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Belarús: Poner fin a la masiva represión gubernamental

La ONU debe condenar la crisis de derechos humanos

(Moscú) – Las autoridades bielorrusas detuvieron arbitrariamente y maltrataron a cientos de personas después de una manifestación de protesta por la reelección del presidente Aliaksandr Lukashenka el 19 de diciembre de 2010, y desde entonces han llevado a cabo una campaña de represión de la sociedad civil y la libertad de expresión en todo el país, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 31 páginas, “Shattering Hopes: Post-ElectionCrackdown in Belarus” (Arruinar la esperanza: Represión poselectoral en Belarús), documenta las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido desde las elecciones, entre ellas la persecución de candidatos y activistas de la oposición, el maltrato a detenidos, los juicios a puerta cerrada y las redadas de organizaciones de derechos humanos. El informe explica también en detalle las denuncias de las terribles condiciones de detención, la negación del acceso a un abogado y la presión del Gobierno sobre los abogados que representan a los que se enfrentan a cargos relacionados con la protesta poselectoral. Estos y otros abusos contribuyen a un grave deterioro de una situación, ya de por sí deficiente, de los derechos humanos en Belarús, señaló Human Rights Watch.El informe se basa en entrevistas realizadas en febrero de 2011 en Minsk.

“El Gobierno bielorruso lleva más de una década reforzando su control sobre la sociedad civil”, señaló Anna Sevortian, directora de la oficina de Rusia de Human Rights Watch. “Ahora, la nueva oleada de persecuciones se ha convertido en una crisis que requiere una firme respuesta de la ONU”, agregó.

Human Rights Watch y más de un centenar de organizaciones y activistas de derechos humanos instaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que actualmente está celebrando sus sesiones en Ginebra, a que adopte una resolución de condena de las violaciones de los derechos humanos cometidas después de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre, y determine medidas que Gobierno bielorruso debería adoptar el para mejorar la situación.

El 19 de diciembre, hasta un total de 30,000 personas salieron a las calles de Minsk para protestar pacíficamente contra lo que temían podría convertirse en otro fraude electoral. Cuando se declaró la victoria abrumadora de Lukashenka, algunas docenas de personas enmascaradas empezaron a romper ventanas de la principal sede del Gobierno. La policía y las fuerzas de seguridad intervinieron y golpearon a todos los que pudieron, la mayoría manifestantes pacíficos, patearon a los que caían al suelo y persiguieron y atraparon a las personas que se encontraban en las calles adyacentes, incluidos los transeúntes.

Esa noche y en los días siguientes, la policía detuvo a cientos de personas. Durante las siguientes dos semanas, los tribunales administrativos impusieron condenas de “detención administrativa” de entre 10 y 15 días a por lo menos 725 personas por participar en una manifestación no autorizada. Los juicios se celebraron a puerta cerrada, y las sesiones duraron normalmente de 10 a 15 minutos. En la mayoría de los casos, los acusados no contaron con abogados y no se les permitió presentar testigos.

Los detenidos cumplieron sus condenas hacinados en celdas, donde tuvieron que dormir en el suelo, compartir camas o dormir por turnos. Muchos dijeron que se estaban congelando en sus celdas y no tenían retretes.

Las autoridades están investigando a más de 48 personas acusadas de los disturbios relacionados con la protesta del 19 de diciembre, entre ellos siete candidatos presidenciales, líderes de la oposición política, activistas y trabajadores de campañas electorales; cuatro de ellos han sido condenados a una pena de hasta cuatro años de cárcel. Al menos 30 personas, entre ellas dos antiguos candidatos presidenciales, seguían detenidas a finales de febrero de 2011. Aunque los detenidos han contado ocasionalmente con la presencia de un abogado durante los interrogatorios, ninguno ha podido reunirse en privado con sus abogados. Los abogados de varios detenidos dijeron que el Ministerio de Justicia y otros funcionarios les advirtieron extraoficialmente que no hablaran públicamente acerca de la situación de los casos de sus clientes. En marzo de 2011, habían suspendido las licencias profesionales de cuatro abogados y uno había sido inhabilitado.

“La presión sobre los abogados no tiene precedentes y está paralizando a toda la comunidad legal para que se mantenga al margen de los casos delicados”, señaló Sevortian. “Todos los abogados deben ser libres de defender a sus clientes sin temor al hostigamiento o las represalias”, agregó.

Durante la noche de las protestas, algunas unidades de las fuerzas de seguridad registraron las oficinas de dos organizaciones, el Centro Viasna de Derechos Humanos y Carta 97, donde detuvieron a 10 empleados de Viasna y confiscaron equipo informático y de comunicación. La policía detuvo también al editor de Carta 97, además de una serie de activistas clave de la oposición en otros lugares. Durante las semanas siguientes, realizaron repetidamente redadas de estas y otras organizaciones e interrogaron a su personal.Dado que, en Belarús, la participación en una organización no registrada constituye un delito penal, y las autoridades no han permitido la inscripción oficial de la mayoría de los grupos de la sociedad civil, los activistas corren el riesgo de ser enjuiciados.

La policía y las fuerzas de seguridad registraron también las dependencias de cuatro medios de comunicación independientes y las casas de 12 periodistas, y confiscaron su equipo. Las autoridades bielorrusas suspendieron también la licencia de al menos una estación de radio. Los reglamentos sobre Internet adoptados el año pasado refuerzan la autoridad del Gobierno para suprimir las fuentes de información en red.

“El Estado ha controlado durante años a los medios impresos y audiovisuales, y las noticias en red, y los sitios web de las organizaciones no gubernamentales son las únicas fuentes de información independiente”, señaló Sevortian. “Ahora estas fuentes corren peligro”, agregó.

Human Rights Watch instó al Gobierno bielorruso a que:

- Realice una investigación exhaustiva e independiente sobre los eventos del 19 de diciembre de 2010;
- Ponga inmediatamente en libertad a los que no participaron en actos de violencia;
- Garantice que todos los detenidos tengan acceso sin impedimentos y con confidencialidad a un abogado; y
- Ponga fin a la represión contra los abogados y la sociedad civil.

Human Rights Watch y otras 130 ONG y activistas nacionales e internacionales pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inste al Gobierno a adoptar estas medidas.

“El Gobierno ha generado una grave crisis de derechos humanos en Belarús, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no debe guardar silencio al respecto”, señaló Servotian. “Una resolución del Consejo demostraría claramente a las autoridades bielorrusas que deben cesar la represión actual”, agregó.

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