Un agente de policía se encuentra fuera de la sede del partido de la oposición CNDD en Bujumbura, durante una reunión de líderes de la oposición el 23 de junio de 2010. Después de que agentes policiales y de inteligencia rodearon la oficina, líderes de la oposición se encerraron en el inmueble ante el temor a ser arrestados.

© 2010 Martina Bacigalupo/VU

(Nairobi) - Burundi está reprimiendo a la sociedad civil, los medios de comunicación y los partidos de la oposición tras las agitadas elecciones municipales y nacionales celebradas entre mayo y septiembre de 2010, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy.

El informe de 69 páginas, "Closing Doors?: The Narrowing of Democratic Space in Burundi" (¿Cerrando las puertas?: El estrechamiento del espacio democrático en Burundi), documenta abusos como la tortura, los arrestos arbitrarios, la prohibición de actividades de la oposición y el hostigamiento contra grupos de la sociedad civil. Human Rights Watch instó al Gobierno a que ponga fin a los abusos y fortalezca los mecanismos institucionales para promover la rendición de cuentas de los funcionarios del Gobierno y las fuerzas de seguridad.

"Tras la conclusión de las elecciones, Burundi tiene una oportunidad perfecta de entablar un diálogo con sus críticos y trabajar con ellos para desarrollar un Estado más inclusivo y respetuoso de los derechos", señaló Rona Peligal, directora para África de Human Rights Watch. "En cambio, estamos presenciando arrestos de periodistas y miembros del partido de la oposición, y el hostigamiento de la sociedad civil, aplastando la esperanza de poder empezar de nuevo en Burundi", agregó.

El informe está basado en más de un centenar de entrevistas con periodistas, activistas de la sociedad civil, miembros del partido de la oposición, funcionarios del Gobierno, diplomáticos y observadores electorales. Documenta los esfuerzos crecientes de las autoridades burundesas para silenciar a las voces de disentimiento antes, durante y después de las elecciones.

El Gobierno reconoció el resultado de un congreso "ilegal" organizado por miembros disidentes del principal partido de la oposición, las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), en el que se reemplazó a los líderes del partido por personas dispuestas a acatar los deseos del partido gobernante. Ha prohibido las actividades de una coalición de partidos de la oposición, la Alianza de Demócratas por el Cambio (ADC-Ikibiri). Los periodistas y los activistas de la sociedad civil que expresan opiniones críticas son considerados opositores políticos y sometidos a arrestos y amenazas.

Según Human Rights Watch, el Gobierno ha dado algunas muestras de apertura. Expresó recientemente su voluntad para entablar un diálogo con Human Rights Watch, por primera vez desde la expulsión del investigador de la organización en el país en junio, cuando se puso en marcha el proceso electoral. También ha adoptado algunas medidas para el establecimiento de mecanismos institucionales que aseguren la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, en general, las restricciones de las expresiones públicas y las actividades políticas empezaron a aumentar poco después de que los partidos de la oposición rechazaran los resultados de las elecciones comunales, o municipales, de mayo. Después de que el partido gobernante, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), ganara por un amplio margen, los partidos de la oposición alegaron que se había producido un fraude masivo y boicotearon las siguientes elecciones legislativas y presidenciales. El ministro del Interior, Edouard Nduwimana, respondió con la prohibición de todas las actividades de los partidos que no participaron en las elecciones presidenciales. El boicot hizo que el presidente en ejercicio, Pierre Nkurunziza, fuera el único candidato presidencial y saliera elegido para un segundo mandato en junio.

Durante las elecciones, las autoridades gubernamentales arrestaron a varios centenares de miembros de la oposición. Algunos habían participado en actividades violentas, entre ellas una serie de ataques con granadas durante las campañas presidenciales y legislativas. Pero otros fueron arrestados arbitrariamente. Algunos de los detenidos dijeron a Human Rights Watch y otras organizaciones que habían sido torturados. El Gobierno impuso ilegalmente restricciones sobre los viajes de al menos dos miembros de la oposición.

