Dos jóvenes, de 15 años y 16 años de edad, se encuentran detenidos en un centro para adultos. A su llegada
a Malta, comunicaron a las autoridades su fecha de nacimiento como parte de la recopilación rutinaria de datos, pero no se les proporcionó información sobre cómo establecerse oficialmente como menores de edad, y fueron llevados directamente a la instalación de detención de adultos.

© 2012 Human Rights Watch

(Valetta)—La política de Malta de detenciones obligatorias para los inmigrantes que llegan por mar resulta en prolongadas detenciones de menores no acompañados y en otros abusos de los derechos de los inmigrantes, Human Rights señaló en un informe publicado hoy. El gobierno maltés debería terminar con la política general de detención y asegurarse de que los menores no tengan que permanecer detenidos hasta que su edad sea determinada.

El informe de 50 páginas de Human Rights Watch, “Boat Ride to Detention: Adult and Child Migrants in Malta” (“Un viaje en barco a la detención: Inmigrantes adultos y menores en Malta”), detalla el trato que reciben los inmigrantes, normalmente procedentes del África Subsahariana, que llegan a Malta después de peligrosos viajes en barco atravesando el Mediterráneo, en embarcaciones no aptas para el mar, sin suficientes alimentos, agua ni combustible. A su llegada a Malta, prácticamente todos los inmigrantes  irregulares son detenidos, y las condiciones de la detención pueden exacerbar el trauma del viaje. La muerte en julio de 2012 de Mamadou Kamara, un inmigrante de Mali de 32 años que fue encontrado sin vida dentro de una camioneta de los Servicios de Detención de Malta, ha incrementado las preocupaciones sobre el trato que los inmigrantes reciben en el país.

“La detención automática, indiscriminada y general de inmigrantes –incluyendo menores extranjeros no acompañados— es inhumana e innecesaria”, dijo Alice Farmer, investigadora de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “No disuade a los inmigrantes de venir a Malta y viola el derecho internacional”.

Desde 2002, han llegado aproximadamente 15,000 inmigrantes en bote a la pequeña isla europea de Malta, desembarcando en el país sin permiso, o de forma “irregular”. El informe de Human Rights Watch documenta cómo las autoridades de Malta han detenido prácticamente a todos estos inmigrantes sin tener en consideración su edad. Los solicitantes de asilo que llegan en barco permanecen en custodia hasta 12 meses, y los inmigrantes que no solicitan asilo (o cuyas aplicaciones son rechazadas), hasta 18 meses. Incluso los inmigrantes más vulnerables, como familias con niños, ancianos y personas con discapacidades mentales y físicas, permanecen en detención.

El informe documenta las detenciones rutinarias de Malta de menores extranjeros no acompañados, los cuales a menudo huyen de violencia o conflictos en países como Somalia y Eritrea, a la espera del resultado de un prolongado procedimiento para determinar su edad. Como menores extranjeros no acompañados se entiende a los niños que viajan sin padres u otros tutores legales; normalmente viajan en condiciones peligrosas durante varios meses antes de llegar a Malta. Si Malta determina que son menores de 18 años –a menudo después de un prolongado período en detención—son puestos en libertad y enviados a hogares grupales para niños.

Entre los menores entrevistados por Human Rights Watch, el tiempo promedio que han pasado en detención esperando el resultado del proceso de determinación de la edad es de 3.4 meses. La mayoría de los menores extranjeros no acompañados viajan sin pasaportes u otros documentos de identificación, los cuales pueden ser imposibles de obtener en sus países de origen. El gobierno maltés trata a los menores no acompañados que carecen de documentos que demuestren su edad como adultos y los detiene en instalaciones para adultos. Algunos entrevistados por Human Rights Watch relataron haber estado en detención con niños de apenas 12 años de edad.

“Malta debería tratar a los inmigrantes que aseguran ser menores de 18 años como niños hasta comprobar lo contrario, pero nunca encarcelarlos”, recomendó Farmer. “El hecho de que niños no acompañados, que han llevado a cabo largos y peligrosos viajes sin sus padres u otros tutores, permanezcan encerrados hasta que puedan demostrar que son menores de edad demuestra la brutalidad de la política de detenciones”.

