Altos mandos militares venezolanos deben responder por violaciones de derechos humanos cometidas por sus subordinados, señaló hoy Human Rights Watch. Como mínimo, tienen la obligación jurídica de prevenir y sancionar violaciones de derechos fundamentales cometidas por sus agentes. A pesar de las abrumadoras evidencias de abusos, todo indica que autoridades con altas responsabilidades en el gobierno venezolano no han adoptado ninguna medida para prevenir ni sancionar estas violaciones de derechos. Al contrario, estos funcionarios han restado gravedad a los abusos o han negado lo sucedido, con frecuencia culpando a los manifestantes por los hechos de violencia. El Presidente Nicolás Maduro ha elogiado públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad y en ningún momento manifestó preocupación por los abusos que siguen ocurriendo. También el Ministro del Interior, el Mayor General Néstor Reverol, ha elogiado a la Policía Nacional Bolivariana durante un encuentro reciente de jefes de policía de todo el país, pero no ha dicho nada sobre la necesidad de frenar los abusos. Esto sugiere un esfuerzo aparente por encubrir estos delitos.