Residentes del distrito Boricha, al sur de Etiopía, esperan a que un funcionario del gobierno regional los llame afuera de un centro de distribución de alimentos improvisado.

© 2008 Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

(Londres) - El Gobierno etíope está utilizando la ayuda al desarrollo para reprimir la disidencia política al condicionar el acceso a programas oficiales esenciales al apoyo al partido gobernante, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Human Rights Watch instó a los donantes extranjeros a que se aseguren de que su ayuda se emplee de manera responsable y transparente y no respalde la represión política.

El informe de 105 páginas, "Development Without Freedom: How Aid Underwrites Repression in Ethiopia" ("Desarrollo sin libertad: Cómo la ayuda sufraga la represión en Etiopía") documenta las maneras en que el Gobierno etíope usa los recursos y la ayuda otorgada por los donantes como instrumento de consolidación del poder del partido gobernante, el Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope (FRDPE).

"El Gobierno etíope está usando habitualmente el acceso a la ayuda como arma para controlar a la población y reprimir la disidencia", señaló Rona Peligal, directora para África de Human Rights Watch. "Si no le sigues el juego al partido gobernante, te cierran las operaciones. Aun así, los donantes extranjeros están recompensando esta conducta con cantidades cada vez mayores de ayuda al desarrollo", agregó.

Etiopía es uno de los mayores beneficiarios de ayuda al desarrollo, y recibió más de US$3,000 millones tan sólo en 2008. El Banco Mundial y los países donantes aportan asistencia directa a los gobiernos de distritos de Etiopía para servicios básicos como salud, educación, agricultura y agua, y financian un programa de "alimentos por trabajo" para algunas de las personas más pobres del país. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los mayores donantes bilaterales.

Los funcionarios locales niegan habitualmente la asistencia oficial a los simpatizantes de la oposición y los activistas de la sociedad civil, entre ellos residentes rurales que necesitan desesperadamente ayuda alimentaria. El Gobierno usa los programas de "fortalecimiento de la capacidad", financiados con ayuda extranjera y con el objetivo de mejorar las habilidades que contribuirían al desarrollo del país, para adoctrinar a los niños sobre la ideología del partido, intimidar a los maestros y purgar a la administración pública de personas con opiniones políticas independientes.

La represión política fue especialmente marcada durante el período previo a las elecciones parlamentarias de mayo de 2010, en las que el partido gobernante obtuvo el 99.6 por ciento de los escaños.

A pesar de las restricciones oficiales que dificultan la investigación independiente, Human Rights Watch entrevistó a más de 200 personas en 53 pueblos de tres regiones del país, durante una investigación de seis meses realizada en 2009. Los problemas hallados por Human Rights Watch eran generalizados: los residentes hablaron de discriminación en muchos lugares. 

Los agricultores describieron cómo les negaban el acceso a asistencia agrícola, microcréditos, semillas y fertilizantes por no respaldar al partido gobernante. Un agricultor de Amhara dijo a Human Rights Watch: "Los líderes [del pueblo] han declarado públicamente que van a detectar a los miembros de la oposición para que se les nieguen los ‘privilegios'. Quieren decir que se les va a negar el acceso a fertilizantes, ‘protección social' e incluso ayuda de emergencia".

Los residentes rurales señalaron que se había impedido la participación de muchas familias de miembros de la oposición en los programas de trabajo por alimentos o de "protección social", que asisten a siete millones de los ciudadanos más vulnerables de Etiopía. Decenas de miembros de la oposición a los que los funcionarios locales habían negado servicios en todo el país mencionaron recibir la misma respuesta a sus quejas por parte de los miembros del partido gobernante y los funcionarios públicos: "Pídale ayuda a su propio partido".

