La hermana Consuelo Morales ha visto un incremento dramático en el número de personas en Monterrey que son torturadas, asesinadas o "desaparecidas" en los cuatro años desde que el Presidente de México envió a las fuerzas armadas para combatir los cárteles de las drogas.
Morales ha encabezado una iniciativa para exigir justicia para las víctimas de esta violencia. Su organización de derechos humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), ha estado documentando violaciones de derechos humanos que de otro modo no serían investigadas, ya que las autoridades suelen culpar a las víctimas declarando que seguramente eran criminales. Las familias le piden su ayuda para encontrar a sus seres queridos que han "desaparecido", al sentir que no tienen a quien más recurrir.
Morales, una pequeña monja con voz resonante, visita las prisiones peligrosas abarrotadas de pandilleros y rastrea centros de detención ilegales donde se mantiene a víctimas en régimen de incomunicación. Aunque las autoridades le advierten que está entrando bajo su propio riesgo, ella va de todos modos.
Las personas no son peligrosas, dice Morales. En su mayoría, tienen miedo.
Como resultado del papel que ha asumido, la gente confía en Morales para hablar sobre los abusos cometidos por los militares y para decir lo que otros tienen miedo de decir.
Morales tomó los votos finales para convertirse en monja en 1992, y en un principio trató de trabajar con las comunidades indígenas. Pero pronto decidió que el lugar donde podría tener mayor impacto era en su natal Monterrey, que en ese momento tenía graves problemas de derechos humanos y ninguna organización local para ayudar a las víctimas.
Morales ha dirigido CADHAC durante 18 años, y ha abordado una amplia gama de temas serios, desde los abusos en orfanatos estatales hasta el desplazamiento forzado de personas de sus tierras.
Desde que el ejército entró en la guerra contra las drogas en Monterrey, las violaciones de los derechos humanos han aumentado drásticamente - sin embargo, casi ningún soldado o policía han tenido que rendir cuentas por sus crímenes. La falta de investigación de estos delitos tiene consecuencias adversas para las comunidades y la gente aprende a no confiar en el sistema de justicia.
Pero Morales y su organización están documentando estas violaciones, litigando casos clave y encabezando campañas públicas para exigir justicia. La organización también ha proporcionado asistencia vital a las víctimas - tanto de las fuerzas de seguridad como de los cárteles - como tratamiento psicológico y grupos de apoyo. Y cada dos semanas, Morales y otros activistas caminan hasta la oficina del fiscal a pedir justicia. Según sus palabras, ella quiere que la gente pueda vivir con dignidad y sin temor.
Morales ha asumido su papel de liderazgo bajo un riesgo considerable, perseverando en sus esfuerzos a pesar del acoso y las amenazas constantes.
Human Rights Watch rinde homenaje a su valiente esfuerzo para poner fin a la impunidad de las fuerzas de seguridad y ayudar a las víctimas de abusos de la "guerra contra las drogas" de México.