El informe de 44 páginas, Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México, concluyó que las leyes sobre aborto no garantizan el acceso a este servicio de salud esencial en el estado, incluso en los casos permitidos por la legislación actual. Los obstáculos para el acceso incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes.
El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador
El informe de 128 páginas, “‘¿Por qué quieren hacerme sufrir otra vez?’: El impacto de los procesos por aborto en Ecuador” documenta las vastas consecuencias perniciosas que ocasionan estas leyes en Ecuador, y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva. Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos a la confidencialidad médica y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Los procesamientos afectan no solo a mujeres que desean poner fin a un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención posterior al aborto de manera urgente.
Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana
El informe documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud. El país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.