El Gobierno también se enfocó a los periodistas y a la sociedad civil. Cuatro periodistas fueron arrestados entre julio y noviembre.  Uno de ellos, Jean Claude Kavambagu, sigue encarcelado por cargos de traición relacionados con la publicación de un artículo criticando a los servicios de seguridad del Estado. Los periodistas y los activistas que participaron en la campaña para reclamar justicia para Ernest Manirumva, un activista contra la corrupción, asesinado en abril de 2009, fueron sometidos a amenazas de muerte y vigilancia, especialmente después de que el Tribunal de Apelaciones de Bujumbura celebrara la primera audiencia pública sobre el caso en julio.

El clima de intimidación se mantuvo después de las elecciones. El 20 de octubre, el portavoz de la policía, Pierre Channel Ntarabaganyi, amenzó con arrestar a Pierre Claver Mbonimpa, presidente de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas (APRODH), después de que Mbonimpa acusara a la policía de cometer ejecuciones extrajudiciales.

En septiembre, los oficiales de inteligencia arrestaron y detuvieron a Faustin Ndikumana, un trabajador de la Radio Pública Africana (RPA), bajo cargos cuestionables. En septiembre y octubre, las autoridades judiciales interrogaron a otros siete trabajadores de la RPA, dentro de una aparente práctica sistemática de hostigamiento.

El espacio para la actividad política de los partidos de la oposición sigue siendo limitado. Después de las elecciones, algunos miembros de las FNL y de otros partidos de la oposición se retiraron a las zonas forestales que habían sido bases de las tropas rebeldes durante la guerra civil de Burundi de 1993-2009, y al otro lado de la frontera con la República Democrática del Congo. Desde septiembre, han llevado a cabo ataques esporádicos contra objetivos policiales y militares y contra civiles asociados con el CNDD-FDD. En respuesta, las autoridades han arrestado a varias docenas de miembros de la oposición por cargos relacionados con la "pertenencia a grupos armados", en algunos casos sin determinar específicamente el delito cometido.

Durante y después de las elecciones, han sido asesinados miembros tanto del partido gobernante como de la oposición en atentados con aparente motivación política. Desde septiembre, se han hallado al menos 18 cuerpos en el río Rusizi, cerca de Bujumbura. Entre ellos estaban los cadáveres de tres miembros de las FNL que habían sido arrestados en octubre, lo que hizo que las Naciones Unidas y la Unión Europea se sumaran a las voces de la APRODH, la organización de derechos humanos burundesa, para condenar las aparentes ejecuciones extrajudiciales.

"El resurgimiento de los grupos armados que están cometiendo abusos, entre ellos el asesinato de civiles, plantea una amenaza real de seguridad para el Gobierno", señaló Peligal. "Pero la amenaza de los grupos armados no justifica los asesinatos extrajudiciales ni los arrestos arbitrarios", agregó.

El informe identifica algunos acontecimientos positivos. Según Human Rights Watch, algunos funcionarios del Gobierno han mantenido un diálogo constructivo con la sociedad civil y los partidos de la oposición.  En junio, un tribunal de la provincia de Muramvya dio un raro ejemplo de independencia judicial con la condena de tres agentes de policía por el maltrato de presuntos miembros de las FNL y otros civiles en 2007, aunque los agentes de policía aún no han sido puestos bajo custodia.

Las autoridades judiciales han prometido investigar las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno ha establecido también una defensoría de los derechos humanos para la tramitación de las quejas contra funcionarios públicos. Sin embargo, la persona nombrada responsable de este organismo es un alto miembro del partido gobernante, lo que genera preocupación sobre su capacidad para mantenerse neutral frente a las quejas de carácter político.

Según Human Rights Watch, los gobiernos extranjeros donantes han alentado a Burundi a que respete los derechos de los periodistas y los activistas de la sociedad civil. Otros países de la región han promovido que Burundi cumpla sus promesas de fortalecimiento de los mecanismos institucionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, debido a su frustración por la decisión de la oposición de boicotear unas elecciones en las que se había implicado mucho la comunidad internacional, muchos de estos países no han instado activamente al Gobierno a que respete los derechos de los partidos de la oposición.

"Si Burundi quiere que el mundo lo considere una democracia, su líderes tienen que evitar la tentación de gobernar como un Estado monopartidista de facto, y garantizar en cambio el espacio para la oposición política y las expresiones de disentimiento", señaló Peligal. "Los donantes internacionales y los países vecinos deben dejar claro al partido gobernante de Burundi que tiene que colaborar con sus críticos, en lugar de silenciarlos", agregó.