(Bishkek, 16 de agosto de 2010) - Algunas fuerzas del Gobierno facilitaron, a sabiendas o sin darse cuenta, una serie de ataques contra vecindarios de origen uzbeko durante los disturbios violentos que tuvieron lugar en el sur de Kirguistán en junio de 2010, Human RightsWatch señaló en un nuevo informe publicado hoy. Además, las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley fallaron a la hora de proteger adecuadamente a la comunidad uzbeca, añadió Human RightsWatch.
El informe de 91 páginas, "‘Where is the Justice?': InterethnicViolence in SouthernKyrgyzstan and itsAftermath"( "‘¿Dónde está la justicia?': Violencia interétnica en el sur de Kirguistán y sus secuelas"), también denuncia que la investigación del Gobierno de los episodios violentos, en los que murieron cientos de personas y hubo miles de heridos, está siendo empeñada por continuos abusos, mientras que nuevos ataques por motivos étnicos tienen lugar en el sur. Las autoridades deberían poner en marcha una exhaustiva investigación sobre cuál fue el papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Gobierno en los disturbios y procesar a los responsables, recomendó Human RightsWatch.
El informe está basado en más de 200 entrevistas de víctimas kirguisas y uzbecas, además de testigos, abogados, activistas de los derechos humanos, funcionarios del Gobierno y representantes de las fuerzas de la seguridad. Para la realización del informe también se analizaron imágenes satelitales, fotografías, videos, documentales y pruebas forenses.
"Está claro que la amplia violencia étnica impuso desafíos monumentales a las fuerzas de seguridad de Kirguistán", dijo Ole Solvang, investigador de situaciones de emergencia de Human RightsWatch y unos de los autores del informe. "Sin embargo, descubrimos que algunas de las fuerzas de seguridad se convirtieron en parte del problema en vez de la solución".
Los disturbios en el sur de Kirguistán empezaron el 10 de junio, cuando una gran aglomeración de personas de origen uzbeco se concentró en un casino del centro de Osh en respuesta a una pequeña pelea entre uzbecos y kirguisos. Una serie de ataques violentos a lo largo de la noche del 10 de junio contra personas de origen kirguiso y la incineración de varios edificios enfurecieron a los kirguisos de Osh y pueblos circundantes. A continuación, miles de ellos irrumpieron en la ciudad. Desde primera hora de la mañana del 11 de junio hasta el 14 de junio, multitudes atacaron barrios uzbecos, cuyos residentes en algunos casos respondieron con más violencia. Multitudes saquearon e incendiaron tiendas y hogares uzbecos en Osh, Jalal-Abad, Bazar-Kurgan y otras ciudades del sur. En algunas áreas incendiaron barrios enteros hasta no dejar más que cenizas.
Al menos 371 personas murieron, y posiblemente muchas más, como consecuencia de este caos. Varios miles de edificios, la mayoría propiedad de personas de origen uzbeco, fueron completamente derruidos.
Los testigos de la destrucción de vecindarios relataron consistentemente a Human RightsWatch que hombres en uniforme de camuflaje en vehículos militares blindados retiraban las barricadas improvisadas levantadas por los residentes, abriéndoles el paso a las muchedumbres violentas hacia los barrios. A menudo, aseguraron estos testigos, hombres armados siguieron a los vehículos blindados hasta los vecindarios y, una vez ahí, abrieron fuego y ahuyentaron a los residentes que quedaban, para luego dejar que las multitudes saquearan y prendieran fuego a las viviendas.
Si bien las autoridades admiten que las muchedumbres violentas de Kirguistán robaron algunas armas y vehículos usados en los ataques, esto no es suficiente para responder por la presencia de vehículos militares en los ataques, señaló Human RightsWatch. La información recopilada por Human RightsWatch indica que al menos en algunos vecindarios las autoridades gubernamentales controlaban dichos vehículos. Además, también muestra que en algunas ocasiones las fuerzas del Gobierno que acudieron a los barrios con el propósito de desarmar a los residentes brindaron la oportunidad y cobertura, ya fuera de forma intencionada o no, para que las muchedumbres violentas llevaran a cabo sus ataques. Otra cuestión pendiente que requiere investigación es si participaron activamente en esos ataques y, de ser así, en qué medida.
