Casas dañadas y destruidas por ataques aéreos en Azizabad.

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(Nueva York) – Las fuerzas armadas de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deberían ponerse de acuerdo inmediatamente para investigar cualquier incidente que no fue divulgado en Afganistán con víctimas civiles y que ahora ha salido a la luz en los documentos militares del Ejército estadounidense que fueron filtrados a los medios de comunicación el 25 de julio de 2010, Human Rights Watch señaló hoy.

Los primeros informes de los medios sugieren que alrededor de 90,000 documentos filtrados contienen casos de civiles muertos y heridos en operaciones de combate que nunca antes habían sido reconocidos públicamente por las fuerzas armadas de EE.UU. y la OTAN. El análisis preliminar de Human Rights Watch de los datos de incidentes que la organización investigó anteriormente indica que EE.UU. subestimó en sus informes las víctimas civiles que murieron como consecuencia de las acciones tanto de sus fuerzas militares como las de la OTAN, debido a información errónea en los informes inmediatos, y que se demoró mucho en corregir dicha información.

“Los documentos filtrados demuestran que los representantes de EE.UU. y la OTAN no deberían depender de los informes iniciales de víctimas civiles”, dijo Rachel Reid, investigadora sobre Afganistán para Human Rights Watch. “Un compromiso para investigar las muertes de civiles sólo es significativo si los errores iniciales que se cometieron en el campo de batalla son corregidos y no se convierten en parte del informe oficial”.

Los documentos filtrados que involucran incidentes examinados por Human Rights Watch en Afganistán muestran cómo las inexactitudes en la recopilación de información de las fuerzas militares afectaron su recuento público de las bajas civiles. Representantes de EE.UU. y la ONU podrían haber recurrido a esta clase de informes inmediatos incluidos en los documentos filtrados (reportes redactados en el campo de batalla por comandantes de bajo rango) para evitar tener que hacer un recuento más preciso de las víctimas civiles. En agosto de 2008, tras un ataque aéreo en Azizaba, en la provincia de Herat, fuerzas armadas de EE.UU. y la OTAN informaron en un principio que sólo habían muerto entre cinco y siete civiles, una cifra que fue incluida en los informes inmediatos que figuran entre los documentos filtrados. Tanto EE.UU. como la OTAN rechazaron públicamente investigaciones independientes llevadas a cabo por las Naciones Unidas, el Gobierno de Afganistán y la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos (AIHRC, por sus siglas en inglés), que concluyeron que entre 78 y 92 civiles habían perdido la vida en Azizabad, la mayoría mujeres y niños. Sólo después de estas investigaciones, EE.UU. revisó su estimado inicial para decir que habían muerto 33 civiles, lo que Human Rights Watch sigue considerando una subestimación.

En Azizabad, las fuerzas de EE.UU. también habían informado que los ataques aéreos habían matado a un objetivo militar, un comandante talibán llamado Mullah Sadiq. Sin embargo, el análisis de Human Rights Watch de los documentos filtrados encontró varias referencias a un comandante talibán llamado Mullah Sadiq que operó en la región en los meses posteriores al ataque, incluyendo octubre, noviembre y diciembre de 2008. Human Rights Watch ya había exhortado al secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, a que publicara los hallazgos de la investigación clasificada de este incidente, incluyendo lo que se sabía sobre el paradero de Mullah Sadiq.

“La información filtrada pone nuevamente de manifiesto la tragedia del bombardeo de Azizabad pero expone que muchas preguntas siguen sin respuesta”, señaló Reid. “La necesidad de que este incidente y otros parecidos sean investigados es evidente”.

En otro episodio, los informes militares inmediatos del Ejército de EE.UU. aseguraron que durante el intercambio de fuego y el sostenido bombardeo por aire en Bala Baluk, en la provincia de Farah, en mayo de 2009, los civiles sólo salieron heridos. De nuevo, los comunicados públicos preliminares de EE.UU. sobre el incidente minimizaron la cantidad de víctimas civiles y posteriormente desestimaron los informes de las Naciones Unidas y la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos de que habían muerto 80 civiles. Los investigadores de EE.UU. tardaron varias semanas en admitir que era posible que hubieran perdido la vida más de 26 personas.

