Decenas de miles de kurdos se reúnen durante una manifestación del Partido de la Sociedad Democrática, el 25 de noviembre de 2007 en la ciudad de Diyarbakir, al sudeste de Turquía.

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(Estambul) – Human Rights Watch condena absolutamente el ataque suicida con bomba del 31 de octubre 2010 en Estambul. Es primordial que la respuesta del Gobierno de Turquía se enfoque a los autores del ataque, no a los opositores legítimos, señaló Human Rights Watch. Un informe de Human Rights Watch publicado el día de hoy documenta el uso de las leyes antiterroristas para enjuiciar a cientos de manifestantes kurdos como si fueran militantes armados, en violación a los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea.

El informe de 75 páginas, “Protesting as a Terrorist Offense: The Arbitrary Use of Terrorism Laws to Prosecute and Incarcerate Demonstrators in Turkey” (La protesta como delito de terrorismo: El uso arbitrario de las leyes antiterroristas para enjuiciar y encarcelar a manifestantes en Turquía), se basa en la revisión de 50 casos. Describe 26 casos de personas enjuiciadas bajo cargos de terrorismo, a pesar de que no tuvieron nada que ver con actos de violencia como el ataque ocurrido el 31 de octubre, sino por el simple hecho de participar en protestas que el Gobierno considera partidarias de la organización armada ilegalizada Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Cientos de manifestantes kurdos se encuentran en prisión a la espera de la resolución de sus juicios o la apelación de sus condenas. Otros están cumpliendo largas condenas cuyos recursos han sido rechazados por el máximo tribunal de Turquía.

“Cuando se trata de la cuestión kurda, los tribunales de Turquía se apresuran a calificar a la oposición política de terrorismo”, señaló Emma Sinclair-Webb, investigadora sobre Turquía de Human Rights Watch y autora del informe. “Cuando cierras el espacio para la libertad de expresión y de asociación, el efecto es contraproducente al hacer que la oposición armada se vuelva más atractiva”, agregó.

Durante los últimos tres años, los tribunales han recurrido a las leyes antiterroristas, redactadas de manera general e incorporadas como disposiciones del Código Penal de Turquía de 2005, además de la jurisprudencia, para enjuiciar a manifestantes. Los tribunales han dictaminado que el mero hecho de estar presente en una manifestación a la que el PKK invitó a asistir constituye una actuación bajo las órdenes del PKK. Los manifestantes han sido castigados duramente por actos de terrorismo incluso cuando su delito consistió en hacer el signo de la victoria, aplaudir, gritar un eslogan del PKK, arrojar una piedra o quemar una llanta.

En el informe se insta a las autoridades turcas a que enmienden las leyes que han resultado en la aplicación punitiva y arbitraria de cargos de terrorismo contra manifestantes, suspendan los procesos en curso contra manifestantes en virtud de estas leyes y revisen los casos de los que ya han sido condenados.

En julio, tras las críticas nacionales e internacionales contra el enjuiciamiento por terrorismo de niños que asistieron a manifestaciones kurdas, el Parlamento modificó las leyes para anular dichas condenas y prevenir el juicio de menores en tribunales especializados en casos de terrorismo.

Sin embargo, no se han modificado las leyes de otro modo, entre ellas el artículo 220/6 del Código Penal, que prohíbe los delitos cometidos en representación del PKK y se usa para enjuiciar a los manifestantes conjuntamente con el artículo 314/2, que penaliza la participación armada en la organización.

"La suspensión del enjuiciamiento de la mayoría de los manifestantes menores de edad en virtud de estas leyes fue un avance importante", señaló Sinclair-Webb. "Sin embargo, permitir que leyes destinadas claramente a luchar contra el terrorismo se usen contra manifestantes adultos provoca un daño inmenso a la libertad de expresión, asamblea y asociación en Turquía", agregó.

Entre los casos citados en el informe están los siguientes. En cada uno de ellos, el tribunal concluyó que el acusado se había sumado a la manifestación siguiendo las órdenes del PKK, debido a las informaciones de prensa previas a las manifestaciones que señalaban que el PKK había instado a la gente a participar. 

  • Un estudiante universitario, Murat Işıkırık, está cumpliendo una condena de seis años y tres meses por hacer el signo de la victoria en la procesión del funeral de cuatro miembros del PKK en Diyarbakır, en marzo de 2006, y aplaudir durante una protesta en el campus de la Universidad de Dicle en Diyarbakır, en marzo de 2007.
  • Un madre de seis hijos, Vesile Tadik, fue condenada a siete años de prisión por sostener una pancarta con el eslogan: "La estrategia de la paz subyace en Öcalan" durante una manifestación de diciembre de 2009 en Kurtalan, Siirt, en protesta por las condiciones penitenciarias del líder del PKK encarcelado. Su sentencia ha sido apelada.
  • Medeni Aydın gritó: "Viva por siempre el presidente Öcalan" en una manifestación similar celebrada el mismo día en Eruh, Siirt, y fue condenado a siete años de prisión. Está encarcelado a la espera de que se resuelva su apelación. En la misma manifestación, Selahattin Erden fue castigado de manera similar por sostener el borde de una pancarta con un eslogan pro PKK. También está encarcelado a la espera de que se resuelva su apelación.
  • Fatma Gökhan, Tufan Yıldırım y Fevzi Aslan recibieron condenas que van de 10

años y 5 meses a 11 años y 3 meses por gritar eslóganes, hacer el signo de la victoria y arrojar piedras durante una manifestación celebrada el 26 de marzo de 2008 en Diyarbakır. Sus condenas por "cometer crímenes en representación del PKK", sancionables como "pertenencia a una organización armada", han sido confirmadas, y cumplirán al menos siete años de cárcel mientras se vuelven a juzgar otros cargos contra ellos debido a la enmienda de julio de 2010 de la Ley sobre Manifestaciones y Asambleas Públicas.

Los procesos en curso contra manifestantes forman parte de una represión más amplia de los partidos políticos legales pro kurdos por su presunta relación con el PKK. El 18 de octubre comenzó el juicio en Diyarbakır contra 152 miembros y ejecutivos del Partido de la Sociedad Democrática, suspendido por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2009, y de su sucesor, el Partido de la Paz y la Democracia, que cuenta con 20 representantes en el Parlamento, acusados de cargos que van del separatismo, la pertenencia a banda armada y amparar a dicha organización.

Entre los acusados hay alcaldes en ejercicio y retirados, un destacado defensor de los derechos humanos y abogados. Seis de los alcaldes en funciones y un activista de derechos humanos fueron detenidos en diciembre y llevan recluidos desde entonces. Otras 53 personas, entre ellas los abogados, llevan detenidas desde abril de 2009. En todo el país, están detenidos alrededor de 1,700 miembros del partido a la espera de juicio por cargos similares.

"El Gobierno debe completar la tarea de reforma modificando las leyes relacionadas con los manifestantes adultos, para que sean plenamente compatibles con las obligaciones de Turquía en materia de derechos humanos", señaló Sinclair-Webb. "Meter a la gente en la cárcel no es la manera de detener el terrorismo o las protestas", agregó.