El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. El gobierno, tanto durante la presidencia interina de Jeanine Áñez (noviembre de 2019-noviembre de 2020) como en la gestión actual del presidente Luis Arce, ha usado una definición excesivamente amplia de “terrorismo” en los procesos contra opositores políticos. Nadie ha sido juzgado por los 37 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas por las elecciones de 2019, incluidas 20 personas que murieron en dos masacres cuando, según lo señalaron testigos, fuerzas estatales abrieron fuego contra manifestantes. Las mujeres y las niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia. Los pueblos indígenas continúan enfrentando obstáculos para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de medidas que pueden afectarlos.

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