Human Rights Watch documentó también la manera en que se obligaba a los estudiantes de escuela preparatoria, maestros y los funcionarios públicos a asistir a sesiones de adoctrinamiento sobre la ideología del partido gobernante, como parte del programa de fortalecimiento de la capacidad financiado por gobiernos extranjeros. Los asistentes a las sesiones de formación dijeron que se les habían intimidado y amenazado para que se afiliaran al partido gobernante. Los superiores dijeron a los maestros que la pertenencia al partido gobernante era una condición para las oportunidades de ascenso y formación. La educación, especialmente las escuelas y la formación del profesorado, también recibe cuantiosos fondos de donantes.

"Al dominar el Gobierno a todos los niveles, el partido gobernante controla todos los programas de ayuda", señaló Peligal. "Sin un seguimiento eficaz e independiente, se continuará abusando de la ayuda internacional para consolidar un Estado monopartidista represivo", agregó.

En 2005, el Banco Mundial y otros donantes suspendieron la asistencia presupuestaria directa al Gobierno etíope tras una campaña de represión posterior a las elecciones contra manifestantes que se saldó con 200 muertos, 30,000 detenidos y docenas de líderes de la oposición encarcelados. En ese momento, los donantes expresaron sus temores de que el partido gobernante utilizara los fondos donados "con fines políticos". 

Sin embargo, la ayuda se reanudó pronto mediante un nuevo programa de "protección de servicios básicos", que canalizó directamente los fondos a los gobiernos de distritos. Estos gobiernos, al igual que la administración federal, están bajo el control del partido gobernante, y son incluso más difíciles de supervisar y están involucrados más directamente en la represión cotidiana de la población.

Durante este período, el Gobierno etíope ha ido cerrando el espacio político, ha hostigado a periodistas independientes y activistas de la sociedad civil para obligarles al silencio o el exilio, y ha violado los derechos a la libertad de asociación y expresión. Una nueva ley sobre la actividad de la sociedad civil, aprobada en 2009, prohíbe a las organizaciones que reciben más del 10 por ciento de su financiamiento de fuentes extranjeras trabajar en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el buen gobierno y la resolución de conflictos.

"Las pocas organizaciones independientes que observaban la situación de los derechos humanos han sido eliminadas mediante el hostigamiento del Gobierno y una nueva ley perniciosa sobre la sociedad civil", señaló Peligal. "Pero estos grupos son muy necesarios para garantizar que no se haga un mal uso de la ayuda", agregó.

Mientras ha empeorado la situación de los derechos humanos en Etiopía, los donantes han intensificado la asistencia. Entre 2004 y 2008, se ha duplicado la ayuda internacional para el desarrollo de Etiopía. Según los datos del Gobierno de Etiopía, el país está avanzando firmemente en la reducción de la pobreza, y los donantes están complacidos con su apoyo al progreso del país hacia los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. No obstante, el precio de este progreso ha sido alto.

Cuando Human Rights Watch presentó sus conclusiones a funcionarios de las entidades donantes, muchos reconocieron a nivel privado el empeoramiento de la situación de los derechos humanos y el régimen cada vez más autoritario del partido gobernante. Los funcionarios de una docena de organismos gubernamentales occidentales señalaron a Human Rights Watch que tenían conocimiento de las alegaciones de que los programas financiados por los donantes estaban siendo utilizados para la represión política, pero no tenían manera de determinar el alcance de dicho abuso. En Etiopía, la mayoría del seguimiento de los programas de donantes se realiza conjuntamente con funcionarios del Gobierno etíope.

Sin embargo, pocos donantes han querido manifestar públicamente sus preocupaciones acerca del posible mal uso del dinero de sus contribuyentes. En un estudio documental y una respuesta oficial a Human Rights Watch, el consorcio de donantes Development Assistance Group declaró que sus mecanismos de seguimiento mostraban que sus programas estaban funcionando bien y que la ayuda no se estaba "distorsionando". Sin embargo, ningún donante ha llevado a cabo una investigación creíble e independiente acerca del problema.

Human Rights Watch instó a los poderes legislativos y las instituciones de auditoría de los países donantes a que examinen la asistencia al desarrollo para Etiopía con el fin de garantizar que no respalde la represión política.

