Una refugiada zimbabwense, de 29 años de edad, vive con su bebé en pobreza extrema en Johannesburgo, Sudáfrica. Después de las elecciones de marzo de 2008 en Zimbabue, las milicias del ZANU-PF asesinaron a su hermano y quemaron su casa debido a su apoyo al opositor Movimiento por el Cambio Democrático [MCD]. La mujer dijo que la golpearon brutalmente, a pesar de su avanzado estado de embarazo, y la dejaron por muerta.

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(Johannesburgo) – El hecho de que el Gobierno de Zimbabue haya fallado a la hora de investigar y enjuiciar los asesinatos, las torturas y los episodios de violencia por motivos políticos que han tenido lugar desde las elecciones de 2008 está alimentando nuevas violaciones de los derechos humanos, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy.

El informe de 40 páginas, “Perpetual Fear: Impunity and Cycles of Violence in Zimbabwe” (“Miedo perpetuo: Impunidad y ciclos de violencia en Zimbabue”), examina la ausencia de justicia en varios casos ilustrativos de asesinatos políticos, torturas y secuestros cometidos por representantes de las fuerzas de seguridad gubernamentales y sus aliados durante y después de la campaña de las elecciones presidenciales de 2008. Human Rights Watch instó al Gobierno de coalición de Zimbabue a poner inmediatamente en marcha investigaciones creíbles, imparciales y transparentes sobre las graves violaciones cometidas contra los derechos humanos, así como a enjuiciar y castigar a los responsables, independientemente de su posición o rango.

“La promesa que hizo el Gobierno de coalición después de ganar las elecciones de 2008 de que implementaría reformas en las cuestiones de derechos humanos ha sido todo palabras y poca acción”, dijo Daniel Bekele, director de África para Human Rights Watch. “El fracaso del Gobierno a la hora de castigar a los atacantes sólo entusiasma a quienes intentan cometer actos de violencia política y torturas”.

A finales de febrero de 2011, la policía de Harare irrumpió en una reunión de personas que estaban mirando un video sobre las recientes manifestaciones en el norte de África. La policía detuvo a todos los que se encontraban en la sala y algunas personas supuestamente fueron golpeadas en las plantas de los pies. El incidente forma parte de una tendencia más amplia de violencia política contra quienes son percibidos como opositores del presidente Robert Mugabe y la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), el partido que durante mucho tiempo fue el único gobernante, de cara a las elecciones programadas para el próximo año, dijo Human Rights Watch.

Human Rights Watch ya había documentado previamente casos de violencia durante las elecciones de 2008, demostrando que el Gobierno liderado por el ZANU-PF fue responsable, al más alto nivel, de abusos generalizados y sistemáticos que acabaron con la vida de hasta 200 personas, de las palizas y torturas contra otras 5,000 y del desplazamiento de alrededor de 36,000 personas.

Hasta ahora la rendición de cuentas por estos crímenes ha sido escasa o ausente, señaló Human Rights Watch. Las denuncias de violencia política presentadas por las víctimas o sus familiares han sido en su gran mayoría ignoradas por la policía o se han quedado estancadas en los tribunales. El Gobierno no ha respondido a los llamamientos de organizaciones no gubernamentales locales para se investiguen los abusos.

Human Rights Watch expresó su preocupación ante el hecho de que muchos de los que cometieron delitos graves durante las elecciones de 2008 continúan viviendo en las mismas comunidades, a veces al lado de sus víctimas, aumentando los temores sobre posibles nuevos episodios de violencia en el futuro. Los grupos locales de derechos humanos han denunciado varios casos en que agentes de seguridad y partidarios del ZANU-PF, que torturaron y golpearon a personas durante las elecciones de 2008, han amenazado a las víctimas con más violencia de cara a la propuesta de un referéndum constitucional y nuevas elecciones.

El Gobierno de coalición de Zimbabue también ha fallado a la hora de exigir responsabilidades a los agentes de seguridad que en noviembre y diciembre de 2008 secuestraron y torturaron a más de 40 activistas de derechos humanos y funcionarios del Movimiento para el Cambio Democrático, el antiguo partido de la oposición que ahora forma nominalmente parte del Gobierno de coalición. No ha habido arrestos en el caso, a pesar de las sentencias judiciales que dictaminan que se cometieron actos de tortura y la identificación por parte de los activistas de algunos de los agentes del Estado que participaron en dichos actos.

El progreso en el establecimiento de mecanismos efectivos de justicia transicional para abordar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado también ha sido escaso. El Organismo de Reparación, Reconciliación e Integración Nacional, que se estableció a raíz de la creación del Gobierno de unidad nacional, no ha incluido ninguna disposición para la justicia y la rendición de cuentas. Las disposiciones constitucionales que permiten a Mugabe conceder indultos, la amnistía o clemencia para los implicados o condenados por graves violaciones de los derechos humanos no han sido enmendadas, tal como estaba contemplado en el plan de trabajo para después de las elecciones.

Human Rights Watch instó al Gobierno de coalición a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la impunidad mediante la creación de una comisión de investigación independiente, integrada por miembros de la sociedad civil con credibilidad, con el fin de investigar las graves violaciones cometidas contra los derechos humanos, incluidas los que tuvieron lugar durante el período electoral de 2008.

“Zimbabue no podrá celebrar elecciones libres, justas y creíbles hasta que no se restaure el Estado de derecho y se termine con la impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos”, señaló Bekele. “El Gobierno debe poner fin a la violencia política y demostrar que puede administrar justicia”.