(Nueva York) - El Congreso mexicano debería modificar sustancialmente la propuesta presentada por el Presidente Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar, afirmó hoy Human Rights Watch. La reforma propuesta no pondría fin a la impunidad actual de los abusos militares contra civiles.

La propuesta presentada por Calderón al Congreso el 18 de octubre de 2010 delegaría a las autoridades civiles la investigación y el juzgamiento de tres tipos de violaciones de derechos humanos (desaparición forzada, violación sexual y tortura). Sin embargo, otras violaciones graves cometidas por militares contra civiles, como las ejecuciones extrajudiciales y los tratos crueles e inhumanos, continuarían siendo investigadas por el sistema de justicia militar, que no ofrece a las víctimas acceso a una justicia independiente e imparcial.

"Las autoridades civiles deben tener la facultad para investigar y juzgar todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares y no solamente algunas", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "La propuesta del presidente no haría más que perpetuar la impunidad de los de abusos militares".

Asimismo, la propuesta de Calderón reconocería a las autoridades militares facultades discrecionales para determinar qué casos deben remitirse a los tribunales ordinarios y permitiría que los agentes del ministerio público militar tengan control sobre pruebas clave. Asimismo, los cambios propuestos prevén la posibilidad de prescripción para los delitos de desaparición forzada. Una disposición de este tipo sería contraria al derecho internacional, que establece que la desaparición forzada constituye un delito permanente mientras se desconozca el destino y el paradero de la víctima.

El informe "Impunidad Uniformada", publicado en abril de 2009 por Human Rights Watch, documentó que los militares que cometen violaciones de derechos humanos en México habitualmente no rinden cuentas por sus actos. Esto se debe, en gran medida, a que los casos son investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que carece de independencia e imparcialidad.

En México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las Fuerzas Armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares. Las víctimas y sus familiares no tienen la posibilidad de cuestionar aspectos básicos, como qué sistema de justicia debería resultar competente para investigar violaciones de derechos humanos.

En una sentencia vinculante dictada en noviembre de 2009 en el caso Radilla Pacheco v. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de "compatibilizar[lo] con los estándares internacionales". La Corte señaló que "frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar". México ha manifestado en varias oportunidades su compromiso de cumplir plenamente la decisión. La Corte reiteró su posición en la sentencia de agosto de 2010 en el caso Valentina Rosendo Cantú v. México.

Los abusos militares han incrementado significativamente desde que en 2007 el Presidente Calderón movilizó al Ejército para intervenir en operativos de seguridad pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, un organismo oficial, ha publicado informes exhaustivos sobre más de 60 casos de abusos aberrantes cometidos por el Ejército desde que Calderón asumió la presidencia. Los casos incluyen asesinatos, violaciones sexuales y torturas.

Varios de estos informes -incluidas las investigaciones sobre el asesinato de dos estudiantes en el Tec de Monterrey en marzo y de los niños Almanza en abril, ocurridos presuntamente cuando estas víctimas civiles inocentes fueron alcanzadas por balas disparadas durante un enfrentamiento armado entre el Ejército y delincuentes- concluyeron que los militares habían alterado la escena del crímen y se negaron a entregar pruebas. La Comisión informó haber recibido más de 4.600 denuncias de abusos militares desde 2007.

Según los datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa (SEDENA), los tribunales militares han condenado a un sólo militar en relación con violaciones de derechos humanos cometidas durante el actual gobierno.

La práctica de los militares de investigar sus propios actos a través de este deficiente sistema de justicia militar vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de México de ofrecer un recurso legal efectivo contra los abusos y de reconocer a toda persona el "derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley".

"El Congreso debería mejorar la propuesta defectuosa de Calderón", afirmó Vivanco. "Mientras se permita que los militares se investiguen a sí mismos, México impedirá que las víctimas de abusos militares tengan acceso a la justicia y que los mexicanos en general cuenten con una política efectiva de seguridad pública".