Malta encierra a menores extranjeros no acompañados en celdas con adultos que no tienen ninguna relación de parentesco con ellos, mientras se espera el resultado del procedimiento de verificación de su edad. Los menores quedan expuestos a frecuentes episodios de violencia en los centros de detención y aquellos entrevistados por Human Rights Watch describieron casos de explotación. Abdi M., que tenía 17 años cuando fue detenido, nos contó: “Cada día venía un hombre grande de Mali y decía ‘dame tu comida’. Un día le dije que no y entonces me golpeó. Estuve en el suelo (inconsciente) durante media hora. Se lo conté a los soldados pero dijeron ‘no nos importa’. Nadie me ayudó, así que lloré hasta quedarme dormido”.

La política de las prolongadas detenciones de Malta tiene repercusiones para la salud mental de los inmigrantes, tanto adultos como menores. Diferentes revistas médicas reconocidas sostienen que la prolongada detención inmigratoria está correlacionada con tasas más altas de casos de estrés post-traumático, ansiedad y depresión, y que la detención exacerba síntomas preexistentes, incluyendo traumas mentales sufridos en su huida de la tortura o persecución. Niños y jóvenes que son detenidos por períodos extendidos de tiempo son proclives a experimentar sentimientos de aislamiento y desapego.

Kelile T., que informó que tenía 17 años cuando llegó a Malta en 2011, permaneció detenido durante 9 meses antes de ser hospitalizado durante 15 días para recibir tratamiento por problemas de salud mental. Sin embargo, dijo que después de recibir el alta fue devuelto al centro de detención. Nos describió su experiencia: “Ahora tomo medicina, para dormir. Si no tomo medicina, no duermo… mi mente no está bien, es muy difícil. No puedo, no puedo… este es un lugar muy duro. Necesito un lugar libre”.

Malta justifica su política de detenciones haciendo referencia a las políticas inmigratorias de la Unión Europea, incluyendo el Reglamento Dublín II, que obliga a Malta a procesar a todos los solicitantes de asilo que llegan ahí. Otros miembros de la UE también han sido lentos a la hora de responder a los llamamientos de la Comisión Europea para reubicar a los refugiados de Malta a otras partes de la UE; por ejemplo, en 2010-2011, apenas 228 inmigrantes fueron trasladados de Malta a otros países miembros del bloque económico. Si bien la política de la UE y los mayores flujos por el Norte de África han puesto, sin duda, una mayor presión sobre el sistema inmigratorio de Malta, la detención obligatoria de inmigrantes irregulares no es una respuesta necesaria ni justificada.

En julio de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la detención de inmigrantes de Malta es arbitraria, que carece de procedimientos adecuados para impugnar la decisión y que incumple con sus obligaciones bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Malta ha argumentado que esta sentencia sólo es vinculante para el demandante del caso, Khaled Louled Massoud, una afirmación que el Comisionado de Derechos Humanos para el Consejo de Europa ha rechazado.

Human Rights Watch hizo los siguientes llamamientos al gobierno maltés:

  • Que limite las detenciones de inmigrantes solo a circunstancias excepcionales, con determinaciones individualizadas y acceso a procedimientos para impugnar la detención;
  • Que trate a aquellos que aseguren ser menores como tales a la espera del resultado de las pruebas de determinación de edad, y no se les detenga mientras sus edades son comprobadas, y
  • Que adapte sus políticas de detención a las normas articuladas en el Consejo de Europa y provistas por la Convención Europea de Derechos Humanos, principalmente ejecutando plena, efectiva e inmediatamente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Louled Massoud versus Malta, que encontró que la detención de inmigrantes de Malta es arbitraria y viola la Convención Europea.

Human Rights Watch también volvió a reiterar su llamamiento a la UE para reformar el Reglamento Dublín II para permitir una distribución más equitativa de la carga  entre los Estados miembros.