El uso de minas antipersonal por parte de grupos guerrilleros en Colombia tiene un impacto devastador en la población civil, denunció Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. El número registrado de heridos y muertes anuales causados por minas antipersonal ha aumentado sustancialmente en los últimos años en Colombia principalmente por el gran incremento en su uso por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las minas antipersonal son fáciles de producir utilizando materiales baratos y de amplio acceso. Las FARC sostienen que el bajo costo de su elaboración justifica su uso, describiendo a las minas antipersonal como “el arma de los pobres.” La gran mayoría de los muertos y heridos son militares colombianos. Pero además, las minas matan o hieren cada año a centenares de civiles que se encuentran entre los ciudadanos más pobres y vulnerables de Colombia.
“Al usar minas antipersonal, las FARC están mutilando y dejando ciegos, sordos o sin vida a civiles colombianos que no participan en modo alguno en el conflicto,” dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Jurídica y moralmente no hay excusa que justifique el uso de estas armas indiscriminadas y brutales,” agregó.
El informe de 45 páginas, titulado “Mutilando al Pueblo: El Uso de Minas Antipersonal y Otras Armas Indiscriminadas por Parte de la Guerrilla en Colombia,” se encuentra acompañado de una extensiva presentación audiovisual. El informe documenta el impacto que tiene el uso de minas antipersonal por parte de las guerrillas en Colombia sobre la población civil, así como las dificultades que enfrentan los sobrevivientes civiles para tener acceso a la asistencia que ofrece el gobierno.
Cuando sufren una herida producida por una mina antipersonal, la vida entera de los sobrevivientes queda violentamente golpeada. El incidente no sólo genera efectos físicos, sino también impacta en la salud mental y la capacidad para mantener económicamente a sus familias y a sí mismos, muchas veces transformándolos en una carga para sus hogares.
“Yo vivo muriéndome,” nos dijo un agricultor de cincuenta años de edad, quien perdió una pierna y casi toda la visión cuando pisó una mina antipersonal cuatro años antes. “Ahora vivo de limosnas y [de] los hijos que le dan comida [a uno]. Vivo con los tres menores … Tengo tres años de [estar así] y no me muero.”
El informe de Human Rights Watch también detalla el uso por parte de las FARC de otras armas en áreas civiles, como las bombas de cilindros de gas. Estas bombas son imposibles de apuntar con precisión y muchas veces terminan impactando contra objetivos civiles, tales como casas e iglesias, e hiriendo o matando a civiles.
El derecho internacional humanitario prohíbe categóricamente el uso de armas de impacto indiscriminado como las minas antipersonal. Además, miembros y comandantes de grupos armados que intencionalmente ordenen o dirijan ataques contra civiles pueden ser procesados por crímenes de guerra e incluso — si las agresiones forman parte de un ataque sistemático más amplio contra una comunidad de civiles — pueden ser encausados por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Si se presentan pruebas que demuestran que los comandantes de las guerrillas están intencionalmente dirigiendo ataques contra civiles usando minas o armas similares, estos podrían ser procesados por la Corte Penal Internacional,” dijo Vivanco.
El informe incluye una entrevista de Human Rights Watch con Francisco Galán, vocero de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que también usa minas antipersonal. Galán, quien al momento de la entrevista se encontraba detenido en la “Casa de Paz” en Medellín, señaló que su grupo no creía que el derecho internacional humanitario les fuera aplicable y que, por el contrario, debería aplicarse en Colombia una versión “criolla” de dichas normas.
El ELN ha ofrecido un cese de hostilidades temporal al gobierno de Colombia, en el contexto de negociaciones de paz. No se sabe aún si el cese de hostilidades incluiría la suspensión del uso de minas antipersonal.
“El ELN debería abandonar el uso y la producción de minas antipersonal de manera incondicional y permanente,” dijo Vivanco. “El ELN no debe jugar con los derechos de la población civil de Colombia, usándolos como una ficha de negociación.”
Aunque las guerrillas son los principales usuarios de minas antipersonal, también se sabe que los grupos paramilitares han almacenado dichas armas.
El gobierno de Colombia ha prohibido el uso de estas armas bajo los términos del Tratado de Prohibición de Minas de 1997, y su legislación incluye asistencia médica y económica, al igual que otros beneficios para los sobrevivientes afectados. Colombia también recibe una gran cantidad de financiamiento internacional, incluyendo fondos de la Unión Europea, para proveer ayuda a las víctimas e implementar otras iniciativas relacionadas con la problemática originada por el uso de minas. No obstante, tal como lo demuestra el informe, muchos sobrevivientes civiles no reciben la asistencia adecuada.
A menudo, los funcionarios gubernamentales locales, los funcionarios de la salud y los mismos sobrevivientes no tienen suficiente información sobre los beneficios disponibles para personas afectadas por el impacto de las minas. Además, el acceso a estos beneficios puede ser difícil debido a plazos demasiado cortos para solicitarlos, a los trámites que la ley exige y a cuellos de botella burocráticos. Por otra parte, la asistencia económica otorgada por el gobierno muchas veces resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Human Rights Watch instó al gobierno de Colombia a revisar y reformar sus programas de asistencia a víctimas para corregir estas deficiencias.
