Los tribunales de Marruecos están condenando a los acusados sobre la base de confesiones que, aparentemente, fueron extraídas mediante tortura o falsificadas por la policía. El programa de reforma judicial del país tiene que incluir salvaguardias más firmes para garantizar que los tribunales no acepten como prueba ningún testimonio que se ofrezca a la policía en condiciones de tortura o maltrato. En los casos examinados por Human Rights Watch los jueces no investigaron seriamente las alegaciones de los acusados de que sus confesiones habían sido obtenidas por medios ilegales, y las usaron como principal, si no único, fundamento para dictar condenas. Esta actuación deficiente de los tribunales fomenta el use la tortura en las prácticas policiales, el maltrato y la falsificación para obtener declaraciones.