(Jerusalén) - Israel debería investigar la destrucción ilícita de propiedades civiles durante las hostilidades de 2009 en Gaza y levantar el bloqueo que obstaculiza los esfuerzos de los residentes por reconstruir sus viviendas, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 116 páginas, "'I Lost Everything': Israel's Unlawful Destruction of Property in the Gaza Conflict" ("Lo perdí todo': La destrucción ilegal por parte de Israel de propiedades en el conflicto de Gaza) documenta 12 casos independientes durante la Operación Plomo Fundido en que las fuerzas israelíes destruyeron indiscriminadamente propiedades civiles, incluidas viviendas, fábricas, granjas e invernaderos, en áreas bajo su control, sin ningún propósito militar legítimo. Las investigaciones de Human Rights Watch, basadas en evidencias físicas, imágenes satelitales y múltiples testimonios en cada emplazamiento, no encontraron indicaciones de que hubiera habido enfrentamientos en los alrededores cuando se dio la destrucción.
Israel asegura que sus fuerzas militares sólo destruyeron propiedades civiles cuando había grupos palestinos armados que estuvieran atacando desde ellas, o las utilizaban para almacenar armas, esconder túneles u otros objetivos militares. Israel también alega que muchos hogares en Gaza fueron destruidos por bombas trampa de Hamas. Pero las pruebas en los incidentes que investigó Human Rights Watch no respaldan esas alegaciones.
"Casi 16 meses después de la guerra, Israel aún no ha hecho rendir cuentas a ninguna de las tropas que destruyeron ilícitamente franjas de propiedades civiles en áreas bajo su control", dijo Sarah Leah Whitson, directora de Medio Oriente para Human Rights Watch. "El bloqueo de Israel sigue socavando los esfuerzos de los habitantes de Gaza por reconstruir sus hogares, lo que significa que Israel sigue castigando a los civiles de Gaza mucho después de que la lucha haya terminado".
Human Rights Watch encontró evidencias en los 12 casos que indican que soldados israelíes llevaron a cabo los actos de destrucción por razones punitivas u otros motivos ilícitos, violando el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra) que prohíbe la destrucción deliberada de propiedades civiles excepto cuando es necesario por razones militares legítimas. En siete de estos casos, las imágenes satelitales corroboraron los testimonios que acusaban a las fuerzas israelíes de destruir muchas estructuras tras establecer su control sobre una zona, y poco antes de que Israel declarara un alto el fuego y retirara sus tropas de Gaza el 18 de enero de 2009.
El bloqueo general de Israel de la Franja de Gaza, un castigo colectivo contra los civiles impuesto como reacción a la toma del control de Gaza por parte de Hamas en junio de 2007, ha minado los esfuerzos de reconstrucción, incluso en áreas donde Human Rights Watch documentó destrucciones. Israel ha dado su consentimiento a las importaciones de cemento para varios proyectos de reparaciones, pero el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, señaló a finales de marzo que son apenas "una gota en el océano" en comparación con las necesidades de reconstrucción de viviendas.
Las autoridades israelíes insisten en que el bloqueo, que ya había deteriorado las condiciones humanitarias en Gaza antes de la Operación Plomo Fundido, no será levantado hasta que Hamas ponga en libertad al sargento del estado mayor Gilad Shalit, el soldado israelí capturado en 2006, renuncie a la violencia y cumpla otras condiciones políticas. El hecho de que Hamas haya mantenido a Shalit en régimen de incomunicación tanto tiempo viola la prohibición del uso de tratos crueles e inhumanos, y podría ser considerado como tortura.
Muchos bienes entran a Gaza como contrabando a través de túneles que cruzan la frontera sur con Egipto, y muchos de los edificios dañados han sido reparados al menos parcialmente con ladrillos fabricados a partir de cemento contrabandeado y escombros reciclados de concreto. Sin embargo, estos materiales de construcción improvisados son, según informes, de mala calidad y no pueden ser utilizados para proyectos de reconstrucción de gran envergadura. En las zonas de Gaza donde Human Rights Watch encontró evidencias de que las fuerzas israelíes habían derribado viviendas en áreas bajo su control, prácticamente no ha habido ninguna clase de reconstrucción de los edificios destruidos. Esto pone de manifiesto que la insuficiente provisión de materiales de reconstrucción hace que estos materiales sean prohibitivamente caros para la mayoría de residentes de Gaza, ya que tres cuartos de estos habitantes viven en la pobreza.
