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El 11 de marzo de 2009, el presidente Barack Obama firmó la legislación que prohíbe la exportación de cualquier munición de racimo que tenga un “margen de error” mayor al 1 por cierto. Sólo una pequeña fracción del arsenal de Estados Unidos cumple con esa norma, de modo que la prohibición es casi total. La legislación también exige que el país receptor acuerde que las municiones de racimo "no serán utilizadas en lugares donde se sabe que habrá civiles presentes". Este es ahora un ordenamiento jurídico - una gran victoria para el trabajo de defensa de Human Rights Watch.

El senador Patrick J. Leahy de Vermont, presidente del Subcomité de Créditos del Estado y Operaciones Exteriores, y aliado cercano de Human Rights Watch, fue el arquitecto de esta legislación. Los senadores Leahy y Dianne Feinstein de California, así como el congresista James McGovern (D-MA) también han introducido el Acto de Protección Civil de Municiones de Racimo (HR981; S416), que tiene por objeto prohibir al ejército de Estados Unidos el uso de las bombas de racimo que no cumplan con la misma norma de margen de error.

Human Rights Watch proporcionó el primer y más detallado registro de los daños causados a civiles por las municiones de racimo, incluyendo estudios detallados de Serbia/Kosovo, Afganistán, Iraq y Líbano. Para ayudar a poner fin al sufrimiento causado por las bombas de racimo, Human Rights Watch co-fundó la Coalición de Municiones de Racimo, que incluye 250 organizaciones en más de 70 países.

El trabajo en Estados Unidos aún no está terminado. Todavía estamos solicitando al presidente Obama iniciar una revisión a fondo de la política de las municiones de racimo. Nuestra meta sigue siendo que Estados Unidos firme la histórica Convención sobre las Municiones de Racimo, pactada en el 2008, y la cual 95 países - incluidos muchos aliados cercanos de Estados Unidos - ya han firmado.

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