La caída del anterior gobierno de Siria fue uno de los acontecimientos más prometedores del año pasado.
Tras la destitución en diciembre del gobierno de Bachar al Asad, que había cometido terribles abusos, se abrió una oportunidad para tomar un nuevo rumbo. Ofrecía la posibilidad de que se hiciera justicia por los crímenes del pasado, la esperanza de que se respetaran los derechos humanos y la oportunidad de reconstruir el país.
Sin embargo, algunos gobiernos están actuando casi como si nada hubiera ocurrido. Han mantenido las sanciones de la época de Assad, aunque ese gobierno ya no existe. Y ni siquiera están proporcionando una hoja de ruta clara al gobierno provisional de Siria sobre los pasos que pueden dar para que las sanciones se levanten.
Mientras la guerra en Siria se prolongaba por más de 13 años y aumentaban los atroces abusos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad del gobierno de Assad, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países impusieron amplias sanciones al gobierno sirio.
Entre ellas había medidas que tenían sentido, como la congelación de activos y la prohibición de viajar a funcionarios clave del gobierno. También hubo algunas medidas que afectaron a la situación económica de la población siria en general, como restricciones al comercio, a las transacciones financieras y a industrias clave.
Ahora, Assad se ha ido, pero la mayoría de estas sanciones siguen en vigor, incluidas las que afectan a la población.
Seamos claros: no se trata sólo de un vergonzoso fracaso de estos gobiernos en ponerse al día con la realidad sobre el terreno. Estas sanciones están obstaculizando el progreso de Siria y perjudicando a millones de personas.
El conflicto y los desplazamientos han dejado en ruinas gran parte de las infraestructuras de Siria. Ciudades enteras son inhabitables. Escuelas, hospitales, carreteras, instalaciones de agua y redes eléctricas están dañadas o destruidas. Los servicios públicos apenas funcionan. La economía lleva años en caída libre.
Más del 90% de los sirios viven por debajo del umbral de pobreza. Al menos 13 millones de personas -más de la mitad de la población- no tienen acceso a alimentos de calidad o no pueden permitírselos. Al menos 16,5 millones de sirios necesitan algún tipo de ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.
Las sanciones en curso están agravando el sufrimiento de los sirios al dificultar enormemente el restablecimiento de los servicios esenciales y obstaculizar los esfuerzos de reconstrucción.
Los gobiernos deben levantar todas las sanciones que afecten negativamente a los derechos socioeconómicos de los sirios. En cuanto a las demás sanciones, deben comunicar claramente a las autoridades provisionales qué medidas pueden tomar para que se levanten.
Otros Estados deben restablecer el acceso de Siria a los sistemas financieros mundiales y poner fin a las restricciones comerciales sobre bienes esenciales. También deben abordar las sanciones energéticas para garantizar que la población pueda acceder a combustible y electricidad.
Desde la caída del gobierno de Assad, algunos gobiernos han realizado ciertos ajustes limitados en sus políticas de sanciones. Pero ni de lejos es suficiente.
El daño causado por 13 años de guerra y décadas de gobierno autoritario y violencia es enorme. Ahora, hay una oportunidad para el cambio.
Al reconstruir su país, el pueblo sirio debería esperar del mundo algo más que obstáculos.
