(Kiev) – Fuerzas rusas que controlaban gran parte de las regiones de Kiev y Chernígov en el noreste de Ucrania desde fines de febrero hasta marzo de 2022 sometieron a civiles a ejecuciones sumarias, torturas y otros abusos graves que constituyen claramente crímenes de guerra, señaló hoy Human Rights Watch.
En 17 poblados y localidades pequeñas en las regiones de Kiev y Chernígov visitados en abril, Human Rights Watch investigó 22 presuntas ejecuciones sumarias, otras 9 ejecuciones ilegales, 6 posibles desapariciones forzadas y 7 casos de tortura. Veintiún civiles describieron situaciones de confinamiento ilegal en condiciones inhumanas y degradantes.
“Las numerosas atrocidades por parte de fuerzas rusas que ocuparon partes del noreste de Ucrania fueron hechos aberrantes, ilegítimos y crueles”, expresó Giorgi Gogia, director asociado para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Estos abusos contra civiles son crímenes de guerra evidentes que deben investigarse y juzgarse en forma oportuna e imparcial”.
Human Rights Watch entrevistó a 65 personas entre el 10 de abril y el 10 de mayo, incluidos ex reclusos, sobrevivientes de torturas, familiares de víctimas y otros testigos. Human Rights Watch también analizó pruebas físicas en los sitios donde se produjeron algunos de los abusos, así como fotografías y videos compartidos por víctimas y testigos.
Desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, integrantes de las fuerzas rusas han estado implicados en numerosas violaciones del derecho de guerra que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Human Rights Watch documentó anteriormente 10 casos de ejecuciones sumarias en la localidad de Bucha y en varias otras poblaciones y localidades en el noreste del país durante la ocupación de las fuerzas rusas en marzo.
En una de las 22 muertes documentadas recientemente, en la región de Kiev, Anastasia Andriivna manifestó que se encontraba en su vivienda el 19 de marzo cuando un grupo de soldados detuvo a su hijo, Ihor Savran, de 49 años, luego de que encontraran un viejo abrigo militar que le pertenecía. El 31 de marzo, el día siguiente a que las fuerzas rusas se retiraron, Anastasia Andriivna encontró el cuerpo de su hijo en un granero a unos 100 metros de su casa, tras reconocer sus zapatillas que sobresalían del portón.
Diversos civiles refirieron haber estado retenidos por fuerzas rusas durante días o semanas en condiciones antihigiénicas y sofocantes en lugares como el sótano de una escuela, una habitación en una planta de fabricación de ventanas y un pozo en una sala de máquinas, con acceso muy limitado o nulo a comida, agua inadecuada y sin acceso a baños. En Yahidne, soldados rusos retuvieron a más de 350 lugareños, incluidos al menos 70 niños y niñas, 5 de ellos muy pequeños, en el sótano de un edificio que se usaba como escuela durante 28 días, y limitaron de manera severa su posibilidad de salir, incluso brevemente. Había poco aire y espacio para recostarse, y las personas tuvieron que usar baldes para hacer sus necesidades.
“Después de una semana, todos tosían fuertemente”, contó una persona que estuvo encerrada en la escuela. “Casi todos los niños tenían fiebre alta, broncoespasmos y vomitaban”. Otro contó que a algunas personas se les ulceró la piel por estar continuamente sentadas. Diez personas mayores fallecieron.
En Dymer, las fuerzas rusas retuvieron a varias decenas de personas, en el caso de los hombres, con los ojos vendados y maniatados con precintos, durante varias semanas en una sala de 40 metros cuadrados dentro de la planta de fabricación de ventanas de esa localidad, con escaso acceso a comida y agua, y usando baldes como retretes.
Human Rights Watch documentó siete casos de tortura en los cuales soldados rusos golpearon a detenidos, aplicaron descargas eléctricas y realizaron simulacros de ejecuciones con el propósito de coaccionarlos para que dieran información. “Me pusieron un fusil en la cabeza, lo cargaron y escuché tres disparos”, contó un hombre que tenía los ojos vendados. “Pude escuchar los casquillos que caían al piso, y entonces creí que ya todo había terminado para mí”.
Human Rights Watch documentó nueve casos en los que soldados rusos dispararon y mataron a civiles sin que hubiera una justificación militar evidente. Por ejemplo, en la tarde del 14 de mayo, cuando pasaba un convoy ruso por la localidad de Mokhnatyn, al noroeste de Chernígov, soldados dispararon y mataron a dos hermanos mellizos de 17 años y a un amigo suyo, de 18.
Todos los testigos entrevistados afirmaron ser civiles que no habían participado en las hostilidades, excepto por dos víctimas de tortura que afirmaron ser miembros de una unidad de defensa territorial local.
Todas las partes del conflicto armado en Ucrania están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, o el derecho de guerra, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949, el Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario. Las fuerzas armadas beligerantes que tienen el control efectivo de un área están sujetas al derecho internacional de ocupación plasmado en el Reglamento de La Haya de 1907 y los Convenios de Ginebra. El derecho internacional de los derechos humanos resulta aplicable en todo momento, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El derecho de guerra prohíbe los ataques contra civiles, las ejecuciones sumarias, la tortura, las desapariciones forzadas, el confinamiento ilegal y el trato inhumano de los detenidos. También se prohíbe el pillaje y el saqueo de bienes. El internamiento o la residencia forzosa de civiles se permiten solo excepcionalmente por “imperiosas consideraciones de seguridad”. La parte de un conflicto que ocupa un territorio es en general responsable de asegurar que haya alimentos, agua y atención médica para la población bajo su control, y de facilitar la asistencia de los organismos de socorro.
Quienes ordenen o cometan violaciones graves del derecho de guerra con deliberación o faciliten tales violaciones cometen crímenes de guerra. Los comandantes de fuerzas que conocían o deberían haber conocido sobre tales crímenes pero no intentaron impedirlos o castigar a los responsables son penalmente responsables por crímenes de guerra en razón de su responsabilidad de mando.
Rusia y Ucrania tienen obligaciones, conforme a los Convenios de Ginebra, de investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas o en su territorio y juzgar adecuadamente a los responsables. Las víctimas de abusos y sus familias deberían tener vías de reparación oportunas y adecuadas.
Como norma general, las autoridades ucranianas deberían adoptar medidas para preservar las pruebas que podrían ser cruciales para el juzgamiento de crímenes de guerra en el futuro, lo que incluye cercar las fosas hasta que se lleven a cabo exhumaciones profesionales, tomar fotografías de los cuerpos y de las zonas circundantes antes de darles sepultura, registrar las causas de muerte siempre que sea posible, registrar los nombres de las víctimas e identificar a testigos, y buscar elementos que faciliten la identificación y que las fuerzas rusas puedan haber dejado.
“Cada vez es más evidente que los civiles ucranianos en zonas ocupadas por fuerzas rusas viven un verdadero calvario”, explicó Gogia. “Es posible que la justicia no llegue pronto, pero deben darse todos los pasos para asegurar que quienes sufrieron puedan conseguir justicia en un futuro no muy lejano.”