Egipto también comparte la responsabilidad del castigo colectivo impuesto sobre la población civil de Gaza por el cierre de su propia frontera al sur de Gaza. Salvo en limitadas circunstancias, Egipto se niega a permitir el paso de bienes o personas que tratan de cruzar a través de los puntos fronterizos bajo su control en Rafah.
Las leyes de la guerra prohíben ataques contra blancos civiles, incluyendo edificios residenciales y fábricas civiles, a menos que se conviertan en un objetivo militar legítimo, como suceden cuando aportan a las fuerzas enemigas una ventaja militar definida en las circunstancias imperantes del momento. El informe examina incidentes de destrucción que sugieren la violación de las leyes de la guerra, mismas que prohíben la destrucción extensa de propiedades civiles sin motivos militares justificados de manera legítima. Esta clase de violencia supone una violación grave de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que es aplicable en Gaza. Los individuos responsables de cometer u ordenar semejantes actos de destrucción deberían ser procesados judicialmente por crímenes de guerra.
Human Rights Watch no incluyó en su informe casos en los que la destrucción no fuera masiva o en los que las pruebas dejaran entrever cualquier posibilidad de que la destrucción por parte de las tropas israelíes de una propiedad podía haber estado justificada militarmente o estar basada en información errónea.
Human Rights Watch documentó la completa destrucción de 189 edificios, incluyendo 11 fábricas, 8 almacenes y 170 edificios residenciales, apenas un 5 por ciento de las propiedades totales destruidas en Gaza, dejando como resultado a 971 personas sin hogar. En los casos investigados en los barrios de Izbt Abd Rabbo, Zeitoun y Khoza'a, las fuerzas israelíes habían destruido prácticamente todas las casas, fábricas y campos de cultivo dentro de unas áreas determinadas, lo que parece indicar un plan aparente de destrucción sistemática en esos emplazamientos. La infraestructura industrial destruida incluía plantas de producción de jugos de frutas y galletas, un molino de harina y siete fábricas de cemento. Human Rights Watch no determinó si estos incidentes representaban un patrón más amplio, pero Israel debería investigar exhaustivamente estos casos, incluyendo la justificación de cualquier decisión política relevante, y castigar adecuadamente a las personas que considere que actuaron ilícitamente.
"Las pruebas apuntan a que, en estos casos, el ejército israelí destruyó gratuitamente los hogares de las personas y sus medios de subsistencia", dijo Whitson. "Si el Gobierno de Israel no investiga y castiga a los responsables, equivaldría a respaldar el sufrimiento al que se han visto sometidos estos civiles".
Abogados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron a Human Rights Watch que las FDI están investigando muchos de los casos de destrucción de propiedades documentados en este informe. Sin embargo, estas no son investigaciones penales por parte de la policía militar, sino son los llamados informes operativos del Ejército que ni siquiera toman en cuenta los testimonios de testigos palestinos. De las 150 investigaciones abiertas hasta la fecha en relación a la Operación Plomo Fundido, 36 son penales y el resto informes operativos. Dos de estos casos penales incluyen acusaciones de daños a edificios.
Hasta ahora, la única sanción reportada que se ha impuesto por la destrucción ilegítima de propiedad civil durante la Operación Plomo Fundido fue una medida disciplinaria indeterminada tomada in situ por el comandante en el terreno contra un soldado por un incidente relacionado con "daños a la vegetación" en Gaza. Las FDI no aportaron más detalles relacionados al episodio ni a la sanción disciplinaria en cuestión. En general, hasta ahora, Israel sólo ha sentenciado penalmente a un soldado y ha sancionado a otros cuatro soldados y comandantes por violaciones legales durante la operación de Gaza.
En concreto, Israel no ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales para determinar si las decisiones políticas tomadas por las altas autoridades militares y políticas, incluyendo las decisiones previas a la operación, condujeron a violaciones de las leyes de la guerra, como la destrucción ilegítima de infraestructura civil.
Israel ha publicado los resultados de una investigación militar de uno de los casos incluidos en este informe, informando que el ataque sobre un molino de harina había sido justificado. Sin embargo, imágenes en video y otras pruebas disponibles contradicen las conclusiones de esta investigación. (A finales de marzo de 2010, Israel anunció que había aprobado las importaciones de cemento para reparar la planta de harina). Las FDI no dieron explicaciones sobre los demás 11 incidentes que Human Rights Watch documentó y que previamente había denunciado ante las FDI.
