Tumbas de víctimas del ataque en Gatumba el 18 de septiembre de 2011. En el fondo se aprecia un monumento a las víctimas del atentado de 2004 en Gatumba.

© 2011 Human Rights Watch

(Buyumbura) – Decenas de personas han sido asesinadas durante atentados políticos ocurridos en Burundi desde fines de 2010, Human Rights Watch señaló en un informe divulgado hoy. Estas ejecuciones, en algunos casos efectuadas por agentes del Estado y miembros del partido gobernante, y en otros por grupos armados de oposición, son un reflejo de la impunidad reinante, la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y la ineficacia del poder judicial.

El informe de 81 páginas, titulado “‘No tendrán paz mientras vivan’: Escalada de violencia política en Burundi” (“‘You Will Not Have Peace While You Are Living’: The Escalation of Political Violence in Burundi”), documenta casos de muertes por motivos políticos ocurridas en Burundi en el marco de las elecciones de 2010. Estas muertes, que alcanzaron niveles máximos a mediados de 2011, en algunas instancias se produjeron como resultado de ataques perpetrados a modo de represalia por miembros del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia(Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie, CNDD-FDD), actualmente en el poder, y por miembros de las Fuerzas Nacionales de Liberación(Forces nationales de libération, FNL), que representan a la oposición. En la gran mayoría de los casos, las familias de las víctimas no han conseguido obtener justicia.

El informe también documenta los intentos del Gobierno de Burundi por restringir los esfuerzos de los medios independientes y la sociedad civil por denunciar los hechos de violencia.

“El partido gobernante tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del país tras las elecciones de 2010”, afirmó Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “En vez de ello, hemos advertido que se persigue en forma sistemática a ex miembros de ejércitos rebeldes y políticos de oposición. Muchos de los que se rehusaron a ceder ante las presiones para unirse al CNDD-FDD han pagado esta decisión con su vida”.

Human Rights Watch instó al gobierno y a los grupos de oposición a denunciar los asesinatos cometidos por sus miembros y partidarios y a adoptar medidas para prevenir nuevos hechos de violencia. Human Rights Watch exhortó además al gobierno a actuar para poner fin al patrón de ejecuciones y amenazas de muerte contra actuales miembros y ex miembros de grupos de oposición por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y el ala juvenil del CNDD-FDD, conocida como imbonerakure.

El presente informe se elaboró a partir de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en Burundi desde principios de 2011 hasta comienzos de 2012, y de numerosas entrevistas con víctimas, familiares de víctimas y testigos. Contiene una descripción minuciosa del atentado más nefasto de ese período, ocurrido en septiembre de 2011 en un bar de la localidad de Gatumba, en el cual murieron al menos 37 personas.

El informe también hace referencia a numerosos casos de personas que recibieron amenazas, tuvieron que ocultarse o fueron asesinadas debido a sus supuestas ideas políticas. Uno de estos casos fue el de Audace Vianney Habonarugira, un combatiente desmovilizado de las FNL, que fue asesinado en julio de 2011. Pocos días antes de su muerte, relató con detalle a Human Rights Watch que estaba siendo perseguido en todo el país por policías, militares y agentes de inteligencia.

Varios miembros del partido gobernante también han sido víctimas de asesinatos selectivos. Pascal Ngendakumana y Albert Ntiranyibagira, dos oficiales de bajo rango del CNDD-FDD, fueron asesinados en un bar en abril de 2011 por presuntos miembros de las FNL. En el incidente también perdió la vida una joven que se encontraba circunstancialmente con ellos.

A principios de 2011, el gobierno intentó minimizar la magnitud de estas muertes, y afirmó que la mayoría estaban vinculadas con delitos comunes y que en Burundi reinaba la paz. Pero el drástico incremento de los hechos de violencia a partir de julio, seguido por el ataque ocurrido en Gatumba en septiembre, obligó al gobierno a abandonar esta postura.