Human RightsWatch dijo que aunque las autoridades dispusieran de razones de seguridad legítimas para irrumpir en los barrios uzbecos, no cumplieron con su obligación de garantizar la seguridad de los residentes en vista de la amenaza clara e inminente que representaban las muchedumbres.
"Las investigaciones nacionales e internacionales deben averiguar exactamente qué es lo que hicieron las autoridades gubernamentales y si hicieron todo lo posible para proteger a la gente", dijo Solvang. "Esto es crucial tanto para la justicia como para aprender sobre cómo responder a nuevos brotes de violencia".
Human RightsWatch señala que se han producido violaciones generalizadas en el curso de la investigación de las autoridades de Kirguistán sobre los disturbios de junio, la cual recopila ya más de 3,500 casos penales.
El informe documenta redadas a gran escala en los vecindarios uzbecos, durante las cuales las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley golpearon e insultaron a los residentes y saquearon sus hogares. Durante una de estas operaciones, en el pueblo de Nariman, las fuerzas de seguridad hirieron a 39 residentes, dos de los cuales murieron subsecuentemente.
El informe también documenta las abusivas operaciones de búsqueda e incautación de bienes que las fuerzas de la seguridad han llevado a cabo diariamente en los barrios predominantemente uzbecos de Osh. Docenas de víctimas aportaron testimonios consistentes sobre cómo oficiales de las fuerzas de seguridad registraban las casas sin identificarse, sin orden de registro y sin explicar las razones del allanamiento. También detuvieron a personas sin órdenes de arresto, se negaron a informar a las familias sobre el paradero de los detenidos y, en algunos casos, golpearon a los detenidos y colocaron pruebas falsas para inculparlos, como por ejemplo, cartuchos de bala usados.
Las autoridades les denegaron de forma rutinaria a los prisioneros, entre otros derechos, el derecho a un abogado, y mientras permanecieron bajo custodia los sometieron a malos tratos y torturas. Human RightsWatch recibió denuncias sobre las torturas y los malos tratos que sufrieron más de 60 detenidos, al menos uno de los cuales falleció como resultado de las heridas sufridas durante su detención.
Si bien las autoridades kirguisas no han publicado cifras oficiales que muestren el desglose étnico de los detenidos y aseguran que arrestaron tanto a sospechosos uzbecos como kirguisos, las pruebas recopiladas por Human RightsWatch indican que la mayoría de detenidos son de origen uzbeco.
Durante su investigación en Kirguistán, Human RightsWatch planteó la cuestión de los arrestos arbitrarios y las torturas en los centros de detención a las autoridades del país, incluso al presidente y al ministro del Interior, además de a las autoridades locales de aplicación de la ley.
Es cierto que algunos altos oficiales gubernamentales en Bishkek emitieron varios comunicados instando a las autoridades locales a que acabaran con los abusos y, en una entrevista con los medios de comunicación en agosto, el presidente Roza Otunbaeva reconoció que algunas de las violaciones habían tenido lugar. Sin embargo, en las reuniones con Human RightsWatch, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Osh desestimaron las alegaciones de abuso y defendieron su actuación.
"Aquellos responsables de los atroces crímenes tanto contra kirguisos como uzbecos durante los disturbios violentos de junio deberían ser procesados independientemente de su etnicidad, título o rango", dijo Solvang. "Pero no podrá haber una investigación de verdad a menos que las autoridades respeten las leyes kirguisas e internacionales, y no hay ninguna razón por la cual las autoridades de Kirguistán no puedan detener inmediatamente los abusos que sufren los detenidos en custodia".
Human RightsWatch dijo que los continuos abusos alimentan las tensiones en una situación ya de por sí volátil.
El 22 de julio, Estados miembro de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) acordaron desplegar un pequeño grupo de asesoría policiaca al sur de Kirguistán para asistir a las autoridades kirguisas en reducir las tensiones étnicas. Human RightsWatch también hizo un llamado a todos los gobiernos interesados y a la Organización de las Naciones Unidas para apoyar una investigación internacional sobre los disturbios y sus secuelas.
"La violencia de junio ha dejado profundas cicatrices", dijo Solvang. "Para que esas heridas se curen es necesario que se brinde justicia y protección igualitaria para todas las comunidades étnicas".