Las autoridades de Hamas tampoco han tomado ninguna medida significativa para investigar o hacer rendir cuentas a miembros de Hamas y otros grupos palestinos armados de serias violaciones a las leyes de la guerra, ya sea antes, durante o después de la Operación Plomo Fundido, que en su mayoría consistieron en el lanzamiento de cohetes hacia áreas pobladas de Israel. Con todo, bajo las leyes de la guerra, la ilegitimidad de un bando en un conflicto armado no justifica un acto ilegítimo por el otro.
Bajo las leyes de la guerra, no toda destrucción de propiedad civil se considera injustificada. En algunos casos, Hamas y otros grupos palestinos armados se valieron de infraestructura civil para almacenar armas y luchar contra las fuerzas israelíes; también colocaron bombas trampa en estos edificios civiles y excavaron túneles debajo de ellos.
Además, Human Rights Watch criticó a Hamas y otros grupos palestinos por lanzar cohetes desde áreas habitadas. En esos casos, los daños a las propiedades causados por los contraataques israelíes contra los grupos armados podrían considerarse como "daños colaterales" justificados. Los grupos palestinos armados también podrían ser responsables por la destrucción de propiedades civiles en casos en los que los ataques de las FDI provocaron explosiones secundarias de armas o explosivos almacenados en ellas por los grupos armados, y que a su vez dañaron estructuras colindantes. La destrucción de propiedades civiles durante una batalla inmediata o que tenga como fin permitir el paso de las fuerzas israelíes porque las carreteras adyacentes fueron minadas y no son transitables también puede ser legítima, dependiendo de las circunstancias.
Las investigaciones de Human Rights Watch tuvieron en cuenta estas posibilidades y se concentraron en 12 casos donde la evidencia muestra que no hubo justificación legítima posible para la destrucción de la infraestructura civil. En estos casos, las FDI no estaban en combate directo con las fuerzas palestinas en el momento de las destrucciones masivas; en todos los casos la lucha en el área había cesado, y en la mayoría de ellos la destrucción tuvo lugar después de que las fuerzas israelíes hubieran eliminado o dispersado a los soldados palestinos y consolidado su control, ya fuera mediante la ocupación de las viviendas, la colocación de tanques en las calles o colinas cercanas o mediante la vigilancia constante desde aviones tripulados o no tripulados.
La mera posibilidad de que en el futuro los grupos armados puedan hacer un uso militar de alguna de las estructuras civiles en esas áreas, ya sea para colocar bombas trampa, almacenar armas o excavar túneles, no justifica bajo las leyes de la guerra la amplia escala e incluso la a veces sistemática destrucción de barrios enteros, fábricas e invernaderos que abastecían a la población civil de alimentos y otros productos básicos.
Las declaraciones públicas de algunos de los líderes políticos de Israel sugieren una disposición a destruir infraestructura civil en Gaza para disuadir a los grupos armados de lanzar ataques con cohetes contra Israel. Human Rights Watch documentó varios casos en los que grupos armados palestinos en Gaza lanzaban cohetes contra centros poblados de Israel durante y antes de la Operación Plomo Fundido, violando claramente las leyes de la guerra. Durante el conflicto, aproximadamente 800,000 israelíes estaban dentro del campo de tiro de cientos de ataques con cohetes, los cuales mataron a tres civiles israelíes e hirieron de gravedad a varias decenas. Las personas que voluntariamente llevaron a cabo u ordenaron el lanzamiento deliberado e indiscriminado de cohetes contra la población civil son responsables de crímenes de guerra. Sin embargo, tal como ya se anotó antes, las violaciones a las leyes de la guerra de un bando no justifican las violaciones del bando contrario.
Israel controla el acceso a la Franja de Gaza por tierra, aire y mar, a excepción de la frontera de 15 kilómetros con Egipto. Desde que terminó el conflicto armado, Israel ha aprobado el envío limitado de alimentos, combustible y materiales de construcción a Gaza, pero son muy escasos y no cubren las necesidades humanitarias básicas de la población. Ha dado el visto bueno a la entrada de materiales de la construcción designados a proyectos específicos pero sigue negando el paso de cemento, barras de hierro y otros materiales de construcción básicos. Pese a que existen razones de seguridad legítimas para que las fuerzas de Israel teman que Hamas podría usar esos materiales para construir o fortalecer búnkeres y túneles militares, las organizaciones de ayuda humanitaria informan que Israel se ha negado a considerar un mecanismo que asegure una supervisión independiente de la utilización final de los materiales de construcción. Israel debería apresurarse a crear un mecanismo de esta naturaleza.
"Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados deberían hacer un llamamiento urgente a Israel y Egipto para que abran las fronteras de Gaza a la entrada de materiales de construcción y otros recursos esenciales para la población civil", dijo Whitson.