Sin embargo, en vez de iniciar investigaciones rigurosas y perseguir a los presuntos responsables con carácter prioritario, el gobierno permitió que la mayoría de quienes perpetraron estos atentados políticos permanecieran en libertad, aun cuando eran identificados por testigos como los supuestos agresores.

En uno de los pocos casos en que sí se juzgó a los presuntos responsables —el atentado en Gatumba—, el procedimiento presentó graves irregularidades. Varios de los acusados afirmaron en corte haber sido torturados, pero los jueces no parecieron tener en cuenta estas denuncias ni ordenaron que se investigaran. A su vez, los jueces se negaron a citar a declarar a personas señaladas por la defensa, incluidos varios agentes de policía e inteligencia de alto rango que, según los acusados, habían participado en los eventos previos al atentado. Ante las irregularidades procesales, los abogados de los 21 acusados abandonaron la sala, y el juicio concluyó en pocos días.

El informe elaborado por la comisión investigadora designada por el gobierno para esclarecer el atentado de Gatumba, que fue completado en octubre, no se ha hecho público.

“Incluso en un caso excepcional en que se juzgó a presuntos responsables, se cometieron graves irregularidades que minaron la imparcialidad y la credibilidad del juicio”, aseveró Bekele. “La consecuencia de esto es que las personas creen que no hubo justicia”.

La ausencia de investigaciones exhaustivas y juicios rigurosos ha deteriorado la confianza pública en el sistema judicial y ha provocado incredulidad entre quienes sobreviven a hechos de violencia y familiares de víctimas, señaló Human Rights Watch. Un sobreviviente del atentado en Gatumba dijo a Human Rights Watch: “Ellos [las autoridades] siempre dicen que van a investigar, pero luego no sucede nada. Estamos acostumbrados”. La falta de confianza pública en la policía y el sistema judicial podría frustrar futuras investigaciones, ya que los testigos no creen que su testimonio servirá para que las autoridades tomen medidas.

El gobierno ha perseguido e intimidado a periodistas y activistas de la sociedad civil, acusándolos de estar alineados con la oposición cuando estos denunciaron casos de ejecuciones. Bob Rugurika, director de una de las principales radios independientes, la Radio PúblicaAfricana (Radio Publique Africaine, RPA), ha sido citado a comparecer ante la Fiscalía Pública en ocho oportunidades entre julio y noviembre de 2011 para responder a preguntas sobre los programas que transmite RPA. Las autoridades lo han acusado de difundir información que “incita al odio étnico” e “insta a la población a la desobediencia civil”. Sin embargo, no fue acusado formalmente en relación con ninguno de estos señalamientos.

Pierre-Claver Mbonimpa, presidente de la organización de derechos humanos APRODH, fue criticado por altos funcionarios gubernamentales luego de haber hablado públicamente sobre rumores de un supuesto plan del gobierno para eliminar a miembros de la oposición. En una carta de febrero, el Ministro de Interior lo acusó de emprender una “seudo campaña de desinformación y demonización, e incitar a la población a desconfiar de las autoridades”, y amenazó con aplicar sanciones contra su organización.

“Los medios de comunicación y la sociedad civil de Burundi tienen derecho a trabajar libremente e informar sobre incidentes de violencia”, expresó Bekele. “En algunas ocasiones pareciera que el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la persecución de periodistas y activistas de derechos humanos que denunciaron estos hechos de violencia, en vez de abordar la raíz de esta violencia y asegurar que los responsables rindan cuentas”.

Human Rights Watch observó durante 2012 una mejora en la situación en Burundi en cuanto a seguridad, así como una reducción en la cantidad de muertes por motivos políticos.

“Esto representa una oportunidad para que el Gobierno de Burundi procure solucionar los problemas de fondo que llevaron a la escalada de violencia en 2011 y adopte medidas efectivas para impedir nuevas muertes”, indicó Bekele.