Veinte por ciento de los delegados de la Jirga de la Paz (asamblea de carácter consultivo) en junio de 2010 eran mujeres, incluyendo la parlamentaria Shinkai Karokhail (en la foto), pero muchas sintieron que tenían pocas oportunidades de expresar sus preocupaciones.

© 2010 Leslie Knott

(Kabul) - Los continuos ataques de los talibanes contra las mujeres muestra por qué los derechos de la mujer deberían ser una prioridad en cualquier acuerdo político con las fuerzas insurgentes, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno afgano y sus socios internacionales han pasado por alto la necesidad de proteger a las mujeres en losprogramas para reintegrar a los insurgentes y no han garantizado que los derechos de la mujer sean incluidos en las posibles conversaciones con los talibanes, señaló Human Rights Watch.

El informe de 65 páginas, "The ‘Ten-Dollar Talib' and Women's Rights: Afghan Women and the Risks of Reintegration and Reconciliation", ("El ‘talibán de diez dólares' y los derechos de la mujer: Las mujeres afganas y los riesgos de la reintegración y reconciliación), documenta los posibles desafíos que los futuros acuerdos del Gobierno con la insurgencia pueden representar para los derechos de las mujeres. El informe describe cómo en áreas controladas por los talibanes las mujeres son a menudo víctimas de amenazas, intimidación y violencia. La educación de las niñas es un blanco de ataque y las líderes políticas y activistas son atacadas y ejecutadas con impunidad.

"Las mujeres afganas no deberían tener que renunciar a sus derechos para que el Gobierno pueda llegar a un acuerdo con los talibanes", dijo Tom Malinowski, director en Washington para Human Rights Watch. "Se trataría de una trágica traición si de repente se les arrebatara a las mujeres y las niñas los progresos que han logrado a lo largo de los últimos nueve años".

En las áreas bajo su control o influencia, los talibanes han amenazado y atacado a mujeres que juegan un rol público en la sociedad y a mujeres comunes que trabajan fuera del hogar. Una modalidad habitual de amenaza es la "carta nocturna", una nota que a menudo los insurgentes dejan en una casa o escuela.

Una funcionaria gubernamental renunció a su trabajo tras recibir esta carta en febrero de 2010: "Nosotros los talibanes te exhortamos a que dejes de trabajar para el Gobierno o si no tendremos que quitarte la vida. Te mataremos de una forma tan brutal que ninguna mujer hasta ahora ha sido ejecutada de esta manera. Será una buena lección para las mujeres que como tú trabajan".

Hossai, una joven de 22 años que trabajaba para una compañía estadounidense de desarrollo, recibió amenazas similares por teléfono, pero decidió no abandonar su empleo. En abril, un grupo no identificado de sicarios la mató a tiros cuando salía de la oficina. Poco después, otra mujer recibió una carta nocturna que decía que ella sería la siguiente: "De la misma manera en que ayer matamos a Hossai, cuyo nombre figuraba en nuestra lista, tu nombre y el de otras mujeres también están en nuestra lista".

Los talibanes y otros insurgentes a menudo se concentran en la educación de las niñas, amenazando y atacando a profesoras y estudiantes femeninas. En febrero, una escuela sólo para niñas en una provincia del norte del país recibió la siguiente advertencia:

"Ya les informamos que debían cerrar la escuela y dejar de engañar a las niñas puras e inocentes bajo este Gobierno no islámico; sin embargo, no prestaron atención... Este es el último aviso para que clausuren la escuela inmediatamente... Si deciden quedarse en la provincia, recuerden que ustedes y su familias serán eliminados".

De momento, hay pocas evidencias que sugieran que el gobierno del presidente Hamid Karzai se esté tomando en serio la gravedad de estos ataques en sus programas para reintegrar a insurgentes o en sus propuestas para pasar de luchar contra los talibanes a reconciliarse con sus líderes más veteranos, denunció Human Rights Watch.

El Gobierno afgano sólo ha ofrecido débiles garantías a las mujeres de que su prioridad es proteger las libertades que han recuperado desde el derrocamiento del mandato talibán en 2001. En los últimos años, Karzai les ha fallado a las mujeres en los momentos más críticos políticamente. En marzo de 2009, por ejemplo, proclamó la discriminatoria Ley sobre el Estatuto Personal Chiita (que les niega a las mujeres chiitaslos derechos a la custodia sobre los hijos y la libertad de movimiento, entre otros derechos), y en 2008 indultó a dos violadores condenados miembros de pandillas por razones políticas.

Algunos de los partidarios internacionales de la reintegración están redescribiendo la insurgencia como un movimiento principalmente no-ideológico perpetrado por "talibanes de 10 dólares", aquellos que se convierten en insurgentes sólo por el dinero. La Organización de las Naciones Unidas y la OTAN, además de varios donantes de alto perfil, están respaldando con fuerza los programas de reintegración, cuya implementación estará financiada en gran parte por ellos. Su apoyo a la reconciliación con los talibanes es más limitado.

Pese a las promesas de los socios internacionales de Afganistán de promocionar los derechos de la mujer, a Human Rights Watch le sigue preocupando la posibilidad de que, también ellos, sacrifiquen los derechos de las mujeres como parte de una estrategia de salida de Afganistán. Por ejemplo, pese a que el Gobierno afgano ha asegurado que los insurgentes que se reintegren o reconcilien con el Gobierno tendrán que jurar la Constitución afgana, que contempla la igualdad de derechos para las mujeres, no existe ningún mecanismo que garantice su cumplimiento.

Las entrevistas de Human Rights Watch muestran que existen opiniones diferentes entre los afganos y los actores internacionales sobre si será posible ofrecerles garantías específicas a los derechos de las mujeres en la educación, trabajo y participación en la vida política.

Los gobiernos que contribuyen con donaciones al desarrollo de Afganistán "recalcan merecidamente el liderazgo de Afganistán en estos procesos", apunta Malinowski. "Pero eso no significa que tengan que financiar acuerdos afganos que pongan en peligro a las mujeres".

El Gobierno de Afganistán ha tratado de ganarse a facciones de la oposición ofreciéndoles inmunidad por crímenes de guerra y otras serias violaciones al derecho internacional. Pero la justicia y la responsabilidad por delitos graves deberían estar en el núcleo de cualquier proceso de reconciliación con los talibanes y otros insurgentes, recomendó Human Rights Watch. Eso requiere llevar a funcionarios actuales ante la justicia por crímenes serios, además de una supervisión más estricta de los candidatos a puestos públicos y nombramientos políticos.

El informe esboza las condiciones que deberían ser incluidas en cualquier proceso de reintegración ynegociación o de reconciliación para garantizar los derechos de la mujer. Los derechos de las mujeres a trabajar, a recibir una educación, a participar en la vida política deberían estar explícitamente protegidos, dijo Human Rights Watch. Las personas con un historial de serios abusos contra las mujeres y niñas deberían ser apartadas del poder. Las mujeres en puestos de liderazgo deberían estar completamente involucradas en el proceso de toma de decisiones tanto para la reintegración como la reconciliación, dado que son ellas mismas las mejores garantes de sus derechos.

"Las mujeres afganas están pagando un precio muy alto en este conflicto y nadie quiere la paz más que ellas", dijo Malinowski. "Pero sus derechos no deben ser comprometidos a cambio de acuerdos precipitados. Puede haber paz con justicia".