(Lima) - El rechazo deliberado del gobierno peruano a simplificar los procedimientos y a aprobar las directrices para el aborto legal está poniendo en peligro las vidas y la salud de mujeres y niñas que a menudo se ven obligadas a recurrir a soluciones inseguras para embarazos riesgosos, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy.
El informe de 52 páginas, "Tengo derechos, y tengo derecho a saber: La falta de acceso al aborto terapéutico en el Perú", documenta las dificultades que las mujeres enfrentan en su acceso al aborto terapéutico - el realizado para salvar la vida de la mujer o evitar daños graves a su salud - en el sistema de salud pública peruano. Aunque no se cuenta con estadísticas confiables sobre la cantidad de mujeres a quienes se les ha denegado un aborto legal, Human Rights Watch pudo constatar, por medio de entrevistas con mujeres, proveedores de cuidados de salud, activistas de derechos y funcionarios gubernamentales, que las mujeres en general carecen de información precisa sobre su derecho a un aborto legal y que con frecuencia los profesionales de la salud pública no conocen a cabalidad el propósito de las leyes que garantizan a las mujeres el acceso a abortos legales.
"A mujeres y niñas que se enfrentan a embarazos capaces de segar su vida o dañarlas permanentemente se les niega un aborto legal, o ellas ni siquiera saben que tienen el derecho a procurárselo", dijo Angela Heimburger, investigadora de Human Rights Watch en materia de derechos de las mujeres y autora del informe. "El gobierno no sólo tiene la obligación de generar conciencia sobre el derecho a abortos legales seguros, dignos y asequibles, sino también debería hacer que el acceso al procedimiento sea lo menos doloroso posible".
En el Perú, el aborto es legal cuando un embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando es necesario para proteger su salud. Sin embargo, dado que el aborto legal raramente se practica en un hospital público, muchas mujeres recurren a procedimientos inseguros y clandestinos a fin de encontrar solución a un embarazo riesgoso. Human Rights Watch halló varios obstáculos que impiden el acceso al aborto legal. Normas imprecisas en torno al aborto en el ordenamiento jurídico peruano dan lugar a que profesionales de la salud y mujeres teman enfrentarse a un procesamiento penal. La ausencia de un protocolo nacional implica que no exista una descripción estandarizada acerca de cuándo se puede realizar un aborto terapéutico. El sistema de salud pública no tiene la capacidad para remitir procedimientos y no existe claridad respecto a las circunstancias en que puede autorizarse un aborto terapéutico. El sistema jurídico del Perú contempla los abortos legales, pero en la práctica es virtualmente imposible que las mujeres tengan acceso a uno.
El hecho de que el gobierno peruano no garantice el acceso al aborto terapéutico legal constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. Las mujeres tienen derecho al más alto nivel posible de salud, a la vida, a la no discriminación, a la integridad física y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Funcionarios y especialistas en derechos humanos de las Naciones Unidas han exhortado repetida y enfáticamente al Perú a eliminar las trabas al aborto terapéutico y a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En el caso de K.L. contra Perú, en el que una joven de 17 años de edad fue obligada a llevar a término un embarazo inviable, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó, en 2005, que el gobierno peruano había violado varios derechos de K.L. y "tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro" (http://www.cladem.org/espanol/regionales/litigio_internacional/CAS5-Dictamen%20KL.asp). Hasta la fecha, el gobierno peruano no ha adoptado ninguna medida, por lo que ha incumplido las recomendaciones del Comité.
Negar el acceso al aborto legal puede agravar embarazos riesgosos y ocasionar graves trastornos emocionales. Por ejemplo, M.L., casada y madre de un infante, dijo a Human Rights Watch que cuando tenía 30 semanas de gestación los médicos le informaron que el feto no sobreviviría. Ella solicitó un aborto legal, pero éste le fue denegado por esos mismos médicos en un hospital público de Lima. "Me dijeron que la ley no lo permitía, que eso no se podía hacer", relató a Human Rights Watch. Se le practicó una cesárea de emergencia para remover el feto muerto varias semanas después, cuando su embarazo llegó a término. Como resultado de ello, M.L. sufrió depresión y, cuatro años después, todavía está tratando de recuperarse emocionalmente. "No quisiera que esto le pase a otra mujer; lo que me pasó fue horrible".
El gobierno peruano ha obstruido activamente algunas iniciativas locales orientadas a mejorar el acceso al aborto terapéutico. Ante la ausencia de un protocolo nacional que regule y estandarice este procedimiento médico, varios hospitales y un gobierno regional han intentado establecer sus propias directrices. No obstante, las autoridades nacionales de salud han anulado la mayoría de estas iniciativas locales y regionales, e incluso el director de un hospital fue removido de su cargo por "haberse excedido en su autoridad".
En el Perú, al igual que ocurre en otros países, restringir el acceso a la interrupción legal del embarazo no reduce la cantidad de abortos que se realizan. La atención del aborto simplemente se torna clandestina. Las mujeres que cuentan con suficiente dinero e información pueden realizarse un aborto clandestino en circunstancias relativamente seguras. Sin embargo, para muchas mujeres y niñas pobres del país los abortos son frecuentemente inducidos por personas no calificadas ni reguladas, o incluso se lo practican ellas mismas con remedios caseros riesgosos.
"Las mujeres y niñas peruanas que tienen derecho a un aborto terapéutico nunca deberían ser empujadas a la clandestinidad u obligadas a pagar sumas exorbitantes en clínicas privadas. Estos abortos deberían estar fácilmente disponibles en el sistema de salud pública, tal como lo manda la ley", dijo Heimburger. "Forzar a mujeres y niñas pobres, y con frecuencia analfabetas, a ponerse en manos de proveedores no capacitados conlleva riesgos graves para ellas y las familias que dejan detrás".
Human Rights Watch exhorta al gobierno peruano a actuar inmediatamente para:
- adoptar un protocolo nacional de aborto terapéutico;
- avanzar hacia la reforma de la norma jurídica que regula el aborto a modo de garantizar que todas las mujeres tengan plena libertad para decidir sobre su fecundidad;
- informar al público en general y a proveedores de servicios de salud que los abortos terapéuticos están de hecho autorizados por la ley; e
- investigar casos de proveedores de servicios de salud que se nieguen a realizar un aborto terapéutico a mujeres y niñas que tienen derecho a éste, así como adoptar las medidas disciplinarias apropiadas.
