comunidades se están viendo perjudicadas por las prácticas ilegales.

El proceso de aprobación de nuevas operaciones mineras sufre problemas similares. Con frecuencia, los reguladores confían exclusivamente en las evaluaciones del impacto ambiental encargadas por las empresas mineras para determinar si se permite que un proyecto siga adelante. Las visitas sobre el terreno son raras y los proyectos se consideran y aprueban a un ritmo tan rápido que no hay tiempo para examinar seriamente las conclusiones de los informes sobre el impacto ambiental.

Sin embargo, las pruebas demuestran que estos informes suelen estar plagados de información incorrecta y deliberadamente engañosa. Dentro de esto contexto, casi nunca se niega la aprobación de nuevos proyectos de minería y de otros sectores. La explotación de muchas minas en funcionamiento actualmente podría haberse aprobado sobre la base de información falsa acerca de los posibles daños para las comunidades vecinas.

El Gobierno central ha adoptado algunas medidas tentativas para la mejora de la supervisión: como requerir a las empresas que elijan entre una lista de firmas acreditadas para que lleven a cabo la evaluación del impacto ambiental. Sin embargo, el avance de las reformas ha sido escaso. Human Rights Watch instó al Gobierno a que adopte una serie de recomendaciones pragmáticas sobre políticas para limitar algunas de las deficiencias reglamentarias más importantes.

“La minería es una parte importante de la economía india, pero esto no significa que se debe permitir que la industria escriba sus propias reglas”, dijo Ganguly. “El Gobierno puede y debe potenciar a los reguladores para que en la actualidad puedan realizar su trabajo de manera más eficaz que”.