La semana pasada apareció en medios norteamericanos un borrador de sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso pendiente que analiza una legislación extremadamente restrictiva del aborto en Mississippi (caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization). Según el borrador, la Corte Suprema revertiría la famosa decisión de 1973 Roe v. Wade en la que dicho tribunal declaró que el aborto era un derecho constitucional en todo el país. Hay que dejar claro que el documento filtrado no es la sentencia del caso Dobbs, sino un documento preliminar que puede variar de la versión final, la que se espera próximamente. Aun así, este es un signo más del preocupante retroceso de los Estados Unidos en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas a tomar decisiones autónomas, incluido el acceso al aborto.
Uno de los elementos más importantes de la decisión Roe v Wade fue el reconocimiento del derecho absoluto de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo sin intervención estatal durante el primer trimestre de gestación. Durante el segundo trimestre, reconocía a los Estados un interés en la vida y salud de la mujer embarazada lo suficientemente fuerte para permitir la regulación del aborto con el objeto de proteger dichos intereses. Solo durante el tercer trimestre los estados adquirían un interés en la protección de la vida prenatal que les permitía intervenir e incluso prohibir el aborto, a menos que la vida o la salud de la mujer embarazada estuviera en peligro.
En los casi cincuenta años desde que la Corte Suprema decidió el caso Roe v. Wade ha habido decenas de litigios intentando restringir su interpretación. En 1992 la Corte Suprema redujo considerablemente el derecho a la privacidad en relación al aborto en el caso conocido como Casey v. Planned Parenthood, al establecer que los estados podían tener un interés en la protección de la vida prenatal desde los inicios del embarazo. Sin embargo, la sentencia confirmó Roe v. Wade e indicó que la regulación del aborto no podía traducirse en una “carga indebida” que impidiera el ejercicio del derecho al aborto. Desde ese momento, diversos estados han aprobado legislaciones imponiendo obstáculos al acceso al aborto, tales como la imposición de modificaciones de infraestructura a los centros que prestan servicios de aborto y de trámites burocráticos a los profesionales de la salud muy difíciles de cumplir e innecesarios desde una perspectiva de salud pública, lo que ha llevado a la casi extinción del acceso al aborto en muchos lugares. En los últimos intentos de restringir el acceso al aborto, además del caso de Mississippi que la Corte debe fallar, se destaca una ley de Texas que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación y le entrega a la ciudadanía la facultad de denunciar a quienes se hayan involucrado en la prestación de servicios de aborto, estableciendo incluso la posibilidad de recibir una compensación monetaria de hasta 10.000 dólares. Una total caza de brujas que no puede terminar sino como toda caza de brujas a lo largo de la historia.
Lamentablemente, más de veinte estados controlados por legisladores y gobernadores que no respetan el derecho de las personas a tomar decisiones autónomas dentro del marco del derecho a la privacidad están impacientemente esperando que la Corte Suprema revierta Roe v. Wade para aprobar leyes draconianas en contra del aborto que hasta ahora serían probablemente rechazadas por la justicia estadounidense. Si esto llega a ocurrir, millones de personas gestantes quedarán expuestas a ser criminalizadas por aborto, e incluso por homicidio, por el solo hecho de interrumpir un embarazo.
También profesionales de la salud se podrán ver expuestos a sanciones penales por prestar servicios de aborto.
El escenario que está viviendo Estados Unidos lo distancia de la mayoría de los países que en otros temas consideraría como aliados. La tendencia en países democráticos es reconocer que las mujeres no pueden ser puestas en la situación heroica de tener que asumir forzosamente los embarazos y la maternidad. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene un par de cosas que aprender, por ejemplo, de la Corte Suprema de México y del Tribunal Constitucional colombiano. Dos órganos que en el último año no solo confirmaron y expandieron el derecho al aborto, sino que lo hicieron en base al respeto de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es claro en reconocer que el acceso al aborto es parte de la obligación de los estados de proteger el derecho de las personas a una vida libre de violencia, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a tomar decisiones tan fundamentales como el número de hijas e hijos que deseamos tener.
El camino hacia la prohibición del aborto que transita Estados Unidos hoy es aún más absurdo cuando la evidencia irrefutablemente muestra que su prohibición no reduce el número de abortos y contribuye a aumentar la mortalidad y morbilidad de las personas gestantes. La supuesta dicotomía de tener que elegir entre proteger la autonomía de las personas o proteger la vida prenatal es simplemente falsa. La mejor manera de proteger la vida prenatal es respetando la autonomía y los derechos de las personas gestantes.
Por ahora, Roe v Wade sigue siendo derecho vigente y el aborto sigue siendo legal en los Estados Unidos. Cualquiera sea la decisión, el acceso al aborto seguirá siendo un derecho humano. La pregunta es qué caminos seguirá Estados Unidos para respetarlo.
