En los últimos 30 años, los funcionarios gubernamentales y militares de Myanmar han confiscado grandes extensiones de tierra de los agricultores sin proporcionarles una compensación o una indemnización inadecuada, negándoles con esto el sustento y afectando su acceso a servicios básicos. Muchos agricultores se han enfrentado a procesos penales por protestar por la falta de reparación y por negarse a abandonar o dejar de trabajar la tierra que les arrebataron.
“Las confiscaciones generalizadas de tierras en Birmania han perjudicado profundamente a las comunidades rurales durante décadas”, dijo Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “El gobierno de Aung San Suu Kyi debería abordar inmediatamente las confiscaciones ilegales de tierras, compensar a las partes perjudicadas y reformar las leyes para proteger a las personas contra futuros abusos”.
El informe de 33 páginas “‘Nothing for Our Land’: Impact of Land Confiscation on Farmers in Myanmar” (“Nada por nuestra tierra’: el impacto de la confiscación de tierras en los agricultores de Birmania”) documenta los efectos devastadores de las confiscaciones de tierras para los agricultores en el sur del Estado de Shan y las regiones de Ayeyarwady y Yangon en Birmania. Los agricultores describen la pérdida de medios de subsistencia, acceso a la atención médica y educación de los niños, así como sus esfuerzos por obtener reparación, que a menudo terminan en arresto.
Para la elaboración de este informe, Human Rights Watch habló con 39 agricultores en Birmania, así como con expertos en temas de tierras y grupos de la sociedad civil.
Las confiscaciones de tierras han plagado durante mucho tiempo a la población rural de Birmania bajo represivas juntas militares. Si bien las estadísticas oficiales confirman que el gobierno tomó cientos de miles de hectáreas desde principios de la década de 1990, los activistas creen que millones de hectáreas fueron confiscadas. Las confiscaciones del gobierno militar a menudo se producen con poca o ninguna notificación y una indemnización insuficiente, y además tienen un impacto profundamente dañino en los afectados.
Thein Win, de 61 años, de la región de Ayeyarwady, dijo a Human Rights Watch que no recibió ningún aviso previo cuando el gobierno le arrebató casi 5 hectáreas de tierra a su familia: “No lo sabía, simplemente la confiscaron”. Dijo que lo amenazaron con encarcelarlo por quejarse de la incautación y que no le ofrecieron ninguna compensación, y que luego se vio obligado a cavar estanques de peces para el gobierno en su tierra confiscada. “No nos dieron nada”, dijo. “Literalmente no obtuvimos nada a cambio de nuestra tierra”.
Muchos agricultores describieron el impacto de las repentinas confiscaciones en sus medios de subsistencia. “Estábamos hambrientos porque no teníamos ningún negocio o trabajo para obtener un ingreso”, dijo Thein Win, de 61 años, en la región de Ayeyarwady. Dijo que después de que le quitaran la tierra, su familia apenas podía permitirse comer dos comidas al día.
Los efectos negativos de las confiscaciones de tierra se filtraron en otros aspectos de la vida de los agricultores, lo que limitó su capacidad para acceder a la atención médica y proporcionar educación a sus hijos, una gran número se vio obligado a abandonar la escuela y empezar a trabajar. Muchos en Birmania que perdieron sus tierras recurrieron a trabajar como peones manuales, ganando sólo unos pocos miles de Kyat de Birmania (un par de US$ dólares) al día.
Desde la transición del gobierno militar a un gobierno casi civil en 2011, las autoridades han intentado abordar el tema de las confiscaciones de tierras. El ex presidente Thein Sein instituyó múltiples reformas, incluida la aprobación de la Ley de Tierras Agrícolas y la Ley de Administración de Vales, Barbechos, Vacantes, así como la adopción de la Política Nacional de Uso de Tierras y una comisión de investigación para evaluar las reclamaciones de tierras confiscadas. Sin embargo, cuando el nuevo gobierno elegido por la Liga Nacional para la Democracia asumió la presidencia en 2016, muchos miles de reclamaciones de tierras confiscadas quedaban sin resolver.
De hecho, un punto central del manifiesto de la Liga Nacional para la Democracia fue poner fin a los efectos perniciosos de las confiscaciones masivas de tierras llevadas a cabo bajo el gobierno militar. El nuevo gobierno tomó medidas importantes como formar otro panel de investigación y llevar a cabo reformas de leyes fundamentales. Aún así, a pesar de algunos éxitos limitados, muchos agricultores no han visto ningún resultado.
La mayoría de los agricultores con quienes habló Human Rights Watch dijeron que habían presentado denuncias durante años, sin recibir ninguna respuesta. Muchos culparon del fracaso de las reformas a la corrupción y la incompetencia. Cientos de agricultores en todo Birmania, hartos de la espera de la devolución de sus tierras o de recibir una indemnización, han sido procesados por organizar y participar en protestas públicas contra el gobierno o por traspasar y cultivar la tierra que reclaman. Aquellos contra los que se presentan cargos penales a menudo son sometidos a juicios muy largos, lo que a su vez generan nuevas cargas financieras.
Human Rights Watch insta al gobierno de Birmania a dejar de arrestar arbitrariamente a los activistas por los derechos a la tierra y a liberar de inmediato a todos los que están a la espera de juicio por las protestar de manera pacífica la confiscación de tierras. El gobierno también debería investigar imparcialmente las denuncias de confiscación ilegal de tierras, informar públicamente sobre las conclusiones, enjuiciar debidamente a los responsables de los abusos contra los derechos sobre la tierra y proporcionar una indemnización inmediata y adecuada a los agricultores y otras personas que se han visto privadas ilegalmente de sus tierras.
“Los gobiernos donantes no deberían dejarse engañar por la oleada de reformas agrarias proclamadas en Birmania”, dijo Robertson. "El gobierno de Myanmar necesita proporcionar reparación a las víctimas de confiscaciones ilegales anteriores y garantizar que las nuevas leyes salvaguarden los derechos de las familias de agricultores en el futuro”.
Este informe va acompañado de fotografías tomadas por el galardonado fotógrafo Patrick Brown. Brown viajó con Human Rights Watch a las regiones de Shan State, Ayeyarwady y Yangon. El trabajo de Brown estará en exhibición en la Galería Pansuriya en el centro de Yangon después del lanzamiento de “Nada por nuestra tierra”.
