El gobierno nicaragüense habría cometido graves abusos contra manifestantes e impedido de forma arbitraria la transmisión de medios de comunicación que daban cobertura a las protestas recientes, señaló hoy Human Rights Watch. Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían exhortar al gobierno del Presidente Daniel Ortega que permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país para investigar la situación.   

Una serie de reformas al seguro social que anunció el Presidente Ortega el 18 de abril de 2018 dio inicio a manifestaciones en todo el país que se han transformado en una expresión generalizada de descontento por sus 11 años de gobierno. Human Rights Watch recibió información creíble que sugiere que policías han usado fuerza excesiva para dispersar manifestaciones en varias localidades del país y que grupos de simpatizantes del gobierno han atacado a manifestantes pacíficos. La Cruz Roja Nicaragüense dijo a Human Rights Watch que, entre el 18 y el 25 de abril, atendió a 435 personas heridas en el contexto de las protestas, incluidas 242 que fueron hospitalizadas. Periódicos nicaragüenses y organizaciones locales de derechos humanos han informado que murieron al menos 26 personas, incluido un periodista. También fallecieron dos policías, según autoridades nicaragüenses. Otras estimaciones de un grupo de derechos humanos señalan que hasta 63 personas podrían haber muerto desde el 18 de abril.