En respuesta a la creciente preocupación por las bajas civiles, las tropas del Ejército de EE.UU. y la OTAN anunciaron en septiembre de 2008, diciembre de 2008, julio de 2009 y enero de 2010, una serie de cambios en las directrices operacionales, incluyendo las “directivas tácticas” para las fuerzas en el campo de batalla. Human Rights Watch recibió con beneplácito estas modificaciones, que con el objetivo de reducir el número de víctimas civiles fijan estándares más altos para el uso de ataques aéreos y las denominadas incursiones nocturnas, exigen investigaciones transparentes e inmediatas cuando hay heridos civiles y evitan que los comunicados a la prensa nieguen las muertes de civiles antes de las investigaciones. Las directivas parecen haberse traducido en una modesta reducción en el número de víctimas civiles causadas por bombardeos aéreos en 2009 y 2010, aunque siguen ocurriendo significativas muertes civiles por los ataques aéreos, y el uso de incursiones nocturnas ha subido con la llegada de nuevas tropas.

EE.UU. y la OTAN han sugerido que las preocupaciones planteadas en los documentos filtrados, que se remontan a diciembre de 2009, han sido solucionadas por los recientes cambios operativos. Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que las fuerzas de EE.UU. siguen desobedeciendo, en algunos casos, las directrices de septiembre de 2008 que establecen que se debe abrir una investigación transparente en el caso de incidentes que incluyen víctimas civiles. Human Rights Watch investigó un caso de una muerte civil en mayo de 2010 en Nangarhar, una provincia en el este de Afganistán, en el que fallecieron nueve civiles durante una incursión nocturna por las tropas estadounidenses. Hasta ahora, EE.UU. no ha abierto ninguna investigación sobre el caso y rechaza las afirmaciones de las familias y el Gobierno afgano de que hubo víctimas civiles. Dos hombres fueron detenidos durante cinco días después de la incursión, pero fueron puestos en libertad sin haber sido interrogados. El vocero de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Afganistán, el coronel Wayne Shanks, le dijo a Human Rights Watch el 26 de julio que un subcomandante talibán llamado Mullah Shamsuddin resultó muerto en la ofensiva. El general Mohammad Mirza Yarmand, director del Departamento de Inteligencia Criminal del Ministerio del Interior afgano y quien lideró la investigación gubernamental, le contó a Human Rights Watch lo que previamente ya habían dicho los residentes locales: que las tropas estadounidenses probablemente confundieron a Mullah Shamsuddin con un estudiante llamado Shamsurrahman que murió en la incursión. Human Rights Watch urgió a las fuerzas armadas de EE.UU. que llevara a cabo una inmediata y exhaustiva investigación del incidente.

“Ignorar las protestas de las familias de los fallecidos y el Gobierno afgano sólo incrementa la indignación que sienten los afganos cuando mueren civiles”, dijo Reid. “El Ejército de EE.UU. debería investigar los incidentes en que se producen bajas civiles y, en caso de cualquier violación, debería hacer rendir cuentas a los culpables”.

La información filtrada también pone en evidencia que una gran cantidad de muertes civiles fueron causadas por los talibanes y otros grupos insurgentes. Varias investigaciones de las Naciones Unidas revelan que en 2009, “elementos antigubernamentales” fueron culpables las muertes de dos tercios de los civiles fallecidos, unos 1,630 de un total de 2,412. Human Rights Watch lleva criticando a los talibanes y otros grupos insurgentes desde hace tiempo por llevar a cabo ataques intencionales e indiscriminados contra civiles y utilizándolos como escudos humanos en la violación de las leyes de la guerra.