"Dado su interés en mostrar avances en Etiopía, los funcionarios encargados de la ayuda están cerrando los ojos a la represión que se oculta detrás de las estadísticas oficiales", señaló Peligal. "Los donantes que financian al Estado etíope tienen que darse cuenta de que parte de su ayuda contribuye a abusos contra los derechos humanos", agregó.

Antecedentes
El partido gobernante, liderado por el Frente Popular de Liberación de Tigray, es una coalición de grupos étnicos que llegó al poder en 1991, después de derrocar al gobierno militar de Mengistu Haile Mariam. El Gobierno promulgó una nueva constitución en 1994 que incorporó normas fundamentales de derechos humanos, pero, en la práctica, muchas de estas libertades se han ido restringiendo cada vez más durante sus 19 años en el poder.

Aunque el partido gobernante introdujo elecciones pluripartidistas poco después de llegar al poder en 1991, los partidos políticos de la oposición se han enfrentado a graves obstáculos en sus intentos de establecer oficinas, organizarse o realizar campañas en las elecciones nacionales y locales.

El 85 por ciento de la población de Etiopía vive en zonas rurales y, cada año, la supervivencia de entre el 10 y el 20 por ciento de ellos depende de la ayuda alimentaria internacional.  La asistencia extranjera al desarrollo para Etiopía ha crecido constantemente desde la década de 1990, con una estabilización temporal durante la guerra fronteriza de dos años con Eritrea (1998-2000). Etiopía es actualmente es el mayor beneficiario de fondos del Banco Mundial y asistencia extranjera de África.

En 2008, la cifra total de la ayuda fue de US$3,300 millones. De esta cantidad, Estados Unidos aporta alrededor de $800 millones, la mayoría en asistencia humanitaria y alimentaria; la Unión Europea contribuye $400 millones; y el Reino Unido aporta $300 millones. En general, se considera que Etiopía está avanzando positivamente hacia algunos de los objetivos de desarrollo del milenio sobre reducción de la pobreza, pero muchos de los datos provienen del Gobierno y no existe una verificación independiente.

Citas del informe

"Hay microcréditos que todo el mundo quiere conseguir, pero es muy difícil para nosotros, los miembros [de la oposición]. Dicen: ‘Esto no es de tu gobierno, es del gobierno que odias. ¿Por qué esperas que el gobierno que odias te dé algo?'"

- Un agricultor de la región sureña

"De hecho, ayer, el presidente del kebele [pueblo] me dijo: ‘Estás sufriendo tantos problemas, ¿por qué no escribes una carta de arrepentimiento y te afilias al partido gobernante?'"

- Un agricultor con un niño hambriento de la región sureña, al que le negaron la participación en el programa de protección social de alimentos por trabajo

"La protección social se usa para comprar la lealtad al partido gobernante. Ese dinero viene del exterior. Se compromete la democracia con dinero procedente del exterior. ¿Las personas que envían el dinero saben para qué utilizándose utiliza? Hágales saber que se está utilizando contra la democracia".

- Un agricultor de la región de  Amhara

"Está claro que nuestro dinero se esté destinando a la manipulación política".

- Consultor de un donante importante, Addis Ababa

"La intimidación está por todas partes, en todas las áreas. Se ha politizado la vivienda, los negocios, la educación, la agricultura. Se obliga o se compromete a muchas personas para que se afilien al partido por la protección social y demás, muchos no tienen elección, se les impone".

- Funcionario de organismo donante, Addis Ababa

"Todas las herramientas a su disposición (fertilizante, préstamos, protección social) se utilizan para reprimir a la oposición. Lo sabemos".

- Funcionario principal de un donante occidental, Addis Ababa

"¿Qué tipo de Estado estamos desarrollando y cómo? Es posible que estemos desarrollando la capacidad del Estado para controlar y reprimir".

- Miembro del personal del Banco Mundial, Addis Ababa