(Nueva York) – La decisión de Perú de restablecer el derecho a voto de miles de personas con discapacidad constituye una medida importante que contribuirá a asegurar su plena participación en la sociedad, señaló hoy Human Rights Watch. Más de 23,000 personas con discapacidades mentales e intelectuales habían sido excluidas del padrón electoral para las elecciones presidenciales de abril y junio de 2011 como resultado de una política del gobierno anterior.
El 10 de octubre de 2011, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dictó una resolución que dejó sin efecto una serie de políticas que excluían del censo electoral a personas con determinadas discapacidades mentales e intelectuales. El Registro también se comprometió a trabajar con los organismos gubernamentales relevantes para dar pronta resolución a esta situación. Este logro fue el resultado de años de incidencia por parte de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones locales de personas con discapacidad.
El 14 de octubre, el Registro entregó un nuevo documento nacional de identidad, donde consta el dato del grupo de votación que se exige para participar en los sufragios, a María Alejandra Villanueva, una joven con síndrome de Down que recientemente planteó ante las Naciones Unidas su exclusión del padrón electoral en Perú.
“Pareciera que Perú ha reconocido que la exclusión arbitraria de miles de sus ciudadanos del derecho a voto, como ha sucedido en el país, pone en duda la esencia misma de una sociedad democrática”, afirmó Shantha Rau Barriga, investigadora y defensora de derechos de personas con discapacidad en Human Rights Watch. “Sin embargo, Perú aún tiene que reformar su Código Civil para asegurar que se garantice a todas las personas con discapacidad el derecho a la plena participación política”.
El Código Civil de Perú limita el ejercicio del derecho a voto de las personas con discapacidad y dispone que algunas personas, incluidas aquellas con discapacidad múltiple sensorial, son “absolutamente incapaces” de ejercer sus derechos civiles, y que tales derechos deben ser ejercidos por sus representantes legales. Estas disposiciones son contrarias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Perú en enero de 2008, la cual señala que “las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”, y esto incluye el derecho a voto y a la participación política.
Durante el último año, Human Rights Watch ha llevado a cabo un seguimiento de los obstáculos a la participación política que enfrentan las personas con discapacidad en Perú y el resto del mundo. En noviembre de 2010, luego de que varias personas con discapacidad denunciaran que se les había negado el derecho a voto y la continu apresión de las organizaciones de personas con discapacidad, funcionarios peruanos admitieron que cerca de 20,000 personas con discapacidades intelectuales y psicosociales habían sido excluidas del padrón electoral.
En algunos casos, habían sido excluidas por políticas de los organismos pertinentes, y en otros casos el personal de tales organismos había resuelto arbitrariamente que no tenían derecho ni obligación de votar, ya que en Perú el voto tiene carácter obligatorio. A principios de diciembre, el Registro invitó a estas personas a empadronarse nuevamente. No obstante, debido a la poca anticipación y a que la medida no se comunicó de manera eficiente, menos de 60 personas con discapacidad pudieron reinscribirse antes del cierre del padrón de votantes. En consecuencia, miles de personas con discapacidad fueron excluidas de la posibilidad de votar en las elecciones nacionales.
“La presunción de que las personas con discapacidad mental e intelectual carecen de capacidad para votar es errónea e ilícita”, señaló Barriga. “Los votantes eligen a los candidatos por las más diversas razones. Sería absurdo insinuar que todos los votantes deberían probar su ‘capacidad electoral’ antes de emitir el sufragio”.
En su resolución de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se comprometió a crear una comisión encargada de tratar las multas impuestas a personas con discapacidad mental e intelectual que no pueden votar. La comisión estará integrada por representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
La resolución también obliga al Registro a emitir documentos nacionales de identidad en los cuales se incluya el dato del grupo de votación a todas las personas con discapacidad que hayan sido excluidas del padrón electoral, y exige que estos sean entregados gratuitamente en el domicilio de los titulares.
“Se trata de un paso importante para restablecer el derecho a voto de las personas con discapacidad”, manifestó Barriga. “Sin embargo, todavía faltan algunas medidas para asegurar su igualdad, y el gobierno debería además reformar el Código Civil y otras normas que vulneran los derechos y la dignidad de personas con discapacidad”.
