(Bruselas, 17 de octubre de 2008) - El empeño de España por repatriar a los menores extranjeros no acompañados que llegan en el país de forma ilegal puede ponerles en situaciones de peligro, trato degradante y provocar su detención, señala Human Rights Watch en un informe hecho público hoy. El gobierno debe detener las repatriaciones hasta que no disponga de un procedimiento que garantice la integridad de los menores y, como medida inmediata, concederles el derecho a ser representados por un abogado independiente de la misma forma que los migrantes adultos según la ley española.

El informe de 25 páginas, Retornos a cualquier precio: España insiste en la repatriación de menores extranjeros no acompañados sin garantías, documenta que en Andalucía, la región que suele servir de entrada a los inmigrantes desde el sur, las autoridades han declarado que pretenden repatriar a Marruecos hasta 1.000 menores no acompañados que mantienen bajo su custodia, afirmando que existen todas las garantías. Pero los representantes encargados del gobierno y de la Junta de Andalucía no eran capaces de aclarar cómo determinaban que el retorno corresponde al interés superior del menor como exige la ley. También han añadido que el hecho de que el gobierno marroquí acepta readmitir a los menores es en sí garantía suficiente de su bienestar tras el regreso.

"España está poniendo en riesgo la integridad de estos niños," indicó Simone Troller, investigadora para los derechos de los niños en Europa para Human Rights Watch. "¿Por qué negarles a estos niños tan vulnerables garantías adicionales como el derecho a un abogado independiente del que gozan los inmigrantes adultos?"

El 20 de octubre de 2008 España comparecerá ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que revisará la aplicación por el gobierno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sin embargo, en su informe al comité, el gobierno español no dirige sus esfuerzos a repatriar a menores que llegan en el país sin padres ni cuidadores, aunque las investigaciones de Human Rights Watch y otras organizaciones han demostrado que ha violado en repetidas ocasiones sus obligaciones según el PIDCP al repatriar a los menores.

Los investigadores de Human Rights Watch descubrieron que, antes de tomar decisiones de repatriación, los agentes del gobierno no analizan ni recaban información sobre lo que podría ocurrirles a los menores en sus países de origen. En muchos casos no se les concede audiencia mientras los agentes consideran su retorno. Los tribunales españoles han detenido al menos veinticuatro repatriaciones en los últimos dos años porque los procedimientos violaban las propias leyes del país.

Aunque España proporciona asistencia letrada a los adultos durante un procedimiento de expulsión, se la niega a los menores. Por el contrario, son representados por la misma entidad pública que suele plantear a repatriarlos. El gobierno español ha intentado impedir que los abogados independientes representaran a los menores de forma gratuita en las pocas decisiones de repatriación que han sido revisadas por un tribunal.

"Más que cualquier otro inmigrante, los menores que llegan solos a España precisan de la asistencia de abogados para proteger sus intereses," señala Troller. "España debería proporcionar asistencia letrada a los menores de la misma forma que hace con los mayores de edad."

La mayoría de los menores no acompañados que llegan lo hacen desde Marruecos. La estrategia de España para acelerar el retorno de los menores no acompañados a Marruecos y Senegal, otro país del que procedían cientos de menores no acompañados que llegaron a las Islas Canarias, ha culminado en la firma de acuerdos bilaterales de readmisión seguidos de reuniones de alto nivel con ambos países. España también ha financiado la construcción de centros de acogida para menores en Marruecos.

Pero Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales españolas e internacionales han documentado repetidamente los abusos a menores no acompañados cometidos por España y Marruecos durante y después de su regreso a Marruecos. En lugar de reagruparlos con sus familias, los agentes de seguridad marroquíes los echaron a la calle para que se buscaran la vida.

"España debe investigar a qué se enfrentan los menores a su regreso antes de tomar una decisión de repatriación," subraya Troller.

Human Rights Watch instó a España:

  • Proporcionar asistencia letrada competente e independiente a todos los menores no acompañados en el transcurso de un procedimiento de repatriación;  
  • Adoptar una reglamentación que establezca claramente la obligación por parte del gobierno de llevar a cabo una determinación personalizada del interés superior del menor y una evaluación de los riesgos antes de tomar una decisión de repatriación, así como procedimientos específicos a seguir y normas a cumplir; y,  
  • Establecer procedimientos que permitan un seguimiento independiente de la implementación de los acuerdos bilaterales de readmisión, y la publicación de informes periódicos sobre la misma.