(Washington, DC) - El Gobierno de Estados Unidos necesita reforzar la protección de las personas bajo su custodia en los centros de detención de inmigrantes para prevenir los abusos sexuales y garantizar justicia para las víctimas, Human Rights Watch señaló en un nuevo informe publicado hoy.
El informe de 24 páginas, "Detenidas y en riesgo: Abuso sexual y acoso en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos", describe incidentes y acusaciones de abusos documentados. También evalúa las recientes propuestas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) para resolver este problema. Human Rights Watch resaltó que la agencia debería tomar medidas con diligencia para mejorar la supervisión de todo el sistema de detención inmigratoria y garantizar la rendición de cuentas.
"El ICE finalmente ha reconocido la necesidad de una mayor protección contra los abusos sexuales para las personas en centros de detención, pero necesita ponerse al día rápidamente", dijo Meghan Rhoad, investigadora de la división de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. "El ICE necesita implementar nuevas normas y asegurarse de que tengan el peso suficiente para garantizar que los cientos de centros de detención en todo el sistema las cumplan".
Human Rights Watch también expresó su preocupación de que los cambios que propone el ICE tengan un impacto limitado si sólo introduce modificaciones a sus normativas. La agencia se ha negado a implementar regulaciones legalmente vinculantes para lidiar con los problemas de las condiciones en los centros de detención.
El ICE ha sugerido muchos de los cambios a los estándares desde que se hicieran públicas en mayo las acusaciones de que un guardia empleado por una empresa privada contratada, la Corrections Corporation of America (CCA), en el centro de detención de inmigrantes T. Don Hutto, en Texas, había agredido sexualmente a varias detenidas. El guardia, que fue arrestado el 19 de agosto de 2010 bajo sospechas de opresión oficial y retención ilegal, supuestamente manoseó a varias mujeres mientras las trasladaba a un aeropuerto y a una estación de autobuses donde iban a ser puestas en libertad.
Los cambios propuestos a las normativas incluyen medidas de prevención como la prohibición de que los guardias puedan registrar a personas detenidas del sexo opuesto, y la imposición de restricciones sobre cuándo pueden trasladar a personas detenidas del otro sexo. El ICE también planea publicar un protocolo de detenciones revisado sobre abusos sexuales que incluirá mejoras en los procedimientos médicos requeridos en casos de violación y mejores trámites de recopilación de información sobre incidentes de abusos.
Human Rights Watch insistió en que son necesarias mejoras más amplias a las políticas para limitar los registros innecesarios de las personas detenidas y asegurarse de que las víctimas de abuso sean informadas sobre la disponibilidad de visados que les permitirían permanecer en EE.UU. para poder cooperar con las autoridades de aplicación de la ley en los procesos penales relacionados a estos abusos.
"Otorgar a los estándares de detención la fuerza vinculante de una ley es primordial para remediar una serie de abusos", señaló Rhoad. "La reticencia del ICE en este punto comunica un mensaje equivocado a los centros de detención y a las personas detenidas que se encuentran bajo su custodia".
Se desconoce en gran medida la frecuencia con que se producen estas agresiones sexuales, abusos y acosos en los centros de detención. La Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS, por sus siglas en inglés), recopila algunos datos sobre el problema, incluyendo incidentes en centros dirigidos por, o exclusivamente para, el ICE. Sin embargo, no tabula el número de agresiones contra personas inmigrantes detenidas en prisiones estatales y municipales donde el ICE alquila una porción de las camas disponibles.
En su informe de junio de 2009, la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones, creada por el Congreso, especifica que las personas inmigrantes detenidas enfrentan condiciones especialmente difíciles a la hora de denunciar abusos, incluyendo la falta de información sobre las normas de conducta del personal penitenciario y el miedo a quejarse en contra de la misma autoridad que está tramitando su deportación.
"Es muy posible que los incidentes que conocemos no sean más que la punta del iceberg, porque las personas que pueden haber sido víctimas de abusos suelen ser deportadas en la mayoría de los casos", afirma Rhoad. "Necesitamos con urgencia que el ICE mejore el sistema de trámite de las denuncias de abusos que presentan las personas detenidas y que publique información que clarifique el alcance del problema".
Partiendo principalmente de una revisión de estudios gubernamentales e independientes, la cobertura de distintos medios de comunicación y las demandas interpuestas, el informe de Human Rights Watch recopila incidentes y denuncias documentados de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención de inmigrantes desde que el ICE fue fundado en 2003.
En uno de estos incidentes, cinco mujeres detenidas en el Centro de Detención del Servicio de Port Isabel, en Texas, fueron agredidas en 2008 cuando un guardia, Robert Luis Loya, entró en sus habitaciones en la enfermería del centro de detención donde estaban ingresadas. Loya les dijo que estaba operando bajo instrucciones médicas, les pidió que se quitaran la ropa y tocó partes íntimas de sus cuerpos.
En 2007, una víctima de tráfico humano fue atacada sexualmente en una cárcel de Florida con la que el ICE tenía un contrato de alquiler de espacio para inmigrantes detenidos. Mujeres detenidas bajo cargos penales que compartían el mismo dormitorio agredieron a la víctima de tráfico humano cuando estaba parcialmente incapacitada por efecto de los sedantes que le fueron administrados.
Entre las recomendaciones clave del informe destacan las siguientes:
Al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
- Aprobar normas de detención legalmente vinculantes que sean aplicables en todos los centros de detención.
- Nombrar a un coordinador de la Ley nacional para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión (PREA, por sus siglas en inglés).
- Publicar información sobre los incidentes de agresión sexual denunciados.
Al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
- Asegurar que las denuncias de abusos sexuales sean investigadas exhaustivamente.
- Mejorar la supervisión del cumplimiento de las normativas de detención por parte de los centros de detención.
- Acelerar la implementación de la normas de detención sobre la prevención y la respuesta a las agresiones sexuales y abusos en todas las instalaciones que alberguen a detenidos del ICE.
- Exigir a los centros de detención que faciliten el acceso in situ a los proveedores comunitarios de servicios de apoyo para las víctimas de abusos sexuales.
- Estandarizar los procedimientos para garantizar que las víctimas puedan acceder a recursos de socorro, incluyendo la liberación y la disponibilidad de visados para permanecer en EE.UU. y colaborar con las autoridades de aplicación de la ley.
- Exigir que los centros de detención tengan sospechas razonables de infracción antes de tocar a los detenidos para registrarlos (pat-down searches).
- Garantizar que se informe a los detenidos de cuáles son sus derechos en relación a agresiones sexuales, abusos y acosos.
Al Departamento de Justicia de EE.UU.
- Aprobar sin demora regulaciones basadas en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en EE.UU.
- Revisar la experiencia del departamento en la persecución de los casos de agresión sexual y los abusos en centros de detención de inmigrantes con la intención de mejorar los procedimientos y tasas de procesamientos judiciales.
Al Congreso de EE.UU.
- Exigir la publicación de los archivos del ICE relacionados a casos de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención.
- Aprobar una legislación que fije estándares para las condiciones en los centros de detención.
